Las vacaciones de verano son uno de los escenarios más comunes para los intentos de varios padres de trasladar a sus hijos menores de edad a otro país sin el consentimiento del otro progenitor, así como para retenerlos en un país que no es aquel en el que residen tras un viaje, sin indicar cuándo podrán volver.
Carolina Marín Pedreño, abogada española y ‘solicitor’ en Inglaterra, alerta sobre el aumento de casos de sustracciones internacionales de menores en estas épocas.
«El derecho de las personas a circular y residir libremente dentro de la Unión Europea (UE) dificulta el control de la salida de niños sin el consentimiento del progenitor con el que no viajan en este territorio», afirma la letrada, que es directora del departamento de infancia del despacho londinense Dawson Cornwell LLP y vicepresidenta de la International Academy of Family Lawyers y de la Asociación Internacional de Juristas de Familia.
Sin embargo, «dentro de la UE es evidente la formación en sustracción internacional de menores por autoridades fronterizas de algunos países, a diferencia de otros», dice Marín, recalcando que la diferencia entre la eficacia de unos países y otros está en su legislación interna.
«Hay países dentro de la UE donde las autoridades hacen preguntas directamente a los niños que en ocasiones han evitado sustracciones», subraya.
En España se registran alrededor de 350 casos de sustracción internacional de menores cada año, según datos citados por la especialista en derecho internacional de familia Flora Calvo en una entrevista con EFE.
Es una situación que se aleja de la de la mayoría de los países de América Latina, donde las autoridades fronterizas exigen el consentimiento por escrito y firmado ante notario del progenitor que no viaja con el niño o niña.
«Por eso es excepcional tener casos de traslados ilícitos desde esta parte del mundo; siempre he tenido retenciones ilícitas desde América del Sur, es decir niños que están de vacaciones o por estudios en Inglaterra y el progenitor que los tiene bajo su cuidado no los devuelve cuando se había acordado», detalla Marín.
Según la abogada lo más común que hacen los responsables por los menores sustraídos es iniciar los trámites con la denuncia a las autoridades del país donde el niño vive o con una denuncia al juzgado por incumplimiento de una sentencia cuando existía.
«Ninguno de estos dos pasos ayuda para conseguir el retorno inmediato», subraya.
LO QUE HAY QUE HACER CUANDO SE PRODUCE UNA SUSTRACCIÓN
En vez de eso, lo más recomendable es comunicarse primero con «la Autoridad Central del país donde reside el niño», consultar a un abogado del país donde este ha sido retenido y no tomar ningún paso en el país donde el niño tiene su residencia, dada la importancia de analizar cómo se interpretaría cualquier acción que se tome en cada uno de los países involucrados.
Marín señala que «cuando el progenitor que ha sustraído alega que el juez debería de ordenar el no retorno del menor porque existe un grave riesgo de que la restitución lo exponga a un peligro físico o psíquico o a cualquier situación intolerable, uno de los ejemplos de este riesgo suele ser la existencia de una denuncia y la posibilidad de procedimientos penales que podrían concluir con una separación del niño de su cuidador principal o incluso con el arresto del progenitor al llegar al país delante del niño».
«En muchas jurisdicciones la existencia de esta denuncia es prueba de la existencia de grave riesgo; es normal en Inglaterra, por ejemplo, pedir que como medida de protección para poder garantizar una orden de retorno que cualquier denuncia sea retirada, trámite que retrasa el retorno», dice la abogada.
EL EFECTO BREXIT REDUCE A LA MITAD LAS SUSTRACCIONES
El Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ha tenido un efecto curioso para los profesionales del derecho dedicados a estos casos: el número de sustracción de países de la UE ha decrecido significativamente en el territorio, donde suelen tratar «unos 300 casos anuales solo de niños sustraído a Inglaterra y Gales».
«Nuestra Autoridad Central aún no ha publicado sus estadísticas anuales sobre el número de casos tramitados, pero a los abogados que somos asignados para representar a padres nos han anticipado que estaríamos ante una reducción de la mitad de casos», concluye.
