El juez Manuel García Castellón ha acordado que solo los peritos elegidos por las acusaciones personadas podrán acceder a los archivos que aportó el BBVA en la investigación sobre los trabajos del comisario jubilado José Manuel Villarejo realizó para la entidad, según el auto de la Audiencia Nacional.
El magistrado ha seguido la propuesta del Ministerio Fiscal de que las acusaciones que hayan solicitado acceder a los datos designen a un solo perito, que estos comparezcan de manera personal en el juzgado para delinear sus líneas de actuación y que especifiquen el alcance de la pericial encomendada. Así, solo podrán elaborar el informe pericial sin poder «facilitar copia del material extraído a ninguna de las partes, inclusive por las que han sido contratados».
Estos peritos deberán designar a sus técnicos para realizar la extracción de los archivos para garantizar que esta sea «correcta, que versa sobre el preciso objeto sobre el que se acordó y que no existe ninguna suerte de manipulación, alteración o distorsión en su integridad e identidad», luego de lo cual deberán aportar «la integridad de la documentación extraída al juzgado», según el juez.
Así, asegura, «se evita que toda la información que no sea estrictamente relevante como anexo al informe sea de acceso a las partes», evitando una posible filtración de los documentos que pudieran tener que ver con los «encargos» del banco a CENYT, empresa propiedad de Villarejo, por los que recibió más de 10 millones de euros.
Así, el magistrado deja claro que el análisis de los datos es necesario «a la vista de la ausencia de medios materiales y personales» de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía para estudiarlos, lo que «conllevaría para esa unidad unos perjuicios notables» luego de que esta entregara en marzo del 2021 un informe que señalaba las relaciones de directivos del banco con Villarejo.
El juez no admite que se impida el acceso a los datos
El total de los archivos disponibles alcanzan los 2,3 millones de documentos, habiendo sido seleccionados por una criba de palabras clave, concretándose recientemente la vía de transmisión después de que el banco se opusiera sin éxito a su entrega.
El BBVA argumentaba que compartir estos datos violaría el derecho a la intimidad de terceras personas que no están involucradas en la investigación, incluyendo a clientes, empleados y proveedores del banco. Apuntaba también a la posibilidad de que se tuvieran en cuenta falsos positivos y errores por coincidir varios apellidos.
A pesar de no darle la razón al banco, Castellón ha puesto en relieve la necesidad de que se protejan los derechos e intereses de las partes, por lo que establece que deben delimitarse las actuaciones de las partes en las diligencias de revisión de los archivos. En este sentido, el procedimiento «ha de acordarse en la forma en que menor injerencia causa a los derechos e intereses de los afectados, de todos los afectados».
