De acuerdo con el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la CAM, la "ley de amnistía es una forma de corrupción política". Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Entrevista | Miguel Ángel García: «La Ley de Amnistía es una enmienda a la totalidad al trabajo de magistrados y fiscales»
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28/5/2024 00:45
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Actualizado: 28/5/2024 12:39
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El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid (CAM), Miguel Ángel García Martín, es tajante sobre lo que supone la próxima aprobación de la Ley de Amnistía por parte del Gobierno y sus aliados separatistas.
«La Ley de Amnistía es una enmienda a la totalidad al trabajo de magistrados y fiscales. Y también al trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado», declara con convicción a Confilegal.
Para añadir a continuación: «Es una forma de corrupción política. Una ley que se salta a la torera la Constitución, que ha sido elaborada al dictado de quienes delinquieron, tratando de dar un golpe de estado desde Cataluña. Y que su único propósito es el de permitir a Pedro Sánchez sumar 7 votos para mantenerse en la Presidencia del Gobierno, es una aberración tanto jurídica como política».
La Comunidad de Madrid, hoy bajo la administración del PP y la Presidencia de Isabel Díaz Ayuso, es una de las 12 Comunidades Autónomas que tiene transferidas las competencias en materia de Administración de Justicia.
Léase, funcionarios –los cuerpos de Gestión Procesal, Tramitación y Auxilio Judicial–, la gestión de medios materiales y económicos y la gestión de proyectos de modernización e innovación tecnológica en la Administración de Justicia.
Es lo que el Tribunal Constitucional describió como la Administración de la Administración de Justicia.
Miguel Ángel García Martín, periodista de formación, es su máximo responsable en esta región que comprende la capital de España, junto con las competencias de Presidencia y Administración Local. Sería, lo que en términos del lenguaje de la celebérrima serie «Juego de Tronos» se denominaría la «mano del Rey». En este caso, de la presidenta Ayuso. Es su persona de máxima confianza.
De hecho el edificio que ocupa su Consejería está colindante con el de la Real Casa de Correos, en plena Puerta del Sol, sede de la Presidencia de la CAM, a apenas 25 metros del suyo, que es donde tiene lugar esta entrevista.
Ambos, Díaz Ayuso y García Martín, además, comparten la misma formación: Los dos son periodistas.
¿Esto supone una ventaja desde el punto de vista mediático, ya que, como todos sabemos, buena parte de la política es comunicación?
Este gobierno autonómico se distingue por su respeto y conocimiento del papel constitucional de los medios de comunicación y los informadores, evitando vetar a cualquier medio y respondiendo a todas las preguntas.
A diferencia de otros gobiernos y partidos, especialmente los de izquierda, que solo responden a medios afines y vetan a otros, este enfoque subraya la transparencia y el compromiso con la mejora y transformación de los servicios públicos y la vida de las personas, destacando la importancia de comunicar estos esfuerzos.
¿Se atreve a hacer un pronóstico sobre cómo va a acabar el caso del Alberto González Amador, la pareja de la presidenta? Lo digo porque lo que hay sobre la mesa son dos querellas cruzadas. Una de González Amador contra la Fiscalía y otra de la Fiscalía contra él.
Esta es una cuestión que no afecta en absoluto a la Comunidad de Madrid. Es un asunto de un particular. Sin embargo, hemos denunciado continuamente el uso de los recursos del Estado por parte del gobierno de Pedro Sánchez para atacar a esta persona con el único objetivo de desgastar a su adversario político, en este caso, la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Dado que no pueden vencerla en las urnas, intentan desgastarla personalmente.
Nunca antes en democracia se había visto un uso tan descarado de los resortes del Estado para atacar a una persona anónima de una forma tan descarada, desvelando datos que solo deberían conocer las partes implicadas y sus abogados. Están utilizando ministerios y la Fiscalía General del Estado para estos fines.
La persona afectada tiene derecho a defenderse y a la presunción de inocencia, pero también a denunciar a quienes violaron la ley al divulgar información confidencial. Esta situación está siendo investigada para determinar las posibles sanciones, ya que según el Código Penal, divulgar datos protegidos es un delito.
¿Para cuándo calcula que estará operativo el expediente electrónico en la Comunidad de Madrid?
En esta legislatura hemos dado un fuerte impulso a la digitalización, implementando el expediente electrónico en muchos servicios. Somos la única comunidad autónoma con una consejería específica de digitalización, reflejando el compromiso de la presidenta en digitalizar todos los procedimientos administrativos. Esto no se trata solo de escanear documentos en papel, sino de crear procedimientos digitales que sean accesibles y fáciles de usar.
Aunque apostamos por la digitalización, también mantenemos y mejoramos la atención presencial para quienes lo prefieren o lo necesitan, especialmente en una ciudad con una población envejecida como Madrid. Además, estamos extendiendo la administración a zonas rurales a través de oficinas móviles para facilitar los trámites a quienes viven lejos de la capital.
Para 2025, esperamos avanzar significativamente hacia una justicia completamente digitalizada, con esfuerzos enfocados en eliminar el papel de los expedientes judiciales. Este objetivo requiere rediseñar muchos procesos y simplificar la normativa para lograr una administración 100% digital. Es un objetivo ambicioso marcado por la presidenta Isabel Díaz Ayuso y en el que estamos trabajando intensamente.
«En lugar de una verdadera cogobernanza, lo que hemos visto es una imposición por parte del Gobierno Central. Esto ha limitado nuestra capacidad para abordar de manera efectiva nuestras prioridades y necesidades locales»
¿Está satisfecho con el proceso de modernización iniciado por el Gobierno Central bajo el concepto de cogobernanza, o considera que las expectativas no se han cumplido como se había prometido?
En cuanto a la cogobernanza en los ámbitos de modernización, digitalización y justicia, la experiencia ha sido bastante diferente de lo que se nos había prometido. A pesar de que el Gobierno Central ha destinado 410 millones de euros del fondo Next Generation y ha dicho promover la cogobernanza, en la práctica, esta colaboración ha sido muy limitada.
Nos hubiera gustado que la cogobernanza se reflejara realmente en la toma de decisiones compartidas en las conferencias sectoriales. Hemos participado en múltiples conferencias sectoriales, pero las decisiones no se han tomado de manera conjunta.
Madrid, por ejemplo, ha recibido una proporción de fondos que no refleja adecuadamente nuestro peso poblacional ni nuestras necesidades administrativas. Consideramos que deberíamos haber recibido más fondos europeos.
Además, nos hubiera gustado tener más libertad para decidir en qué áreas invertir estos fondos. Por ejemplo, en nuestra legislatura, la modernización de las infraestructuras judiciales es crucial.
No solo queríamos invertir en digitalización, sino también en la modernización de las sedes judiciales y en proyectos emblemáticos como la Ciudad de la Justicia de Madrid. Sin embargo, la rigidez de las conferencias sectoriales ha impedido que pudiéramos influir significativamente en la orientación de estos fondos.
La realidad es que las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, que tienen un conocimiento profundo de las necesidades locales, hemos tenido poca participación en el diseño de las inversiones. En lugar de una verdadera cogobernanza, lo que hemos visto es una imposición por parte del Gobierno Central.
Esto ha limitado nuestra capacidad para abordar de manera efectiva nuestras prioridades y necesidades locales. Por lo tanto, no podemos hablar de una auténtica cogobernanza en este contexto.
La huelga, primero, de los letrados judiciales y de los funcionarios de justicia después dejó muy tocados a los Juzgados de Primera Instancia y con una sobrecarga de trabajo evidente. ¿Qué medidas están tomando para aliviarla?
La falta de diálogo con los operadores jurídicos ha provocado un importante retraso en los procedimientos judiciales. Para abordar este problema, en el presupuesto de 2024 diseñamos una partida específica para un plan de choque, que ya estamos ejecutando, con el fin de agilizar los procedimientos judiciales afectados por las huelgas de los últimos años. Este retraso se ha cronificado y estamos trabajando para resolverlo.
En nuestro ámbito de responsabilidad, dotamos de medios a la justicia, reclamando cada año más plazas de funcionarios para la Administración de Justicia. Queremos que las plazas ocupadas por personal interino se conviertan en puestos permanentes a través de convocatorias públicas de empleo, reduciendo así la temporalidad en este sector.
Además, con el plan de choque estamos implementando medidas específicas para desatascar los expedientes judiciales atrasados debido a las huelgas. Este esfuerzo es fundamental para mejorar la eficiencia y el funcionamiento de nuestro sistema judicial.
Usted ha cerrado dos acuerdos importantes. Uno con los sindicatos de Justicia, que representan a 7.224 empleados públicos y que llega hasta el 31 de diciembre de 2024. ¿Es homologable al que los sindicatos alcanzaron con el Ministerio de Justicia?
El nuestro es anterior y sí, es homologable. Nosotros siempre hemos tratado de dialogar y dar estabilidad a los funcionarios de la Administración de Justicia. Consideramos importante iniciar la legislatura con un acuerdo que mejorara las condiciones laborales y salariales de los funcionarios judiciales.
Logramos este acuerdo para toda la legislatura, incluyendo a todas las organizaciones sindicales, algo que el Ministerio no ha podido. Firmó con dos sindicatos de cuatro. A pesar de las diferencias iniciales, alcanzamos un acuerdo que proporciona estabilidad y certidumbre a los funcionarios a medio y largo plazo, no solo para el año en curso.
Este acuerdo es crucial para que ahora podamos implementar planes de choque que agilicen y aceleren los procedimientos judiciales atascados.
El segundo acuerdo lo han cerrado con los procuradores y con los abogados de la Comunidad de Madrid, centrado principalmente en justicia gratuita y turno de oficio. ¿En qué ha consistido?
Hemos llegado a un primer acuerdo que se ha incluido en el presupuesto de la Comunidad de Madrid para 2024, con una actualización de los baremos del 4% y la incorporación de nuevos baremos.
Sin embargo, seguimos trabajando porque nos gustaría alcanzar un acuerdo de legislatura que ofrezca certidumbre a todos los profesionales que colaboran con nosotros. Estos profesionales permiten que nuestra Comunidad sea pionera en ofrecer asistencia jurídica gratuita a quienes lo necesiten.
El CGAE ha reivindicado recientemente que todos los abogados de todos los servicios de justicia gratuita y del turno de oficio de todas las comisiones autónomas cobren lo mismo. Porque lo que hay ahora es más desigualdad que nunca en lo que a las indemnizaciones por este trabajo se refiere.
Como comunidades autónomas, debemos gestionar de acuerdo con las necesidades específicas de nuestra región, incluyendo a abogados y procuradores. Cada territorio tiene circunstancias y puntos de partida diferentes.
En la Comunidad de Madrid estamos apostando claramente por una mejor retribución y poniendo en valor el trabajo que realizan los funcionarios y el sistema de Justicia Gratuita. Los puntos de partida no son iguales para todos.
De todas formas, sería el Ministerio de Justicia el responsable de liderar un proceso de homologación y financiarlo, lo cual podría implicar incrementos significativos en ciertos territorios, tanto en baremos como en salarios de los funcionarios. Y esto resulta complicado con un presupuesto que no se ha renovado.
«Estabilizar las plazas es crucial, no solo para reducir costos indirectos, como la formación y selección de personal interino, sino también para asegurar que las personas en estos puestos tengan los conocimientos y estabilidad necesarios. La alta rotación y falta de formación específica de los interinos afectan la calidad del trabajo y generan costos adicionales para la Administración»
En 2030, se jubilará un tercio de los jueces y entre un tercio y un 40% de los funcionarios que pertenecen al «baby boom». ¿Existe algún plan para enfrentar esta situación?
La jubilación masiva de jueces y funcionarios no solo afecta a la justicia, sino también a otros ámbitos como la sanidad y la educación. Por eso, reclamo al Gobierno Central que lidere esta cuestión, sacando cada año suficientes plazas para ser cubiertas por funcionarios de carrera.
Cada año pedimos un número específico de plazas, pero a menudo no recibimos ni la mitad de lo que solicitamos. Esto hace que la situación sea más crítica cuanto más nos acercamos a la fecha de jubilación masiva. En justicia, por ejemplo, Madrid necesita unas 130 plazas de jueces, que el Ministerio debe atender.
Estabilizar las plazas es crucial, no solo para reducir costos indirectos, como la formación y selección de personal interino, sino también para asegurar que las personas en estos puestos tengan los conocimientos y estabilidad necesarios.
La alta rotación y falta de formación específica de los interinos afectan la calidad del trabajo y generan costos adicionales para la Administración. Por eso, cuanto antes logremos estabilizar estas plazas, mejor será para todo el sistema, incluyendo los juzgados.
En el Forum de la Nueva Economía mencionó que en 2026 estarían en la nueva Ciudad de Justicia el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia Penal y los juzgados de primera instancia. En 2027 se incorporarían el resto de los órganos judiciales y en 2028 la jurisdicción penal. ¿Es este el mismo proyecto de la legislatura anterior o es uno nuevo?
Nosotros hemos creado un proyecto completamente nuevo, diseñado en esta legislatura desde su concepción hasta las fases de implementación. Primero, definimos el procedimiento de contratación y gestión de la Ciudad de la Justicia y lanzamos la licitación del proyecto y la obra.
Actualmente, ya se han presentado hasta 13 empresas distribuidas en cinco UTEs [Unión Temporal de Empresas] interesadas en participar.
Nuestra fase inicial se ha centrado en atender las necesidades más urgentes de la Administración de Justicia, priorizando los juzgados con mayor necesidad de renovación y aquellos cuyos contratos de alquiler vencen pronto. Esto permitirá que parte de la Ciudad de la Justicia esté operativa a finales de 2026 o principios de 2027.
El traslado completo de los 364 órganos judiciales dispersos por toda la ciudad se realizará de manera progresiva, asegurando una transición razonable y eficiente.
¿Qué falló en la anterior financiación de la Ciudad de la Justicia para optar ahora por una financiación directa de la Comunidad?
Decidimos que la mejor manera de abordar el proyecto era iniciar un proceso de licitación tanto del proyecto como de la obra. Analizando experiencias previas, la situación del mercado y la legislación vigente. Concluimos que esta era la opción más garantista, segura, razonable y económica.
Creemos que es crucial que quien ejecute la obra también sea responsable del diseño del proyecto, asegurando coherencia y responsabilidad en todo el proceso. Por eso, financiamos el proyecto desde la Comunidad de Madrid y lo gestionamos como otros proyectos de justicia mediante contratos de mantenimiento y seguridad.
Nuestro objetivo es que la Ciudad de la Justicia esté operativa lo antes posible. Hasta ahora, hemos cumplido con el plan establecido: presentamos el anteproyecto a los operadores jurídicos antes de fin de año, publicamos la licitación en el primer trimestre de 2024 y recibimos 13 ofertas en mayo.
Planeamos adjudicar el proyecto antes de finales del verano para que las obras puedan comenzar en Valdebebas en el primer semestre de 2025.
Si me permite decirlo, tuvo gracia cuando dijo que la Ciudad de la Justicia de Madrid iba a tener 65 veces la superficie del Estadio Santiago Bernabeu, del Real Madrid. ¿La referencia fue porque la ciudad deportiva del club blanco, en Valdevebas, está casi colindante con la Ciudad de la Justicia?
Es evidente que somos vecinos de la Ciudad Deportiva del Real Madrid. Además, la Consejería de Transportes está construyendo un intercambiador en la zona. Sí, compartiremos el entorno y éxitos, claro que sí [se ríe abiertamente].
«El problema es que el PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez están tratando de eliminar los contrapoderes al Gobierno Central, incluyendo al Poder Judicial y las comunidades autónomas, para controlar todos los resortes del estado»
Uno de los grandes cambios que se avecinan es la implementación de los tribunales de instancia que, por lógica, definirán espacios de trabajo diferentes a los actuales. ¿Se contempla en la futura Ciudad de la Justicia este factor?
En todos los edificios de nueva planta, y los de la futura Ciudad de la Justicia son así, contemplamos flexibilidad para diseñar o reajustar los espacios según las necesidades futuras de la justicia. Y entre ellas están contemplados los tribunales de instancia.
En nuestra Ciudad de la Justicia, no solo hemos aumentado la superficie, sino que también hemos reservado un 30% adicional para futuras necesidades derivadas del crecimiento poblacional de Madrid.
Hemos advertido muchas veces al Ministerio que los edificios antiguos no se pueden adaptar de la noche a la mañana. Cualquier nueva ley debe considerar el tiempo necesario para ajustar los espacios físicos, especialmente en sedes con antigüedad.
Por último, ¿ve solución a la renovación del CGPJ después de las elecciones europeas del 9 de junio?
Sí, claro que tiene solución. El Partido Popular ha propuesto renovar el Consejo General del Poder Judicial y, en paralelo, modificar el proceso de elección de sus miembros para que sean los jueces quienes elijan a los jueces, algo que nunca debió cambiar.
El problema es que el PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez están tratando de eliminar los contrapoderes al Gobierno Central, incluyendo al Poder Judicial y las comunidades autónomas, para controlar todos los resortes del estado.
Hemos visto cómo se utiliza la Fiscalía General del Estado y la información de los ministerios para atacar a ciudadanos y dejarlos indefensos. Para solucionar la renovación del Consejo General del Poder Judicial, el gobierno de Pedro Sánchez debe tener la voluntad de permitir esta renovación junto con la reforma del proceso de elección, algo que Europa también espera de nosotros.
Debemos trabajar para dar más independencia al Poder Judicial, en lugar de permitir que se eliminen los contrapesos tan importantes que tiene. Ese es nuestro norte.
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