El Boletín Oficial del Estado ha publicado este martes 1 de julio la restitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, que había sido cesado por pérdida de confianza como jefe de la Comandancia de la Benemérita en Madrid por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
Esta restitución «con efectos de 7 de marzo de 2018, con el abono de las diferencias retributivas que correspondan» responde a la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 28 de marzo, que dio la razón a Pérez de los Cobos, confirmando la sentencia de 31 de marzo de 2021 del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 8 de la Audiencia Nacional, que declaró que el cese del coronel fue «ilegal» al entender que la motivación no era «real» o, como poco, no se ajustaba «a la realidad».
El boletín expone la resolución firmada el pasado 27 de julio por el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez Ruiz, en la que se destina a Pérez de los Cobos para el mando de la Comandancia de Madrid, en Tres Cantos. Interior tenía un plazo de dos meses para ejecutar la restitución de Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid, pero fuentes del caso señalaron demoras a razón de que el fallo se notificó de forma efectiva al Ministerio del Interior.
Pérez de los Cobos envió en junio una carta a Grande-Marlaska reclamándole que «a la mayor brevedad lleve a punto y debido efecto lo ordenado por sentencia firme, disponiéndose lo oportuno para ser restituido en su puesto y funciones sin mayor dilación».
Había sido cesado en mayo de 2020 como «directa consecuencia de no haber accedido a realizar un acto abiertamente ilegal», como hubiera ocurrido en el caso de «informar a los responsables políticos del Ministerio de Interior de una investigación sometida a la más estricta reserva», según sus alegaciones, refiriéndose a una investigación de la Comandancia de Madrid sobre la posible conexión de la manifestación feminista del 8-M y la expansión de contagios, ahora archivada.
El juez Celestino Salgado declaró «ilegal» el cese del coronel, tras lo cual la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dio la razón a la Abogacía del Estado en un primer momento; consideraba que no hubo «desviación de poder» por deberse a una pérdida de confianza. Lo contrario, adujo, supondría eliminar la posibilidad de destituir del cargo de libre designación a un oficial.
Tras conocerse el fallo del Supremo, Grande-Marlaska aseguró que se iba a cumplir la sentencia, aunque reiteró que el cese estaba justificado debido a la filtración del informe del 8-M y a que Pérez de los Cobos no comunicó a sus superiores la práctica de esta diligencia, como había hecho anteriormente con otras novedades. Según él, la cúpula de Interior no tuvo interés en ningún momento de conocer «el contenido» de dicho informe.
