El secretario general de la Administración de Justicia, Manuel Olmedo, dicto ayer la Circular 2/2023, dirigida a los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) para evitar que procuradores y abogados reciban una avalancha de notificaciones telemáticas tras la huelga de dos meses que tuvo su fin ayer tras la firma de un acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y el Comité de Huelga.
De acuerdo con esta Circular, el sistema ha sido preparado para impedir que «se supere en más de un cincuenta por ciento al día el volumen de salida ordinario de actos de comunicación y, si técnicamente no fuera posible, los responsables del envío adoptaran las medidas necesarias a tal fin, repartiendo de forma gradual el exceso acumulado en remisiones consecutivas durante los cinco días posteriores al periodo de inhabilidad».
Esto ocurrirá así en territorio Ministerio, las Comunidades Autónomas de Castilla-La Mancha, Castilla-León, Baleares, Extremadura y Murcia, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo –además de dos de las Comunidades con competencias transferidas, Asturias y La Rioja–, donde el sistema de gestión procesal Minerva se ocupará de llevar el control para evitar que se supere la cuota establecida reglamentaria.
En el resto de las 10 Comunidades Autónomas, donde se han transferido las competencias de Justicia –Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Cataluña, Galicia, Madrid, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana– el control podrá instaurarse en los respectivos sistemas de gestión procesal y de no hacerse así, deberá realizarse manualmente.
