La cuenta de X -antiguo Twitter- del Ministerio de Justicia que llevaba activa desde 2009 y que acumulaba más de 176.000 seguidores no volverá a informar sobre las últimas novedades en este ámbito.
El pasado 24 de noviembre comunicaron a través de un post que, a partir de ahora, todas las noticias relacionadas con Justicia se comunicarían a través del perfil @M_Presidencia. Pues hay que recordar que Félix Bolaños es el nuevo biministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia.
Sin embargo, esta decisión no ha gustado mucho a los internautas al considerar que se ha roto la separación de poderes. Algunos han calificado esta decisión del inicio de una etapa “muy oscura”, otros de “Gobierno indecente” y, también, de “despropósito e irresponsabilidad”.
Confilegal ha pedido opinión a diversos juristas para conocer de primera mano qué es lo que piensan de esta situación y conocer su opinión respecto a esta «fusión» de ministerios.
Daniel Sánchez Bernal, el abogado sevillano que lucha por los señalamientos tardíos, ha descrito esta nueva etapa de «una auténtica vergüenza» porque, además, llevan mucho tiempo advirtiendo de la agonía del sistema judicial.
Para Sánchez Bernal, «a nadie le importa lo que suceda con la Justicia» porque no vende votos. Además, considera que los problemas aumentan cada vez más y que la situación, cada vez va a peor.
«Es un fiel reflejo de lo que los operadores jurídicos venimos sufriendo y padeciendo a lo largo de estos años. Y si no que se lo pregunten a los funcionarios de Justicia que están en primera línea de batalla» que les hace sufrir ansiedad y estrés.
Por su parte, Natalia Velilla, magistrada y escritora de dos libros, no entiende muy bien el «revuelo» del cambio de cuenta de Twitter porque hay que «centrarse en la fiebre y no en el virus. El revuelo lo constituye que se agrupe en una misma persona tres ministerios. Lo llamativo es que Justicia quede sepultado en un ministerio de Presidencia y Relaciones con las Cortes».
De modo que explica que, para ella, esto es una declaración de intenciones de lo poco que le importa la Justicia al Gobierno que lo considera como una «secretaría general de un ministerio» y que la cuenta de esa red social quede englobada en la otra es normal porque «es una consecuencia natural» al haberse aglutinado.
Para Esaú Alarcón, abogado fiscalista y socio de Gibernau Asesores, «da la sensación de que la idea de Sánchez es nombrar a un valido como el Conde Duque de Olivares. La idea es superponer la figura del Presidente para que no le caigan responsabilidades, es volver a principios del siglo XX».
A ello añade que tanto en épocas de autarquía como en tiempos de república, siempre ha habido un Ministerio de Justicia. «La relación con el ejecutivo y el judicial debería ventilarse a través de un único ministerio».
Por su parte, Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador de Administrativando Abogados, para él, el hecho de que se fusionen en un único ministerio proyecta «sin lugar a dudas» una imagen contraria a lo que considera que necesita hoy día la sociedad española, como es, garantizar la separación de poderes.
El letrado resalta que, en los tiempos que corren, «sería fundamental, por institución y por la importancia que debe otorgarse a la misma, que Justicia contara con un Ministerio totalmente exclusivo para este fin. El hecho de comunicar desde un Ministerio conjunto, como así se proyectará en redes sociales, cuestiones relacionadas con Presidencia, o cuestiones relacionadas con Justicia, no dota de transparencia a la sociedad sobre la separación que debe existir entre el poder ejecutivo y el judicial».
A Rosana Pérez, vocal de la subcomisión del CGAE sobre Derechos de los Consumidores, no le parece bien que el ministerio no tenga cuenta propia en esta red social para estar informados de las cuestiones referentes a Justicia.
Dicha supresión «responde al nuevo organigrama que aglutina en una sola persona los ministerios. La separación de poderes hay que respetarla, la independencia judicial es una garantía constitucional necesaria para evitar abusos y uno de los principios básicos que garantiza el buen funcionamiento de la Administración de justicia, en definitiva, supone una garantía para los ciudadanos que hay que preservar», ha destacado.
