La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se mañana, de forma extraordinaria, para «pronunciarse sobre las últimas manifestaciones públicas que pueden afectar a la independencia judicial» realizadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
En concreto a lo que escribió el pasado martes en la segunda carta que publicó el pasado martes en la red social X.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces precisan a Europa Press que la reunión estaba fijada en un principio para el pasado jueves, a petición del vocal del ala conservadora José Antonio Ballestero.
Sin embargo, el asunto se fijó para mañana lunes para no interferir en la campaña electoral a los comicios europeos del domingo.
Sánchez publicó la carta abierta a los ciudadanos el pasado martes, horas después de que el magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción 41, desde el que se está investigando a su esposa, Begoña Gómez, decidiese llamarla a declarar como investigada por supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Una comparecencia que Peinado fijó para el próximo 5 de julio.
«Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones», señaló el jefe del Ejecutivo.
El mismo jueves que se dio a conocer que el CGPJ se reuniría para analizar manifestaciones como esta, el magistrado dictó una providencia en la que aseguró que no conocía «precepto alguno ni de la Constitución Española, ni de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ni de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, ni de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General ni de ninguna otra ley» que le impidiese anunciar la citación como investigada de la esposa del presidente en plena campaña electoral.
REACCIONES DE MINISTROS
Sánchez no ha sido el único miembro del Gobierno que se ha pronunciado esta semana sobre la actuación del titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y candidata del PSOE a las elecciones europeas de este domingo, Teresa Ribera, afirmó que el juez se saltó la pauta habitual de no tomar ninguna decisión que pueda interferir en una campaña electoral. Aunque evitó hablar de prevaricación, indicó que lo que está sucediendo es «muy burdo».
Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, apuntó que la citación de Begoña Gómez «claramente interfiere» en las elecciones europeas. Y señaló que la decisión del juez «carece de lógica procesal» porque, a su modo de ver, a día de hoy no tiene razones diferentes de las que tuvo en su día para no llamar a declarar a la esposa del presidente del Gobierno.
Preguntada la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministerio, sobre si creía que el juez estaba alterando con su actuación los resultados de las elecciones europeas, dijo que quería ser «absolutamente cautelosa y prudente, y sobre todo respetuosa con la división de poderes, y por tanto con el Poder Judicial».
No obstante, a renglón seguido aseguró que «todo este proceso está resultando claramente extraño y burdo, porque hay una norma, una ley no escrita» que está «avalada por el Tribunal Supremo», acerca de que «no se dictan cuestiones judiciales en procesos electorales para no poder alterar los posibles resultados electorales», y, «sin embargo, en esta ocasión no se ha respetado».
