La titular del Juzgado de lo Social Nº5 de Málaga, María José Benito Ortega, ha declarado nulo el despido de una trabajadora china en situación irregular tras detectar que la empresa Joan Juan Grupo de Inversión Cultural S.L -que se dedica a la enseñanza- vulneró el derecho a la garantía de la indemnidad.
Como la readmisión de la trabajadora era imposible al no tener permiso legal, la jueza ha condenado a la empresa a abonarle una indemnización de 1.563 euros, otros 8.398 euros por los salarios de tramitación y una indemnización adicional por vulneración de derechos fundamentales de 7.501 euros.
La sentencia 180/2023 de 31 de mayo ha considerado probado que fue apartada de la empresa tras presentar diversas quejas por la promesa de la empresa de regularizar su situación administrativa.
Trabajaba como profesora de idiomas de lunes a sábado de forma irregular. La afectada tenía una autorización inicial para la búsqueda de empleo concedida por la Subdelegación del Gobierno con una vigencia de un año sin permiso para trabajar. Circunstancia que conocía la empresa.
Según su abogada, Sara Flores Carnacea, letrada del departamento de laboral en Rojano Vera Abogados, ha relatado a Confilegal que estuvo trabajando primero sin contrato de mayo de 2022 a septiembre de ese mismo año. Y fue en ese momento cuando le dieron el alta en la Seguridad Social a pesar de que la Oficina de Extranjería no había autorizado el permiso de trabajo.
La academia solicitó la modificación de residencia de búsqueda de empleo a residencia de trabajo por cuenta ajena inicial. Por lo que le pidió a la empleada que abonara la tasa y los honorarios de la gestoría a pesar de que, realmente, ese pago le correspondía al empresario.
La trabajadora no quería ir más hasta que no se solucionase su situación irregular
Descontenta con lo ocurrido y al ser consciente que debía abonar ella el dinero y tras descubrir que llevaba seis meses trabajando sin permiso comunicó a la gestoría que no iba a trabajar más hasta que se arreglase su permiso.
Ante esta situación decidió acudir un domingo al centro de trabajo para aclarar sus condiciones. Allí se encontraba tanto el administrador como su esposa y, tras varios insultos, la empresa, según la sentencia, decidió que en esas condiciones no se podía trabajar. Sin embargo la academia manifestó en el juicio que fue ella la que dimitió al decir que no quería trabajar más así.
Pero la jueza explicó que tan dimisión no era posible porque la intención de la empleada era la de tener un permiso y que tal frase fue dictada en un momento de estrés.
En esa discusión la empleada sufrió unas presuntas lesiones que fueron denunciadas y que actualmente están siendo investigadas en la Audiencia Provincial de Málaga, ha relatado la abogada Flores Carnacea.
Una grabación ayudó a resolver el caso
Según la letrada, cuando comenzaron a analizar el caso comprobaron que la trabajadora había efectuado diversas reclamaciones internas “que podrían dejar entrever que se estaba vulnerando el principio a la garantía de indemnidad” para evitarse posteriormente un problema con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Destacó que fue relevante para la resolución del caso que la mujer había grabado la discusión mantenida el día del despido. Esto pudo evidenciar tanto la antigüedad como que había sido despedida por insistir en regularizar su situación administrativa.
Por otro lado, la letrada ha señalado que “esta sentencia abre la veda para que aquellos trabajadores que estén en situación irregular luchen por el reconocimiento de sus derechos y peleen por hacer justicia social al declararse el pago de todos los salarios de tramitación desde el despido al ser imposible la readmisión”.
