Opinión | ¿Responsabilidad patrimonial del ministro de Transporte por perjuicios a empresas españolas en Argentina?

Nadie está ajeno al culebrón del verano, aunque todavía no hayamos llegado a él. Los gobiernos españoles y argentinos casi se están tirando de los pelos. Lo peor es que lo están haciendo sin causa justificada, o por causas que podríamos llamarlas, de preadolescentes.

Sin embargo, sus consecuencias no son de infantes imberbes, sino que los efectos de tener poco o nulo control sobre los instintos más básicos, pueden salirle muy caros a las empresas ubicadas en territorio argentino.

Si hacemos una mínima observación de los hechos acaecidos, debemos afirmar que, en esta escalada de exabruptos, el primer actor en lanzar una ofensa injustificada fue el Ministro de Transporte y Movilidad Sostenible del gobierno español, Óscar Puente, que tuvo la “gentileza” de manifestar en público que: “hay (había) gente muy mala que había llegado a los más alto. Milei, Trump, por ejemplo, no sé si tiene(n) asesores, yo creo que no escucha mucho. Yo he visto a Milei, según lo estaba oyendo, ¿os acordáis? No sé en qué estado, previa o después de la ingesta de qué sustancias, salió a decir (…)” (sic).

Estas declaraciones las acompañaba el Sr. Ministro de gestos sonrientes y de movimientos de manos a la altura de la cabeza.

El gobierno argentino denunció públicamente las «calumnias» lanzadas contra el mandatario, y el Ministro español lejos de disculparse, se reafirmó en sus palabras, manifestando que no entendía el gran alcance que habían tenido sus palabras, señalando que se había «sobreactuado muchísimo» con este asunto.

Con posterioridad, la escalada mutua entre los máximos mandatarios ha sido conocida, llegándose a llamar a consultas sine die a la embajadora argentina en España.

La tensión lejos de rebajarse se ha intensificado, pensando más en los intereses personales de cada uno, que en los de los Estados que deben representar.

En este contexto, no se han hecho esperar manifestaciones sobre las medidas gubernativas que se iban a tomar por las declaraciones realizadas ¿qué ocurriría legalmente si en este contexto el gobierno de Milei adopta medidas que afecten directamente a los interés económicos y empresariales españoles allí asentados? O incluso a empresas que, no ubicándose allí, se vean afectadas por tener inversiones o exportaciones en aquel país.

Los ministros, en el ordenamiento jurídico español, no solo tienen el papel de políticos sujetos al mandato del Jefe del Gobierno.

Sino que también, son la cota más alta de la Administración General del Estado. Son sus órganos superiores (artículo 55 de la Ley 40/2015).

Esta consideración los somete en su actuar a no solo una responsabilidad política, sino también al instituto de la responsabilidad patrimonial, es decir, a la posibilidad de resarcir los daños extracontractuales que padezcan personas físicas o jurídicas a causa de una irregular actuación en el ejercicio de sus funciones (artículo 32.1 de la Ley 40/2015).

En este sentido, el ministro español debió entender que su cargo y por tanto, sus funciones no solo se ejercen para satisfacer un interés político sino, sobre todo, se hallan para cumplir con el interés general, para lo cual debe actuar con total objetividad (artículo 103 de la CE).

La adopción de medidas limitativas o restrictivas que pudiera adoptar el gobierno de Milei tendrían su causa eficiente en las primeras manifestaciones del Ministro donde ofendió al mandatario argentino, sin que por el mismo se llevaran a cabo con posterioridad unas disculpas expresas y justificadas.

La relación directa, excluyente y exclusiva (requisitos jurisprudenciales exigibles) entre el perjuicio económico que sufrieran las empresas españolas por las medidas que se adoptarán por el gobierno de Milei y las injustificadas y desacertadas declaraciones del Ministro de Transporte español, estarían más que acreditadas, para llevar a cabo esa reclamación patrimonial contra el mismo.

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