La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha participado en la I Cumbre Mundial de Mediación Empresarial, celebrada en Valladolid, donde puso en relieve las ventajas de esta herramienta de resolución de conflicto. «Es necesario pasar de la cultura del conflicto a la cultura del acuerdo» en las administraciones públicas y privadas, según la ministra, «ya que nos atañe a todos porque todos somos piezas del engranaje que construye una sociedad sana, democrática y avanzada».
Para expresar su apoyo al fomento de las prácticas de mediación en el encuentro, cuyo lema es «La cultura de la confianza y el esfuerzo», Llop también destacó que “una comunidad se define por la forma en que gestiona sus conflictos, y las soluciones que ofrezcamos deben ser igualmente dinámicas y ágiles; la elección del medio más adecuado de solución de controversias aporta calidad a la Justicia”.
El fin de este foro celebrado durante los días 25 y 26 de mayo, es reflexionar, debatir y conocer la visión de empresas y expertos de diversos sectores y países sobre la mediación aplicada a la empresa. Y según la ministra, el ámbito empresarial, exige soluciones rápidas y eficaces a los conflictos que pueden surgir entre empresas con presencia e intereses cada vez más globalizados geográficamente, especialmente por el dinamismo y la celeridad que marcan las relaciones comerciales.
Por eso, «enfocar el progreso de la litigiosidad empresarial desde una perspectiva abierta y participativa permitirá entender que, en muchas ocasiones, el diálogo y el consenso posibilitan obtener un mayor grado de satisfacción que la respuesta judicial», como explicó la titular de Justicia.
Llop se ha referido a la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, que, en su opinión, refuerza la confianza en la decisión mayoritaria de los sujetos afectados por una empresa con problemas de solvencia al reducir la intervención judicial conforme a los criterios de necesidad y proporcionalidad, dejando que las partes afectadas negocien en privado y alcancen un acuerdo sobre el plan de reestructuración.
Esta ley se limita a fijar un marco normativo para facilitar esa negociación colectiva, garantizar unas salvaguardas mínimas del proceso y del resultado de la negociación, y asegurar un equilibrio entre la protección del interés de la mayoría y una tutela adecuada de las partes afectadas disidentes, según los fines marcados por el Ministerio de Justicia, que la impulsó.
El impacto de la Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia
En palabras de Llop, el Proyecto de Ley de Eficiencia Procesal del Servicio Público de Justicia, actualmente en tramitación parlamentaria, «apuesta por medios alternativos a la vía jurisdiccional, contemplando de manera específica la mediación, la conciliación, la oferta vinculante confidencial, la opinión de experto independiente y la negociación directa entre las partes».
También ha explicado que los medios adecuados de solución de controversias (MASC) también «prevén recursos telemáticos con carácter general para la actividad negocial y permiten las mediaciones internacionales y transfronterizas», gracias a la digitalización del Servicio Público de Justicia.
La ministra también se ha descrito a los operadores jurídicos como «un elemento clave para poder desplegar» los MASC. Insistió en la necesidad de aprobar las tres leyes de eficiencia (organizativa, procesal y digital), dado que «mantienen una relación triangular dinámica como paso crucial para el desarrollo de los medios adecuados de solución de controversias.
Así, Llop ha indicado que los MASC van a ser clave al perseguir el objetivo de construir «una Justicia eficiente y ágil, pero también más humana y participativa, cercana a la ciudadanía y acorde con nuestros propios valores como sociedad».
