La Fiscalía Anticorrupción se opone a la petición de indulto del expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, condenado a seis años de prisión por el caso de los ERE, y de los otros siete ex altos cargos condenados por malversación.
La Fiscalía considera que no puede reconocerse la «honestidad y honradez» de los solicitantes cuando se les condena por los delitos «más graves cometidos en el seno de la Administración Pública» y en su ejecución se evidencia «un flagrante quebranto de la probidad en el ejercicio de la función pública.
La Sección Primera de la Audiencia, en concreto, deberá pronunciarse ante el Ministerio de Justicia sobre las peticiones de ocho de los nueve exdirigentes socialistas de la Junta de Andalucía que han solicitado ser indultados de sus respectivas penas de cárcel por malversación en el mecanismo de financiación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos.
Se trata de José Antonio Griñán, condenado a seis años y un día de prisión pero cuya pena de prisión está suspendida merced al cáncer de próstata que padece y conforme al artículo 80.4 del Código Penal; el exconsejero socialista de Empleo Antonio Fernández, con una pena de siete años, once meses y un día de prisión; la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a seis años y dos días de prisión.
También del exconsejero socialista de Innovación Francisco Vallejo, condenado a siete años y un día de prisión; el exviceconsejero socialista de Empleo Agustín Barberá, condenado a siete años y un día de cárcel; el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez Román, condenado a seis años de cárcel; el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano, condenado a una pena de seis años, seis meses y un día de prisión.
Y, por último, del exconsejero socialista de Empleo y Desarrollo Tecnológico José Antonio Viera, condenado a siete años y un día de prisión, quien no obstante goza del tercer grado penitenciario por motivos sanitarios tras haber cumplido varios meses de prisión.
«NO PUEDE QUEDAR SIN RESPUESTA PUNITIVA»
Así, la Fiscalía concluye que «la conducta enjuiciada no puede quedar sin respuesta punitiva mediante la conmutación parcial de la pena privativa de libertad impuesta, pretensión que excede del carácter excepcional que configura la gracia de indulto. En este escenario, los fines retributivos, de prevención y rehabilitación de las penas no justifican, ni permiten la concesión de un indulto parcial».
Una forma de «corrupción política«, según el Supremo
Igualmente, la Fiscalía recuerda de nuevo en su escrito que la sentencia del Supremo desestimatoria de los recursos de casación de estos ocho condenados define como «corrupción política» la tipicidad de la malversación atribuida a estos exmandatarios de la Junta de Andalucía.
Y de igual manera, sostienen que al analizar la arbitrariedad de las resoluciones como elemento típico del delito de prevaricación, señala que el correcto entendimiento del delito de prevaricación administrativa sólo puede realizarse, como ha señalado la doctrina científica, desde una concepción democrática del poder público.
La corrupción política y administrativa y la desviación de poder son incompatibles con un estado democrático de derecho, en el que han de prevalecer principios como la igualdad ante la ley, el control del poder público, la imparcialidad y la corrección en la actuación administrativa.
