La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha reclamado al Ministerio de Justicia que reconsidere su decisión del pasado 16 de julio de denegar 49 de las 146 medidas de refuerzo que habían sido solicitadas por el órgano de gobierno de los jueces y cuya adopción contaba con el informe favorable del Servicio de Inspección.
Le ha hecho hoy este llamamiento “dada la urgencia y necesidad de las mismas», para garantizar un ejercicio «adecuado y eficaz» de la función jurisdiccional en los órganos judiciales concernidos, así como de evitar el «grave perjuicio» que la no aprobación de estos planes de refuerzo producirá en el servicio público de Justicia.
Además, la Comisión Permanente solicita al Departamento dirigido por Pilar Llop que motive las razones que le han llevado a autorizar económicamente unas medidas de refuerzo y a denegar otras, así como que informe de las partidas presupuestarias con las que cuenta para atender las medidas de refuerzo hasta fin del presente año.
La Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece en su artículo 216 bis.5 que “la aprobación por parte del Consejo General del Poder Judicial de cualquier medida de apoyo precisará la previa aprobación del Ministerio de Justicia, quien únicamente podrá oponerse por razones de disponibilidad presupuestaria, todo ello dentro del marco que establezca el Protocolo que anualmente suscribirán ambos a los efectos de planificar las medidas de este tipo que sea posible adoptar”.
