El Pleno de la Abogacía Española le ha dicho públicamente al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que es «urgente e inaplazable «la actualización de los baremos del turno de oficio en denominado territorio Ministerio de Justicia».
Léase, las Comunidades Autónomas Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Murcia, Islas Baleares, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Audiencia Nacional y Tribunal Supremo.
«Instamos al Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes a atender estas demandas, que son de elemental justicia, con la inmediatez que la situación requiere», suscriben los 83 decanos que conforman el Consejo General de la Abogacía Española.
Una actualización que debe hacerse desde una triple premisa: primera, la subida debe adecuarse, cuanto menos, «a la evolución del IPC desde la última revisión, que tuvo lugar en 2018; segunda, es imprescindible que la modificación incluya intervenciones profesionales que no están remuneradas actualmente; y tercero, ambas medidas deben adaptarse de manera inmediata, sin vinculación alguna a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.
Presupuestos para 2024 que han quedado en suspenso por decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para trabajar sobre los de 2025.
El CGAE recuerda que, entre sus misiones fundamentales, se encuentran la defensa de un servicio público como la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio, que son esenciales en un Estado Social y Democrático de Derecho para garantizar el acceso a la justicia y a los derechos de los más vulnerables.
Y reconoce el compromiso demostrado por el triministerio de Bolaños con la modernización del servicio público de justicia y con el impulso de normas esenciales para la abogacía como es la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, ahora en proceso de elaboración en el Congreso de los Diputados.
