El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha asumido este lunes nuevamente la responsabilidad de la difusión de la nota de prensa aclaratoria sobre el supuesto fraude fiscal de Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Al tiempo, ha solicitado que la causa sea enviada al Tribunal Supremo, el competente para asumir la investigación.
En un escrito dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), García Ortiz dice que éste «carece de competencia para investigar los hechos relativos a la difusión de la nota de prensa de la Fiscalía de Madrid por corresponder aquella a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo». «En tanto en cuanto su publicación no se hubiera producido sin mi previa autorización y mis instrucciones expresas y directas», añade.
Con todo, García Ortiz sostiene que «ningún miembro de la Fiscalía española debe ser investigado por la publicación de una nota de prensa objetiva, neutral y que no infringía ningún deber de reserva, pues todos los correos electrónicos _no solo los remitidos por el letrado de González Amador, sino también los enviados por fiscal_ habían sido previamente desvelados por los medios de comunicación».
La supuesta revelación de secretos guarda relación con la nota aclaratoria difundida por la Fiscalía de Madrid en la que se informaba sobre el cruce de correos entre el abogado de González Amador y el fiscal relativos a la investigación por un presunto fraude fiscal.
A juicio del fiscal general, «indagar sobre el funcionamiento de los mecanismos de decisión del Ministerio Fiscal en la forma en la que se está haciendo solo puede causar un deterioro al recto funcionamiento de la Justicia».
En esta línea, García Ortiz reitera «que el borrador de nota de prensa difundido por la Fiscalía de la Comunidad de Madrid no se hubiera distribuido entre los medios de comunicación sin» su previa autorización y sin sus instrucciones expresas y directas.
Reconoce que «lo volvería a suscribir y ordenar»
«Ese comunicado, que volvería a suscribir y ordenar para poner fin a un bulo y amparar a un compañero y extraordinario fiscal, se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios, así como a proporcionar información objetiva e imparcial tras la sucesión de publicaciones dispares y la difusión pública de correos electrónicos que afectaban a la honorabilidad y profesionalidad del Ministerio Fiscal», explica.
Según García Ortiz, resulta «cuando menos sorprendente» que sean los integrantes del Ministerio Fiscal los investigados judicialmente por estos hechos. «Como consta en el escrito remitido al TSJM, es un hecho cierto que en aquellos momentos los correos electrónicos que el letrado de la persona investigada había enviado a la dirección genérica de la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid circulaban ya por las redacciones de varios medios de comunicación», apuntan desde la Fiscalía General del Estado (FGE).
El FGE busca «proteger» a los fiscales
«Cuestionar la actuación de los fiscales encargados de la persecución de acciones criminales o a su jefatura provincial o autonómica por el mero hecho de desarrollar su función constitucional y legal, cuando no existe indicio alguno respecto a su participación en la filtración de una denuncia por dos delitos contra la Hacienda Pública y un delito de falsedad documental ni en la difusión de los correos electrónicos intercambiados con la defensa del presunto defraudador, es algo que como Fiscal General del Estado no puedo consentir ni tolerar», asegura el fiscal general en su escrito.
La propia FGE ha recordado que García Ortiz ya asumió la responsabilidad de la nota de prensa en un acto institucional celebrado en la sede de la Fiscalía el pasado 15 de abril. Esta declaración, que se dirigía a zanjar especulaciones sobre su «notoria e imprescindible participación en la emisión de la nota de prensa», ya fue aportada a la causa que se sigue en el TSJM por el Fiscal Superior encargado del procedimiento, recuerda.
En este sentido, la Fiscalía sostiene que «con esa declaración y el escrito presentado hoy, el fiscal general trata de proteger a las y los fiscales de Madrid, y a la Fiscalía en su conjunto».
