El Anteproyecto de Ley de acciones de representación para la protección de los intereses colectivos de los consumidores -lo que será la futura ley de demandas colectivas de los consumidores- puede generar indefensión entre los consumidores y usuarios, especialmente entre las personas más vulnerables, porque restringe y limita la actuación del Ministerio Fiscal en este tipo de casos.
Así lo afirma el informe elaborado por el Consejo Fiscal que considera que la Fiscalía debe estar legitimada para intervenir siempre en este tipo de acciones y no cuando el juez lo considere oportuno, según el Anteproyecto de Ley.
El Ministerio Fiscal debe estar legitimado para intervenir siempre en este tipo de acciones.
Esta iniciativa legislativa es la transposición de la Directiva 2020/1828 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2020.
El espíritu de esta Directiva es que los 27 estados miembros de Unión Europea cuenten con un mecanismo de tutela colectiva a instancia de las entidades legalmente
habilitadas para la salvaguarda de los intereses de aquellas.
El Anteproyecto modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil añadiendo un nuevo procedimiento que regula las acciones de cesación y las resarcitorias que pueden afectar a una pluralidad de personas consumidoras y usuarias.
Por otra parte, se ha aprobado también el Informe sobre el Proyecto de Real Decreto por el que se desarrolla reglamentariamente la composición y funcionamiento de la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual.
El Anteproyecto busca actualizar la regulación del desarrollo reglamentario existente de esta Sección, mediante una nueva reglamentación de su funcionamiento y una regulación del procedimiento de actuación de la mencionada sección, que dote al mismo de mayor seguridad jurídica.
