La Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (CEPEJ) del Consejo de Europa ha adoptado una nueva herramienta diseñada para ayudar a los países a reducir los retrasos que se producen en los procesos judiciales, un problema frecuente en muchos Estados y muy perjudicial para el derecho a un juicio justo en un plazo razonable, consagrado en el artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Esta nueva hoja de ruta para los sistemas judiciales nacionales permitirá a los Estados identificar y abordar los retrasos estructurales en los procedimientos judiciales.
La noción de «atraso» se refiere a los casos pendientes en el tribunal en cuestión que no se han resuelto dentro de un plazo establecido (*). Esta acumulación de casos pendientes se deriva de diversas cuestiones, como un marco jurídico inadecuado, recursos judiciales insuficientes para tratar los casos entrantes, deficiencias en las prácticas de gestión de casos, etc.
Esta situación es problemática porque provoca retrasos sustanciales en los casos judiciales, aumenta el coste de los procedimientos judiciales, contribuye a la inseguridad jurídica y tiene un impacto negativo en la percepción pública y la confianza en los sistemas judiciales.
Con el fin de hacer frente a esta dinámica perjudicial, el CEPEJ ha creado esta herramienta.
Su principal objetivo es dar orientaciones generales sobre cómo identificar el problema en un sistema judicial determinado y proporcionar ejemplos que puedan inspirar acciones encaminadas a resolver los retrasos y prevenir las demoras procesales en los Estados miembros.
La metodología paso a paso puesta en marcha por el CEPEJ en esta herramienta se presenta en cuatro fases estratégicas:
PRIMERA FASE
Identificar las causas de los retrasos mediante un análisis cuantitativo y cualitativo, que combina datos estadísticos relacionados con los asuntos judiciales (por ejemplo, número de asuntos entrantes/resueltos/pendientes/atrasados, antigüedad de los asuntos pendientes, duración de los procedimientos, número de jueces, etc.), indicadores de eficiencia del CEPEJ (como la tasa de resolución y el tiempo de resolución) y análisis jurídicos y operativos (por ejemplo, el marco normativo y las normas de procedimiento, la disponibilidad y el uso eficaz de los recursos, las prácticas judiciales y la organización interna del trabajo de los tribunales).
SEGUNDA FASE
El desarrollo de una estrategia concreta y orientada a objetivos, que implica la definición de objetivos a diferentes niveles (a nivel de los jueces, a nivel de los tribunales, a nivel del sistema judicial en su conjunto) y la adopción de determinadas medidas correspondientes a las causas del problema identificadas en la primera fase (medidas que pueden abordar el marco legislativo, la organización de los sistemas judiciales, la formación jurídica, la asignación de recursos, la digitalización de los sistemas judiciales, la interacción con los actores de la justicia, la gestión de los tribunales y la gestión de los casos).
TERCERA FASE
Establecer un mecanismo de supervisión periódica para hacer un seguimiento del cumplimiento de los objetivos.
El seguimiento va de la mano de la aplicación de la estrategia, centrándose en la calidad, la oportunidad y la pertinencia de las diversas actividades de reducción de los atrasos para lograr los resultados deseados.
CUARTA FASE
Hay que garantizar la sostenibilidad para evitar que los retrasos se repitan en el futuro. Este último paso implica definir las directrices para el futuro funcionamiento eficaz de los sistemas judiciales basándose en las lecciones aprendidas, el análisis del flujo de casos previsto y las tendencias futuras.
Al identificar las áreas donde se forman los atrasos, comprender las causas subyacentes y proponer medidas para abordar los atrasos en los diferentes niveles de los sistemas judiciales, esta herramienta ofrece enfoques adaptables a las circunstancias específicas de un sistema judicial, en lugar de un conjunto fijo de soluciones.
Para garantizar una aplicación eficaz de esta herramienta, se recomienda aprovechar los conocimientos técnicos del CEPEJ y de sus expertos para realizar los ajustes necesarios y crear soluciones adaptadas a las necesidades específicas de un sistema judicial.
Su aplicación también requerirá una estrecha cooperación con los tribunales y las instituciones judiciales a la hora de generar, probar y aplicar soluciones a los problemas identificados tanto a nivel de sistema como a nivel local.
Sobre la base de las experiencias adquiridas en su aplicación práctica, se pretende que esta herramienta evolucione, convirtiéndose en un recurso dinámico que se actualizará en consecuencia.
