El comisario de Justicia, Didier Reynders, ha confirmado que la ley de amnistía quedará “inaplicada” hasta que el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) no resuelva las cuestiones prejudiciales que le planteen los tribunales nacionales. Ello “con independencia de lo que la legislación nacional establezca”, dada la primacía del derecho comunitario.
Así lo explica el comisario en respuesta a una pregunta planteada por el jefe de la delegación europea de CS, Adrián Vázquez, ante el intento del Gobierno y de sus socios independentistas de eliminar en la ley de amnistía el papel del TJUE.
“La primacía del Derecho Europeo es inapelable por mucho que Sánchez lo haya intentado todo para pasar por encima de la legislación de la Unión con tal de darle la impunidad a su ministro sin cartera Puigdemont”, ha denunciado el eurodiputado.
En su respuesta, Reynders señala que el artículo 23 del Estatuto del TJUE establece que “la resolución del órgano jurisdiccional nacional por la que somete un asunto al Tribunal de Justicia suspende el procedimiento nacional”.
Cuando un tribunal español plantee una cuestión prejudicial, como ocurrirá en el caso de la ley de amnistía, la normativa comunitaria “exige suspender el procedimiento pendiente ante el órgano jurisdiccional remitente a la espera de la respuesta del Tribunal de Justicia”, añade el comisario.
Una respuesta por carta
Reynders cita tanto legislación como jurisprudencia europea que establece la primacía del derecho comunitario por encima de lo que señalen las legislaciones nacionales, en este caso, la ley de amnistía en tramitación. Los procesos por los que se resuelven las prejudiciales se prolongan alrededor de año y medio, lo que hace imposible la vuelta de Carles Puigdemont a España amnistiado, recuerda Vázquez.
“Del principio de primacía se desprende que la exigencia del Derecho de la Unión de suspender el procedimiento nacional hasta que el Tribunal de Justicia se haya pronunciado sobre la petición de decisión prejudicial se aplica con independencia de lo que la legislación nacional establezca.
Por lo tanto, el órgano jurisdiccional nacional debe dejar inaplicada cualquier normativa nacional que no respete este principio”, agrega el comisario.
El eurodiputado liberal ha recalcado que el camino para descarrillar la ley de impunidad pasa por Europa, donde CS está dando la batalla en todas las instancias para evitar este nuevo ataque del Gobierno al Estado de Derecho.
“Lo que hemos visto hasta ahora es simplemente el preámbulo de lo que viene, porque la gran batalla para la defensa de Estado de Derecho en las instituciones europeas se inicia ahora, en cuanto la amnistía sea aprobada por el Congreso de los Diputados”, ha zanjado.
