La acusación particular la ha ejercitado el abogado de la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC) Jorge Piedrafita.
Condenado por reventar la luna a un vehículo de la Guardia Civil con una roca de 10 kilos
También ha sido sentenciado otro joven que le acompañaba y que agredió a un agente cuando los intentaba identificar
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27/9/2023 06:30
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Actualizado: 26/9/2023 22:48
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El Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca ha condenado a un joven que en las fiestas mayores de Chía (Huesca) del año pasado lanzó una roca de 10 kilos contra un vehículo de la Guardia Civil, y a otro que le acompañaba y que agredió a un agente cuando los intentaba identificar.
F.J.M.A. ha sido condenado por un delito leve de daños del artículo 263.2 del Código Penal a una multa de 400 euros, y tendrá que indemnizar a la Benemérita con 432,82 euros, más el interés legal previsto en el artículo 576 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Al otro joven, J.A.G.M., por un delito de resistencia del artículo 556 del Código Penal, se le ha impuesto una multa de 1.800 euros.
En cambio, ha sido absuelto del delito leve de daños del que también estaba acusado.
La sentencia, dictada el pasado 18 de septiembre, la firma el magistrado-juez titular del Juzgado, Ángel Manuel de Pedro Tomás.
Los condenados tendrán que pagar las costas del proceso, incluidas las de la acusación particular y la Abogacía del Estado.
El 60% J.A.G.M. y el 40% F.J.M.A.
La resolución todavía no es firme. Contra la misma cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Huesca.
Los agentes han estado asistidos por el abogado Jorge Piedrafita, en representación de la asociación Independientes de la Guardia Civil (IGC).
LOS HECHOS PROBADOS
Los hechos ocurrieron sobre las 3:50 horas del 29 de mayo de 2022.
El magistrado declara probado que F.J.M.A., con ánimo de menoscabar bienes públicos, lanzó una piedra de grandes dimensiones (26cm x 15cm x 15cm, y un peso aproximado de 10 kilos, sobre la luna de un vehículo oficial de la Guardia Civil, marca Nissan X-Trail, que estaba estacionado en la Puerta del Ayuntamiento.
Si bien F.J.M.A. estaba en compañía de J.A.G.M., no se ha acreditado que ambos actuaron conjunta y de común acuerdo.
La reparación del parabrisas delantero (materiales, mano de obra y kit de pegado) está valorada en 432,82 euros (357,70 + 21 % IVA).
Tras un periodo de búsqueda, en el que participaron parte de los vecinos del pueblo, se localizó una furgoneta estacionada en la parte trasera de la Iglesia.
Ambos acusados fueron identificados en el acto por un vecino.
Entonces, los agentes requirieron a los dos ocupantes de la furgoneta para que salieran del vehículo. F.J.M.A. lo hizo voluntariamente, comunicándole uno de los guardias civiles personados que estaba detenido por un delito de daños.
J.A.G.M. “tardó en salir de la furgoneta, haciendo caso omiso a los requerimiento” de otro agente.
Una vez que lo hizo, “se negó a identificarse, y obstaculizó la labor policial, haciendo aspavientos con las manos, dando manotazos, alguno de los cuales alcanzaron al referido agente; e intentando marcharse y quitarse de encima al agente que intentaba proceder a su detención”.
Los agentes estaban uniformados y el vehículo era el característico del Cuerpo, con rotativos azules, franjas verdes, bandera española, y el logotipo del Instituto armado.
LA ACUSACIÓN PARTICULAR CONSIDERA INSUFICIENTE LA CONDENA POR DAÑOS
El abogado Jorge Piedrafita considera que la condena por delito leve de daños con 400 euros de multa, seis meses por resistencia a la autoridad de seis meses, el abono de los daños del vehículo y las costas procesales “es insuficiente en base a los hechos probados”, según ha declarado a Confilegal.
Por ello, estudia presentar un recurso de apelación para incrementar la condena, tanto en extensión como en la inclusión del delito de atentado, y que tenga “un verdadero efecto disuasivo”.
“Para evitar que parezca que existe patente de corso en las continuas agresiones a los agentes policiales y salga gratis agredir a los servidores públicos que velan por la seguridad de la ciudadanía”, declara.
La IGC hace hincapié en que es necesario que las autoridades competentes articulen de forma urgente cuantas medidas sean necesarias para que se reconozca a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como profesión de riesgo, ya que este tipo de agresiones se vienen produciendo de forma recurrente a lo largo de todo el territorio nacional.
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