Jesús Remón, socio presidente de Uría Menéndez, es uno de los prestigiosos juristas encargados de liderar uno de los cuatro ejes temáticos en torno a los que girará el XIII Congreso de la Abogacía.
Concretamente está al frente de la ponencia sobre la defensa de derechos y libertades hoy (a la que se puede acceder aquí).
Remón está convencido de que” el carácter deliberativo del Congreso y la posibilidad de hacer comunicaciones a las ponencias servirá para tomar el pulso de las cuestiones que realmente preocupan a la profesión”. Y por eso invita a todos los profesionales a presentar comunicaciones, aportando su experiencia y preocupaciones.
¿Cuál cree que es la importancia de celebrar estos Congresos Nacionales de la Abogacía?
Los abogados, como el Derecho, debemos dar respuestas eficaces a las necesidades de una sociedad en acelerado cambio, que debe enfrentar nuevos problemas en un marco cada vez más globalizado y diverso.
Esas transformaciones definen nuevos retos a los que los abogados debemos adaptarnos.
El Congreso es una oportunidad para la reflexión y la deliberación y, como establece el Estatuto General, sus conclusiones deben orientar la actuación de la abogacía institucional para impulsar iniciativas normativas y completar los criterios orientadores de la actuación de los Colegios.
¿Qué temas le gustaría que se desarrollaran en las comunicaciones?
Las cuestiones que se someterán a las sesiones deliberativas son del máximo interés: la defensa de los derechos y libertades; la deontología profesional; los nuevos modelos de prestación de servicios; y la especialización y formación continua.
En relación con el derecho de defensa creo que hay gran cantidad de temas de interés para las comunicaciones, como el ámbito y alcance del secreto profesional para extenderlo de forma explícita al abogado de empresa, el amparo colegial, la garantía de secreto de las comunicaciones abogado-cliente o la justicia gratuita.
¿Por qué era necesaria una Ley de Derecho de Defensa? ¿Cómo va a mejorar el ejercicio de la abogacía?
La garantía de la efectividad del derecho de defensa es un indicador clave de la calidad institucional en un Estado de Derecho. Contar con un marco regulador completo, que recoja esos desarrollos y aporte soluciones a los nuevos problemas que vamos enfrentando, favorecerá la seguridad jurídica y fortalecerá las garantías exigibles para la efectividad de la defensa.
Y el marco de este desarrollo debe ser siempre el pleno respeto a las instituciones y, muy en particular, al Poder Judicial.
Hay cuestiones como el secreto profesional del abogado de empresa, la garantía de las comunicaciones abogado-cliente, el amparo colegial o la protección de los ciudadanos frente al intrusismo profesional que deben merecer la atención del legislador democrático para asegurar decisiones iguales ante situaciones iguales.
Estas cuestiones deberían, a mi juicio, ser abordadas por la Ley con el necesario detalle.
¿Cree qué hace falta reformar la ley de asistencia jurídica gratuita?
La encuesta realizada para XVI Observatorio de la Justicia Gratuita en España arroja un resultado muy positivo sobre la valoración del turno de oficio: el 82 % de los usuarios lo evalúan positivamente.
Pero la ley reguladora, que es de 1996, precisa de actualización para que se reconozca y retribuya todo el trabajo que realizan los casi 45.000 abogados y abogadas que trabajan en el turno.
Es asimismo conveniente examinar si cubre con garantías a las personas en situación vulnerable y seguir insistiendo en facilitar la imprescindible formación continua de los abogados que, con enorme esfuerzo y dedicación, ofrecen un servicio que, como digo, es bien apreciado por los usuarios.
