El nuevo biministro de Justicia y de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha fijado como prioridad principal la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante su discurso de toma de posesión en el salón principal del Palacio de Parcent, una de los tres edificios que tiene el Ministerio de Justicia en la madrileña calle de San Bernardo.
«Renovar el Consejo no es una opinión. Es una obligación. Deriva del mandato constitucional. Todos tenemos una obligación para el buen funcionamiento del poder judicial. Cinco años después hemos de hacerlo. Por respeto a los ciudadanos, a la judicatura y a la reputación internacional de nuestro país», ha manifestado.
Bolaños estuvo a punto de cerrar el acuerdo de renovación del órgano de gobierno de los jueces en noviembre del año pasado. La modificación del articulado, en el Código Penal, sobre la malversación de fondos públicos, que favorecía a los independentistas, hizo que el PP rompiera las negociaciones y se prolongara el actual estado de cosas en el que el actual CGPJ llevará, el próximo mes, un lustro sin renovarse.
Marcando esta prioridad el Gobierno pone al PP contra las cuerdas y en un dilema. Porque el Ejecutivo ha amenazado con modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para posibilitar la renovación del CGPJ con una mayoría simple, de 176 diputados en la Cámara Baja, en vez de los 212 que se precisan ahora, una mayoría cualificada que requiere la suma de los votos del PSOE y del PP.
De llevar a cabo esa modificación se posibilitaría que el reparto de los 20 vocales fuera más amplio para que las fuerzas políticas que apoyan al Gobierno, léase la izquierda radical materializada en Sumar o las fuerzas independentistas de ERC, Junts o EH Bildu tuvieran representantes en su seno. Lo que facilitaría el camino hacia la instauración de consejos del poder judicial autonómicos.
El PP se vería frente a un gran dilema. Negociar con el actual sistema –sin nada en contrapartida, como un compromiso para que en un futuro la carrera judicial elija a sus 12 vocales jueces por votación secreta y directa– o permitir que la mayoría que apoya al Gobierno cope el CGPJ.
Por otra parte, Bolaños se ha comprometido a continuar con el Plan Justicia 2030, puesto en marcha por su Juan Carlos Campo y seguido por Pilar Llop, así como a impulsar los tres proyectos de ley de eficiencia organizativa, digital y procesal que decayeron en el Congreso de los Diputados por la convocatoria de las últimas elecciones generales, así como otros proyectos
El nuevo biministro prometió «diálogo, diálogo y diálogo» con todos los operadores jurídicos «en una legislatura que será una búsqueda de la convivencia democrática dentro de la Ley y la Constitución».
La primera prueba de fuego del biministro será llegar a un acuerdo con los 45.000 funcionarios de la Administración de Justicia que reclaman una subida salarial. Es una asignatura pendiente que no depende tanto de él como de la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que es la que tiene, de verdad, la llave de la caja.
La forma con la que afronte estos desafíos y los resultados que consiga marcarán la eficacia, o no, del mandato que ahora comienza.
