El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se comprometió ayer a que la ley del derecho de defensa vea la luz en un plazo razonable «con un respaldo amplísimo».
«Vamos a trabajar para que se convierta en derecho positivo, vea la luz y esté en el BOE pronto y espero que sea con un amplísimo consenso», dijo el ministro. Además, aseguro que «en la ponencia y en la tramitación parlamentaria de esta Ley se contará con la Abogacía”.
«Esta es una norma para los ciudadanos y también para los abogados en su vertiente de vocación de servicio público», afirmó en el acto que organizó el Consejo General de la Abogacía para hablar sobre esta futura Ley.
En el mismo intervinieron los abogados Miguel Roca i Junjent, Jesús Remón Peñalver, socio director de Uría Menéndez, Cristobal Martell y Antonio Garrigues Walker, bajo la presidencia de la máxima autoridad del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, y en el salón de actos de su sede, en el madrileño Paseo de Recoletos.
Bolaños también avanzó que van «a aprobar una nueva Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, que conviene. La abogacía y la sociedad han cambiado mucho desde 1996. Estamos en disposición, al amparo de los criterios internacionales establecidos por los tribunales europeos, podemos aprobar una nueva ley que impulsaremos desde el Gobierno».
Esta es una de las reivindicaciones que decanos de Colegios de Abogados, como el de Madrid, Eugenio Ribón, ha venido realizando para acabar con una disfiunción que afecta a los abogados del turno de oficio. En la vigente Ley de Justicia Gratuita no está contemplado que estos abogados asistan a las personas jurídicas, las empresas. Porque es anterior -de 1996– a la reforma del Código Penal de 2010, con la que se convirtieron en imputables.
Los jueces de instrucción pueden ordenar a los colegios que asignen abogados del turno para su defensa pero no existe un desarrollo legal para que cubra esta circunstancia, lo que resulta dramático cuando son macrocausas.
HABRÁ NUEVA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL
Bolaños también avanzó su intención de hacer realidad una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. El segundo proyecto, que comenzó bajo la dirección de Juan Carlos Campo, cuando era ministro, y que continuó con su sucesora, Pilar Llop, decayó con la convocatoria de las elecciones generales del pasado 23 de julio.
«No puedo pasar por un Ministerio y no hacer todas las reformas que considere que son buenas para el conjunto de las profesiones jurídicas y, sobre todo, para mi país», manifestó.
La presidenta de la Abogacía Española, Victoria Ortega, recordó que esta ley constituye un esfuerzo para seguir avanzando en derechos y libertades.
“Es una ley que cierra el círculo de garantías constitucionales, trascendental en el Estado de Derecho, que entre otras cosas, regula el secreto profesional, la libertad de expresión y la independencia y los deberes deontológicos”, subrayó.
El primero en tomar la palabra fue Miquel Roca. «Esta ley del derecho de defensa nos responsabiliza a los abogados. El derecho fabrica consensos y acerca mucho. tiene sentido. Somos capaces de entendernos a través del derecho». «Mejora la calidad de los derechos y las libertades que la Constitución reconoce a los ciudadanos».
Cristóbal Martell, por su parte, aseguró que esta ley «contribuye a fortalecer el estado de derecho».
Garrigues Walker, que fue presidente de la comisión para la elaboración del anteproyecto de ley, le recordó al ministro el gran desafío que constituyen los neuroderechos para la especie humana.
Al acto, que presentó un lleno hasta la bandera, asistieron el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, el vocal del CGPJ, Álvaro Cuesta, y una nutrida representación de los decanos de los colegios de abogados de España, como Eugenio Ribón, de Madrid, Jesus M. Sánchez, de Barcelona, Ángel Cervantes, de Toledo, Antonio Morán, de Zaragoza, Salvador González, de Málaga, o Juan Antonio Rodríguez, de La Palma, por citar algunos.
También se encontraban en la sala el presidente del Consejo General de Procuradores de España, Juan Carlos Estévez, y el presidente de Mutualidad, Enrique Sanz Fernández-Lomana.
