Audiencia Provincial Guadalajara
La Audiencia Provincial de Guadalajara se queda sin reforma energética tras el abandono del proyecto por parte de la empresa ORTHEM
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04/12/2023 06:30
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Actualizado: 04/12/2023 08:06
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La eficiencia energética se ha convertido en una de las máximas preocupaciones del Gobierno de España. Especialmente, ante la crisis energética que sacude al país este 2023.
Una preocupación que llevaba al Ministerio de Justicia a lanzar un contrato, por un valor de cerca de 30 millones de euros, para la realización de «obras para la mejora de la eficiencia energética de los edificios judiciales». Un contrato, lanzado en el pasado mes de abril que, ahora, parece haber recibido un duro varapalo.
Y es que uno de los lotes licitados, y con el contrato finalmente formalizado a favor de la empresa ORTHEM Servicios y Actuaciones Ambientales, SAU, ha acabado siendo anulado.
Así pues, este pasado 30 de noviembre, y después de casi un año desde que se presentó la licitación desde la Subsecretaría del Ministerio de Justicia, se anulaba la adjudicación del lote 6 del contrato, que suponía dejar a la Audiencia Provincial de Guadalajara sin empresa de reforma energética.
Una anulación que, tal y como informaba la Subsecretaría del ministerio de Félix Bolaños, se debía a la «renuncia del adjudicatario», que aún así, será «sancionado» por el abandono de este contrato.
La Audiencia Provincial de Guadalajara se queda sin reforma energética en 2023
«Se resuelve considerar la renuncia expresa a formalizar el contrato por parte de la empresa adjudicataria como una retirada de su oferta a los efectos del art. 150.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público y declarar, por tanto, no formalizado el contrato» destacan desde la Secretaría ante la retirada de la empresa.
Una retirada del adjudicatario que se debe, tal y como explicaba la propia empresa el pasado 25 de octubre, a que había «transcurrido el plazo legalmente establecido del contrato por causas imputables a la Administración».
Del mismo modo, ORTHEM servicios también apuntaba a que se habían producido «circunstancias sobrevenidas que impedían la ejecución del contrato, consistentes en el incremento de los costes del mismo».
Unas alegaciones de la empresa adjudicataria que se producían por el corto plazo de caducidad que el Ayuntamiento de Guadalajara había dado a la licencia municipal de obras, y por diversos trámites de prórrogas que acababan alargando las obras y aumentando su coste para la empresa. Una empresa que solicitaba la no imposición de penalidad, renunciando a la indemnización por daños y perjuicios que le correspondían.
Solicitudes que, sin embargo, no eran escuchadas por la Subsecretaría, que ha decidido «Imponer a la empresa adjudicataria ORTHEM SERVICIOS Y ACTUACIONES AMBIENTALES, S.A.U. la penalidad legalmente establecida por un importe de 24.476,61 €, correspondiente al 3% del presupuesto base de licitación, IVA excluido, contra la garantía definitiva».
Una decisión que parece provocar que, al menos de cara a este 2023, la Audiencia Provincial de Guadalajara se quede sin reforma energética de sus edificios judiciales.
La energía, un problema que también estará en 2024
Sin embargo, no será la Audiencia Provincial de Guadalajara la única que se quedará con asuntos energéticos pendientes en este 2023.
Y es que muchos son los hogares españoles que aún temen la crisis energética que lleva golpeando al país desde 2022, y que podría «resurgir» en sus bolsillos a partir del 1 de enero de 2024.
Así pues, el Gobierno de España, ante la crisis energética que se iniciaba hace casi dos años, tomaba la decisión de aplicar ciertos descuentos y ayudas sociales para ayudar a las economías españolas más desfavorecidas en esta crisis energética.
Unas medidas que, sin embargo, podrían desaparecer el próximo 31 de diciembre, tal y como solicitaba Bruselas desde el mes de mayo de este 2023. Algo que supondría un duro golpe para los hogares españoles en sus facturas de energía.
Subida de los costes que, además, se sumaría a la actual crisis de precios del país, que registra máximos históricos en la cesta de la compra o los combustibles. Una realidad que podría ahogar los bolsillos de los ciudadanos en 2024, sin tener posibilidades de hacer reformas estructurales energéticas en sus hogares. Unas reformas que, al igual que en el caso de la Audiencia Provincial de Guadalajara, tendrán que esperar para poder ser más eficientes con la energía, y más consecuentes con el medio ambiente y sus bolsillos.
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