El Pleno del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), que se ha reunido hoy de nuevo con carácter de urgencia para abordar la huelga indefinida de los Letrados de la Administración de Justicia (LAJs), ha mostrado su «profunda preocupación» por los «graves perjuicios» que este conflicto está produciendo en el derecho a la tutela judicial efectiva de toda la ciudadanía.
El Pleno del CGAE está integrado por la presidencia, los 83 decanos de los Colegios de la Abogacía, 12 consejeros electivos entre abogados de reconocido prestigio, los presidentes de los Consejos Autonómicos de Colegios de la Abogacía, quien ostente la presidencia de la Mutualidad General de la Abogacía y, con voz y sin voto, la presidencia de la Confederación Española de la Abogacía Joven.
Destaca que la huelga, que dura ya más de ocho semanas, está generando una situación «insostenible» para el servicio público de justicia y, consiguientemente, un «irreparable perjuicio a decenas de miles de personas».
Por ello, los decanos de los 83 Colegios de la Abogacía y el resto de miembros del Pleno exigen a las partes en conflicto que «intensifiquen al máximo el proceso de negociación para alcanzar un acuerdo de forma inmediata, que permita reactivar con la mayor celeridad un servicio público esencial para la ciudadanía».
La Abogacía señala que a estos efectos es fundamental establecer un calendario acelerado y continuado de negociaciones encaminado a conseguir, lo antes posible, el acuerdo.
«La prolongación de este grave conflicto muestra una vez más que es imprescindible avanzar en la cultura del acuerdo», agrega.
El Pleno del CGAE manifiesta que mientras se alcanza este necesario acuerdo, «es fundamental que se cumplan de un modo efectivo los servicios mínimos por parte de los LAJS, atendiendo a consideraciones de pura humanidad en aquellas tramitaciones y actuaciones urgentes que afectan de un modo especialmente grave a la ciudadanía».
Para ello, indica que es también fundamental que el Ministerio de Justicia lleve a cabo una «efectiva supervisión del cumplimiento de los servicios mínimos, informando públicamente con regularidad, y adoptando las medidas oportunas en aquellos casos en que se incumplan».
Del mismo modo, reclama que los LAJs apliquen criterios homogéneos en las notificaciones de suspensión de señalamientos, con una antelación suficiente y, por tanto, nunca inferior a 48 horas.
«Esta es la única manera de conciliar mínimamente su ejercicio del derecho de huelga con el resto de derechos de la propia ciudadanía, y evitar así que se produzcan aún más gravámenes de los que este conflicto está creando ya a aquella y a todos los profesionales que formamos parte del servicio público de justicia», declara.
PLAN DE RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO DE JUSTICIA
Por último, afirma que es fundamental que el Ministerio de Justicia, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado (FGE), las Comunidades Autónomas con competencia transferidas, la Abogacía y la Procura preparen de forma proactiva un plan de recuperación de la actividad del servicio público de justicia, para su despliegue inmediato tras la resolución de la huelga, a los efectos de recuperar los plazos de resolución previos a esta.
Asimismo, sostiene que deberá establecerse un sistema escalonado de notificaciones, para evitar vulnerar el derecho de defensa de la ciudadanía, y hace hincapié en que han de evitarse medidas que en el pasado se han mostrado «absolutamente ineficaces e inútiles» como la habilitación de periodos inhábiles.
