La celebración de este Pleno extraordinario depende de la decisión del presidente en funciones, Vicente Guilarte. Como muy pronto, podría ser el lunes por la tarde. Foto: CGPJ.
Ocho vocales del CGPJ afirman que la ley de Amnistía que impulsa Sánchez convierte a la Justicia en una quimera
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01/11/2023 15:30
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Actualizado: 02/11/2023 16:42
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«La enormidad de las consecuencias de lo que se ha anunciado por el Presidente del Gobierno en funciones es que convierte la independencia de los tribunales y la seguridad jurídica, la justicia en suma, en una quimera«, afirma la propuesta de declaración institucional que 8 vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han redactado para que se debata en un próximo Pleno extraordinario y se posicione contra el plan de Pedro Sánchez para obtener los 7 votos del partido independentista Junts, cuyo líder es el prófugo Carles Puigdemont, y así poder prolongarse al frente del Gobierno una nueva legislatura.
La ley de amnistía «violenta la independencia de los tribunales en su aspecto más básico: si la independencia es el instrumento necesario para que los tribunales puedan actuar con neutralidad y garantizar, mediante la efectividad de sus decisiones, el principio de seguridad jurídica, mal puede hablarse de independencia ni de seguridad jurídica cuando unas fuerzas políticas utilizan las leyes en su beneficio para impedir la acción de los tribunales», precisa el texto.
Los ocho vocales, todos del sector conservador, hacen uso de lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) para solicitar al presidente en funciones, Vicente Guilarte, la celebración de ese Pleno extraordinario para debatir y aprobar una declaración institucional claramente contraria a una futura ley de amnistía.
SE GENERA UNA CASTA JURÍDICAMENTE IRRESPONSABLE E IMPUNE
Para estos vocales, una ley de amnistía como la que se plantea «Supone generar una casta jurídicamente irresponsable e impune por sus delitos lo que, con no justificarse en ningún fin constitucionalmente legítimo, supone contravenir no ya el principio de responsabilidad de los poderes públicos, sino incluso el más elemental principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley que proclama el artículo 14 de la Constitución».
Y porque también supone «confundir el ‘interés de España”’con el interés del Presidente del Gobierno en funciones para evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política, ínsita en el principio básico de pluralismo político que, según el artículo 1 de nuestra Constitución, es un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico», añade.
El documento está firmado por los vocales Carmen Llombart Pérez, José Antonio Ballestero Pascual, Francisco Gerardo Martínez-Tristán, Juan Manuel Fernández Martínez, Juan Martínez Moya, José María Macías Castaño, Nuria Díaz Abad y María Ángeles Carmona Vergara, amparándose en los artículos 600.2 de la LOPJ y el artículo 35 del ROF.
NO ES COMPATIBLE CON EL ESTADO DE DERECHO
La propuesta de declaración institucional de estos vocales considera que la amnistía proyectada «no es compatible con el principio de Estado de derecho proclamado por el artículo 1 de nuestra Constitución, y ni tan siquiera con el principio de responsabilidad de los poderes públicos al que se refiere su artículo 9.3, que los responsables políticos queden exentos de responder de sus delitos ante los tribunales, cualquiera que sea la naturaleza de sus delitos, para que un aspirante a Presidente del Gobierno pueda conseguir el beneficio personal y político de impedir el gobierno de otras fuerzas políticas o, expresado por su reverso, para poder mantenerse en el gobierno».
Porque esto «supone degradar y convertir nuestro Estado de derecho en objeto de mercadeo al servicio del interés personal que pretende presentarse, desde el rechazo al pluralismo político, como el ‘interés de España’”.
LA JUSTIFICACIÓN YA HA SIDO EXPRESADA CON CLARIDAD
A los ocho vocales del CGPJ no les vale la motivación o justificación que se pretenda dar a la futura ley de amnistía, respondiendo así a la opinión expresada la pasada semana del expresidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala-
«Cualquiera que sea la justificación formal o aparente que se le quiera dar en el preámbulo de la futura ley, su motivación real ya ha quedado expresada, y más allá de la discusión sobre si realmente son constitucionalmente aceptables las amnistías para soslayar la prohibición constitucional de indultos generales, lo que en ningún caso cabe aceptar es una amnistía, y ni tan siquiera un indulto particular de los admitidos genéricamente por la Constitución, con el fundamento real expresado por el Presidente del Gobierno en funciones», dice la declaración institucional propuesta.
Esta solicitud será presentada mañana por la mañana por lo que el Pleno podría celebrarse el lunes por la tarde o el martes, lo que tiene que decidir el presidente Guilarte.
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