La Comisión Nacional de Seguridad y Salud de la Carrera Judicial (CNSSCJ), que preside el vocal del Consejo General del Poder Judicial Juan Martínez Moya, propondrá a la Comisión Permanente la puesta en marcha de nuevas medidas con el fin de dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Supremo que el pasado mes de septiembre condenó al órgano de gobierno de los jueces a regular la carga de trabajo de jueces y magistrados para proteger su salud laboral.
La CNSSCJ está integrada por representantes del CGPJ así como dos miembros de cada una de las asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente).
Las propuestas de la CNSSCJ parten de las contenidas en un informe jurídico -elaborado por el Gabinete Técnico del CGPJ y analizado ayer durante la reunión- sobre el alcance y efectos de la sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo.
El citado documento señala que la resolución dictada por el alto Tribunal establece la obligación del CGPJ de regular la carga de trabajo de los integrantes de la Carrera Judicial pero no especifica ni el plazo de tiempo que dispone para ello ni la metodología ni tampoco el contenido, cuestiones que quedan en su totalidad a criterio del Consejo.
De acuerdo con el contenido del informe del CGPJ, se acordó elevar a la Comisión Permanente dos líneas de trabajo para su aprobación: de un lado, la elaboración de una guía o protocolo orientativo que contenga las pautas y recomendaciones necesarias para la elaboración por cada juez y magistrado de una “agenda saludable” y, de otro, la actualización del mapa judicial de riesgos y del sistema de alertas para garantizar un seguimiento eficaz de la situación de cada órgano judicial como medio para detectar posibles riesgos laborales.
Además, la CNSSCJ pidió a la Comisión Permanente que se establezca una hoja de ruta, con plazos de ejecución inmediata, para la adopción de las medidas destinadas a regular la carga de trabajo, interesando la adopción de medidas provisionales dirigidas a tal fin.
Guía para la elaboración de una “agenda saludable”
La naturaleza de la función judicial y respeto a la independencia judicial impiden que el CGPJ, en su condición de “empresario”, dirija instrucciones, órdenes o requerimientos a los jueces y magistrados, pues la organización del desempeño de la potestad jurisdiccional es responsabilidad exclusiva de cada juez.
En consecuencia, el establecimiento por el órgano de gobierno de los jueces de indicadores a efectos de salud laboral sólo puede entenderse como una suerte de protocolo orientativo o guía para la elaboración por cada juez y magistrado de una “agenda saludable”.
Dichos indicadores podrían combinar factores cuantitativos (por ejemplo, el número de asuntos ingresados y de resoluciones dictadas, entre otros) y factores cualitativos (como dotación de personal del órgano judicial y complejidad de los asuntos, entre otros) con el fin de fijar niveles orientativos de dedicación saludable al desempeño laboral.
En ningún caso, la superación de los niveles estándar que se establezcan en la guía podría generar efectos automáticos: es decir, no situaría automáticamente al juez en una situación de riesgo para su salud. La apreciación concreta de tal riesgo debería determinarse mediante la evaluación de circunstancias individualizadas, propias del ámbito de la salud.
Mapa judicial de riesgos y sistema de alertas
El seguimiento de la situación de cada órgano judicial para, en su caso, adoptar las medidas que se estimen necesarias es también un instrumento útil para la detección de posibles riesgos laborales.
La segunda línea de actuación propuesta ayer pasa por impulsar la actualización del mapa judicial de riesgos y alertas -cuyo desarrollo puso en marcha la Comisión Permanente en febrero de 2017- fijando los parámetros que se estimen adecuados con el fin de adaptarlo al momento y situación actual de juzgados y tribunales.
El mapa se ha elaborado mediante un contacto directo e individualizado con cada juez y magistrado con el fin de conocer la concreta situación del órgano en lo que respecta a la carga de trabajo y a circunstancias personales y/o profesionales, tanto de carácter subjetivo como objetivo, como pueden, entre otros, ser la existencia de bajas por enfermedad, maternidades, excedencias, pendencia, guardias, plantillas, dotación de medios materiales.
