Los letrados de la Administración de Justicia (LAJ) han pedido una «reunión urgente» con el Ministerio de Justicia para garantizar que se ejecute la subida de 450 euros que pactaron el pasado marzo tras dos meses de huelga ante el anuncio de elecciones anticipadas.
No se fían.
El comunicado del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Unión Progresista de LAJ (UPSJ) fue publicado después de que Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, anunciara la disolución de las Cortes y una convocatoria anticipada de elecciones, que tomarán lugar el 23 de julio.
Los reales decretos de retribuciones que se encuentran actualmente en trámite «no deberían ver retrasada su aprobación definitiva por cuanto su tramitación no requiere de la intervención de las Cortes Generales», como han establecido los comunicantes.
«Al haber convocado a elecciones anticipadas, pueden cambiar muchas cosas, y queremos garantizar que no haya demoras», explica Juan José Yáñez, representante de los LAJ, añadiendo que desde este colectivo no tienen «ni motivos de sospecha ni impedimentos legales» para que se cumpla lo pactado, aunque reconoce la «presión de tiempo» para que se cumpla el acuerdo de manera efectiva en julio.
En este sentido, apunta que el Gobierno estará «en actividad electoral», si bien «sigue teniendo las facultades reglamentarias» para hacer efectivo el incremento de retribuciones. «Entendemos que no hay un problema, pero queremos oírlo de parte de ellos», apunta.
Los portavoces de la «comisión de seguimiento para la ejecución de los acuerdos alcanzados el pasado 28 de marzo de 2023 con el Comité de Huelga de los LAJ» buscan que se cumpla el acuerdo firmado el pasado marzo que incluía una subida de entre 430 y 450 euros brutos al mes, según el nivel. Estos pagos se harían en tres plazos, la primera en julio de 2023 (con carácter retroactivo al 1 de enero de 2023); la segunda se realizaría en enero de 2024 y una última, en julio de 2024.
Además de los LAJ, también las asociaciones de jueces y fiscales han firmado un acuerdo con el Ministerio que dirige Pilar Llop, en el marco de la Mesa de Retribuciones, para conseguir hasta 450 euros adicionales al mes para los 8.000 profesionales de este sector, que en total representa unos 46,7 millones de euros.
Esta cifra es casi del doble de lo que recibirá la totalidad de los 4.000 LAJ, que es de unos 22,7 millones. Los funcionarios de los Cuerpos Generales y Especiales de la Administración de Justicia también exigen un incremento en sus retribuciones y se encuentran en el segundo mes de una huelga; reclaman en total unos 200 millones de euros para casi 45.000 funcionarios.
