La CEP destaca que ninguno de los condenados entrará a prisión y que la indemnización es “testimonial”, lo que, a su juicio, es “una prueba más de que el Código Penal “fomenta la impunidad de los violentos”
Absuelto un policía para el que pedían 4 años de cárcel por una intervención: condenada la denunciante
El agente ha sufrido “un calvario” de casi tres años
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18/7/2023 06:30
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Actualizado: 17/7/2023 16:43
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El suceso tuvo lugar el 17 de octubre de 2020, sábado, Varios policías acudieron a las inmediaciones de un bar de la calle Mineros, en el distrito de Carabanchel (Madrid), porque los vecinos se quejaban de que había personas en el exterior del local gritando y molestando a las once de la noche.
Al identificar a una mujer que estaba en el acceso al bar, esta se opuso, trató de escapar y dio dos bofetadas a una agente que trataba de impedir su fuga.
El resto de personas se abalanzaron sobre los policías y protagonizaron un altercado en el que varios agentes, uno de ellos afiliado a la Confederación Española de Policía (CEP), resultaron lesionados.
“Lo que sigue es la historia de siempre. Alguien graba un vídeo de unos segundos y lo sube a las redes, ocultando los otros 30 minutos que duró el incidente. A continuación, campaña en redes sociales contra los policías, intervención de una ONG, una abogada ‘apretando’ en su petición de condena para el compañero… ”, relata a Confilegal el secretario general de la CEP, Víctor M. Vigil.
A este agente le imputaron un delito contra la integridad moral y otro leve de lesiones.
La abogada de los agresores pedía para él cuatro años de cárcel, inhabilitación especial -la expulsión de la Policía Nacional- y que pagara 40.000 euros por daños morales y 500 euros por lesiones.
El agente tiene 35 años y trabaja en la brigada provincial de seguridad ciudadana. Ha sufrido un calvario de casi tres años.
La Audiencia Provincial de Madrid (Sección Sexta) acaba de absolverle.
En cambio, la mujer que denunciaba haber sido agredida por el policía, Rusbini Ureña Canela, natural de la República Dominicana, de 24 años, ha sido condenada por un delito de atentado y dos delitos leves de lesiones.
Sus acompañantes también han sido condenados.
La sentencia, dictada el pasado 10 de julio (336/2023), la firman los magistrados Pedro Javier Rodríguez González-Palacios (presidente), Julián Abad Crespo (ponente) y María de la Almudena Álvarez Tejero.
Todavía no es firme. Contra la misma cabe recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
El caso lo ha llevado la abogada de la CEP Alicia Rodríguez Perdigones.
“Ni en el vídeo se acredita quién es la agredida y quién el agresor ni, según la sentencia, se puede hacer caso de unas grabaciones anónimas que carecen ‘del carácter de pruebas de cargo para desvirtuar la presunción de inocencia’”, explica el secretario general de este sindicato.
Además, indica que la denunciante tampoco supo decir quién le había agredido y que el agente negó tajantemente haberlo hecho.
PIDE UNA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL, PORQUE, SEGÚN AFIRMA, ACTUALMENTE “FOMENTA LA IMPUNIDAD DE LOS VIOLENTOS”
La mujer que denunciaba haber sido agredida ha sido condenada a 9 meses de cárcel por un delito de atentado a la autoridad, y por los dos delitos leves de lesiones ha sido condenada a una multa de 360 euros, 180 por cada uno. Además, tendrá que indemnizar a la agente con 50 euros y al otro policía con 500 euros.
Christian Gregory Ventura Ureña ha sido condenado por un delito de atentado a seis meses de cárcel, y por un delito leve de lesiones a una multa de 180 euros y a que indemnice al agente con 500 euros.
También ha sido condenado Eddy Mercedes Marte por un delito de atentado y un delito leve de lesiones. Por el primero se le han impuesto seis meses de prisión, y por el de lesiones, también una multa de 180 euros y que indemnice al agente con 60 euros.
“Ninguno de los condenados irá a prisión y la indemnización que deben pagar es testimonial”, subraya el secretario general de la CEP, y afirma que esto es “una prueba más de que el Código Penal fomenta la impunidad de los violentos”.
EL CEP DENUNCIA QUE LOS AGENTES ESTÁN DESPROTEGIDOS ANTE LAS AGRESIONES
“Después de casi tres años se ha hecho Justicia con este agente”, celebra la CEP.
No obstante, destaca que el “calvario” por el que ha pasado este compañero “demuestra que los policías, como suele denunciar CEP, están desprotegidos frente a las agresiones en la calle, pero también frente a la mentira y al señalamiento”, ya que hasta tres años ha tenido que estar este agente expuesto no sólo a una petición de cárcel elevada, sino a la expulsión de la carrera policial, porque en la Ley Orgánica de Régimen de Personal de la Policía Nacional se contempla ese mecanismo que el colectivo pide eliminar.
Víctor M. Vigil señala que “este tipo de situaciones son posibles si hay alguien que miente, si esa mentira la respaldan y arropan determinados colectivos -siempre dispuestos a poner un abogado para acusar a policías- y si no hay una firmeza del Ministerio Fiscal a la hora de defender la verdad”.
Para este sindicato, esta sentencia demuestra dos cosas: “Una, la importancia de una buena defensa jurídica para los policías, como la que proporciona CEP a sus afiliados; y dos, la urgente necesidad de reforzar la seguridad jurídica de los policías nacionales para que no estén tan desprotegidos a la hora de hacer su trabajo”.
LA CEP ADVIERTE DEL ALARMANTE AUMENTO DE LAS AGRESIONES A AGENTES: MÁS DE 12.840 EN 2022 Y PLANTEA 10 MEDIDAS
Según informa la Confederación Española de Policía, en 2022 se alcanzó la cifra más alta de atentados contra agente de la autoridad conocida en los últimos quince años: 12.843 infracciones penales de este tipo contra policías nacionales (9.239) y guardias civiles (3.604).
Una cifra que supone una media de 35 ataques diarios contra profesionales de la seguridad pública y un incremento del 7,63% respecto a la estadística oficial de 2021.
En la CEP han lanzado una campaña denominada ‘Tiene delito’ para denunciar el considerable aumento de las agresiones a policías en toda España, y reclamar un compromiso legislativo de los diferentes partidos “para reforzar los instrumentos jurídicos que protegen la labor operativa de los agentes en la calle”.
Para poner fin a este problema, esta organización ha elaborado un catálogo inicial de diez medidas cuyo objetivo es reforzar la seguridad física y jurídica de los policías nacionales.
Propone el endurecimiento del castigo penal en el delito de atentado contra agente de la autoridad, la eliminación de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad en los casos más graves, la emisión de instrucciones claras desde la Fiscalía General del Estado a todas las Fiscalías Superiores, así como la reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana “para evitar que cualquier intervención policial se convierta en un tira y afloja retransmitido en redes sociales”.
También plantea la eliminación de la expulsión de la Policía Nacional cuando haya una condena por inhabilitación relacionada con el servicio, la contratación de un seguro de responsabilidad civil para los agentes o la potenciación del Plan de Acción Social del Cuerpo para crear programas que cubran necesidades médicas y asistenciales de los compañeros heridos en acto de servicio.
Desde la CEP hacen un llamamiento a los partidos políticos ante este problema. “Deben comprometerse con los policías de cara a las elecciones generales del 23 de julio, porque si quienes nos protegen no se sienten protegidos, ¿quién lo está, entonces?”, indica.
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