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Delia León Alonso, diputada responsable del área de comunicación, Alberto García Barrenechea, decano del ICPM, y Carmen Giménez Cardona, vicedecana. Foto: Confilegal.

Alberto García Barrenechea, decano del ICPM: «No podemos aceptar, bajo ninguna circunstancia, la cita previa»

1 / 03 / 2024 14:13

Actualizado el 01 / 03 / 2024 14:39

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«Un profesional que va a hacer su trabajo no puede estar pidiendo cita previa. Si los procuradores tenemos que pedir cita previa en todos y cada uno de los juzgados para intentar impulsar los procedimientos de nuestros clientes, no tendríamos hora para pedir cita previa ni para poder asistir en función de cómo lo van fijando dichos juzgados. Es imposible», ha afirmado hoy Alberto García Barrenechea, decano del Colegio de Procuradores de Madrid (ICPM).

«Nosotros no podemos aceptar la cita previa», ha sentenciado, a continuación.

García Barrenechea ha recordado que, después de hablar con la Consejería de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid, se eliminó. «Le pasamos un listado con todos los Juzgados que tenían implantada la cita previa, así como las barricadas que habían puesto para impedir el acceso a los profesionales y se suprimió», ha subrayado.

Los procuradores de Madrid, en general, no están padeciendo la «lacra» de la cita previa que otros profesionales están sufriendo, ha explicado en una rueda de prensa para valorar los dos años de mandato al frente de esta institución.

Pero la procura de Madrid sigue alerta frente a cualquier brote que pudiera aflorar de «citas previas».

«Esperamos que en la nueva tramitación contenida en el Real Decreto-ley 6/2023 no se incluya la necesidad de que los profesionales tengan que pedir cita previa para acudir. Eso obstaculizaría nuestro trabajo de forma muy grave», ha apostillado la vicedecana del ICPM, Carmen Giménez Cardona.

UN BALANCE POSITIVO PARA EL ICPM

La Junta de Gobierno del ICPM que preside García Barrenechea, por otra parte, valora de forma muy positiva los dos años de mandato transcurridos.

«Hemos cumplido el 80 % del programa con el que fuimos a elecciones. Además, hemos cumplido otros objetivos que no estaban contemplados, como la apertura de una nueva sede por un precio muy razonable, damos clase en 15 universidades, explicando lo que es la procura y hemos bajado las cuotas», ha precisado.

El ICPM cuenta con 1.600 colegiados ejercientes y 400 no ejercientes. Conforman el 21 % de los colegiados españoles que, juntos, suman un total de 9.500, repartidos en 67 colegios por todo el territorio nacional.

Madrid es el Colegio más grande y numeroso de España. Junto con Barcelona, Sevilla y Valencia, suma el 80 % de toda la procura española.

Para el ICPM este año es muy especial porque supone la celebración del 450 aniversario de su existencia que culminarán con un acto en el Teatro Real de Madrid en el que tienen previsto entregar la Medalla de Oro «ad hoc» para el Rey Felipe VI, lo que está previsto que suceda en el acto de entrega de los diplomas a los colegiados con 25 y 50 de profesión a sus espaldas.

AGENTES DE EJECUCIÓN, UNA FIGURA QUE TIENE QUE NACER CON CONSENSO

Sobre esta figura, que viene reivindicando la procura española, García Barrenechea lo tiene claro: «En Portugal se introdujo esta figura hace cinco años y en este tiempo han aumentado en un 50 % las ejecuciones. Nosotros no queremos quitarle ninguna silla a los letrados de la Administración de Justicia. Queremos sentarnos a su lado. Queremos colaborar. Tenemos que entendernos. Si no hay consenso esto no sale porque es preciso hacer modificaciones legislativas».

La vicedecana Giménez Cardona ha recordado que actualmente hay entre 7.000 y 10.000 millones de euros sin ejecutar en los órganos judiciales.

«Nosotros podemos colaborar para que la ejecución de las sentencias sea más efectiva. Igual que los LAJ han asumido funciones que no tenían antes, ¿por qué no es posible en nuestro caso? Lo que queremos es actuar bajo el mandato del Juzgado y, específicamente, bajo el control de los LAJ. ¿Cuál es el problema? Yo no lo veo», ha subrayado.

EL PROBLEMA DE LAS TASACIONES DE COSTAS EN EL JUZGADO 101 BIS DE MADRID

García Barrenechea, por otra parte, ha avanzado que el próximo martes tiene prevista una reunión con el decano del Colegio de la Abogacía de Madrid, los jueces del Juzgado de Primera Instancia 101 bis de Madrid -el de las cláusulas abusivas– y con los LAJ para abordar el contencioso de los aranceles y las minutas.

«En ese Juzgado se ha convertido en norma la rebaja de nuestros aranceles. No pueden hacerlo. No es un elemento que ellos puedan tocar. Vienen establecidos en el decreto y son de obligado cumplimiento. No es admisible que los LAJ de ese Juzgado en concreto estén rebajando las minutas de los procurados sin ninguna justificación», ha precisado.

«Ese Juzgado es que me preocupa. En el resto, bueno, no siempre vamos a estar de acuerdo con las tasaciones que hacen los LAJ, pero son más puntuales», ha aclarado.

REFORMAS EN EL CGPE

García Barrenechea tampoco ha eludido hablar del Consejo General de Procuradores de España (CGPE) que, el próximo otoño, afronta nuevas elecciones.

«Para mí es necesario llevar a cabo varias reformas en el estatuto del Consejo. Hay que suprimir la exigencia de que para ser presidente o vicepresidente el candidato tenga que haber cumplido 8 años como decano de un colegio. Tendría que reformarse el sistema de votación y asumir alguna forma de voto ponderado. No puede ser que el voto de Madrid, que aporta el 20 % del presupuesto del Colegio, que es casi medio millón de euros, y que es la corporación más grande, tenga el mismo valor que una corporación hermana compuesta por menos de 25 procuradores», ha contado.

«Hay que confiar en el Consejo, porque lo hemos elegido los decanos a través de los plenos, pero hay que reglamentarlo de otra manera para que no todos tengamos la misma influencia. No puede ser que la influencia económica sea de una manera y la influencia de voto sea distinta. Hay que aunar esas dos cosas. Demos preponderancia a los Colegios en las facetas que puedan asumir, que no todos pueden, y busquemos un voto ponderado para favorecer a aquellos que estamos aportando más dinero. El Consejo de la Abogacía está en lo mismo», ha señalado.

El decano del ICPM ha adelantado, asimismo, que va a haber un pacto de legislatura con la Comunidad de Madrid en el que se acordarán los baremos del turno de oficio para cuatro años. «Un pacto que contemplará una subida razonable que nos de tranquilidad a nosotros y a la CAM», ha remachado.

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