Opinión | Carta abierta a la ciudadanía

Son muchos y muy graves los problemas que afectan a la profesión de abogado. La precariedad del Turno de Oficio, las paupérrimas condiciones de jubilación en la Mutualidad de la Abogacía, la precariedad laboral de los jóvenes abogados en los grandes bufetes, el deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia, etc.

La persona que sea elegida para dirigir el Consejo General de la Abogacía en las elecciones que tendrán lugar el próximo día 28 de junio tendrá que abordar estas cuestiones y deberá hacerlo fundamentalmente a través de una postura reivindicativa ante los poderes públicos competentes para adoptar decisiones que permitan paliar o encauzar estas importantes dificultades.

No obstante lo anterior, desde mi punto de vista, existe un problema aún más profundo aunque tal vez no tan llamativo como los anteriores, un problema que contamina todos los demás y que nos hace más débiles y menos influyentes en la esfera institucional. Me refiero a la progresiva pérdida de prestigio social que experimenta la Abogacía desde hace años. Estamos dejando de ser un actor relevante a tener en cuenta y esta pérdida de influencia se traduce en un bochornoso ninguneo en los centros de poder.

Son varios los motivos que explican esta pérdida de prestigio. No debemos olvidar la propia evolución de la sociedad, que está perdiendo los valores tradicionales, sustituyéndolos por una vorágine sin rumbo donde la engañosa apariencia creada por lo digital va dejando al descubierto cada vez con mayor nitidez un mundo de pseudo esclavos al servicio de grandes corporaciones que lo dirigen y controlan todo, pseudo esclavos que viven más solos que nunca por muchos “like” que reciban en sus redes sociales.

Este cambio social (degradante en muchos aspectos) influye en todas las esferas y sectores de actividad, la Abogacía no es una excepción. De igual modo que en nuestras ciudades el pequeño comercio ha ido desapareciendo, sustituido por un maremágnum de franquicias y grandes almacenes que manejan los precios a su antojo y tratan a sus clientes como números, también el profesional que ejerce la Abogacía con libertad en su propio despacho ha ido dejando paso a grandes bufetes que copian un modelo norteamericano (a veces hasta en sus nombres de forma casi ridícula) y sobre todo que han conseguido absorber los mejores talentos, los jóvenes abogados más brillantes, para exprimirlos en jornadas maratonianas sin descanso y por una retribución que ni de lejos podría llamarse justa.

El abogado ya no es (o lo es cada vez menos) un profesional libre y prestigioso que recibe en su despacho a clientes a los que escucha pacientemente y después aconseja. El abogado de la nueva sociedad a la que nos dirigimos es también un pseudo esclavo que ha perdido el contacto con el cliente, porque el cliente ya no es suyo, porque los medios de producción ya no le pertenecen.

Paralelamente, el pequeño y mediano despacho cada vez tiene más problemas para sobrevivir. La tendencia, la intención no confesada del sistema, es que desaparezca progresivamente, quedándose a lo sumo con un trabajo marginal, con las migajas que desechen los grandes bufetes. Esa es la realidad. Y la pregunta que surge a continuación es la siguiente: Con este panorama ¿es posible conservar el prestigio de antaño?

La pasantía tradicional, con sus carencias y defectos, logró durante muchas décadas nutrir a la profesión de nuevos integrantes que, además de los conocimientos adquiridos en la Universidad, se imbuían con las enseñanzas, con las experiencias y sobre todo con la sabiduría del abogado que los aceptaba en su despacho. La pasantía no era un sistema perfecto y en muchos casos no funcionaba bien, pero mayoritariamente sí cumplía con su papel.

En la Abogacía tienes que sobrevivir, tienes que manejar conceptos jurídicos y pero también tienes que atender infinidad de cuestiones que van desde tu propia contabilidad, hasta el trato correcto con los clientes, la estrategia con los asuntos y un largo por no decir infinito etcétera. La intuición, la perspicacia y sobre todo el ánimo para afrontar la profesión por tu cuenta, es decir, con tus propios clientes, se aprende en una pasantía y nunca de otro modo.

Si desaparece la pasantía desparece también la fuente principal de creación de abogados que ejerzan la profesión de forma libre e independiente. Y éste fue el drama que comenzó con la aprobación del Real Decreto 1331/2006, de 17 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter especial de los abogados que prestan servicios en despachos de abogados, individuales o colectivos.

La aprobación de esta norma supuso la sentencia de muerte para la pasantía tradicional pues, aunque en cierto modo podría pensarse que defiende los intereses del pasante con la creación de un contrato en prácticas en su artículo 9, precepto de se regula con meridiana claridad toda una serie de derechos y obligaciones, sin embargo siega de raíz la esencia misma de la pasantía, y lo hace porque reconduce todo posible vínculo entre abogado en prácticas y despacho profesional a una relación jurídica de naturaleza laboral, con las notas características de un contrato de trabajo.

Pero es que el verdadero pasante, el que tradicionalmente ha alimentado nuestra Abogacía de nuevos profesionales, no es ni será jamás un trabajador sino un aprendiz de abogado independiente, un aspirante al ejercicio libre y autónomo de esta profesión. Y lo más importante que puede aprender de su maestro cuando lo acompaña en el día a día de este oficio, es la intuición, la perspicacia, la habilidad para utilizar bien las normas aprendidas y para satisfacer con corrección a los clientes, y aprender a sobrevivir y a prosperar con la suficiente eficacia como para poder volar un día él solo con su propio despacho.

Para entender bien este proceso tenemos que pensar en el taller artesano donde el dueño acepta a un aprendiz. Me podrán decir que soy antiguo en mis planteamientos pero lo que nadie me puede negar es que los grandes maestros en todas las disciplinas tuvieron en sus inicios a quien los guiara, quien les mostrase el camino para ser ellos también unos auténticos especialistas en la materia que fuese.

UNA LEY PARA REGULAR LA PASANTÍA

El artículo 9 del Real Decreto 1331/2006 borra de un plumazo todos estos siglos de aprendizaje y nos deja en sustitución a un contrato de trabajo en prácticas. Es decir, el nuevo abogado que comienza en un despacho, ya no puede ser un pasante tradicional, un aprendiz del oficio de abogado, sino un trabajador en prácticas, trabajador que si bien es cierto tiene sus derechos, ciertamente ve diluidas por no decir desaparecidas todas las posibilidades de llegar a ser integrante del despacho donde ha comenzado a trabajar, y lo peor de todo, nadie le guía y lo anima para aprender a ser un abogado de verdad.

Y como el vínculo entre joven abogado y bufete (ya sea grande o pequeño) es obligatoriamente laboral desde que fue aprobada la citada norma, ahora los compañeros sufren abusos derivados de haber proletarizado su relación. En este sentido, el diario digital El Independiente publicó el día 19 de febrero de 2022 un artículo titulado “El drama de los abogados jóvenes: Menos de 13.000 euros anuales y jornadas maratonianas sin desconexión” donde podemos leer lo siguiente:

“El estrés y la precariedad laboral son un hecho entre quienes ejercen la profesión en la capital española, donde se concentra la mayoría de bufetes del país. Durante el primer periodo de ejercicio de la profesión -que cada vez se extiende durante más tiempo- existe un abuso de la figura de los falsos autónomos por parte de los medianos y pequeños despachos. En los grandes, se exige un rendimiento basado en objetivos que obliga a trabajar hasta 14 horas diarias sin comunicárselo al cliente. La conciliación familiar, así como la desconexión digital, son prácticamente imposibles. Y todo, en muchos casos, por sueldos que no alcanzan los 1.000 euros mensuales».

Esta situación ¿es mejor que la del pasante tradicional? Ya he dicho más arriba que la pasantía no funcionaba bien en muchos casos, es cierto, pero lo que debe hacerse es regularla y mejorarla, no borrarla del mapa como hizo el ya citado Real Decreto 1331/2006.

Curiosamente esta nueva situación beneficia a los grandes bufetes, porque a ellos no les interesa que los jóvenes y brillantes nuevos abogados aprendan a ser independientes, quieren beneficiarse de su talento y ponerlo al servicio de sus organizaciones. Al mismo tiempo el despacho tradicional agoniza.

Por ello una de mis propuestas en esta candidatura para presidir el Consejo General de la Abogacía, es la de promover una ley específica que regule la pasantía y que lo haga atendiendo a su esencia y naturaleza, que no es laboral, procurando incentivar a los despachos de abogados para que formen a nuevos compañeros para ejerzan de forma libre la profesión, en definitiva para que acojan a pasantes, a aprendices de abogado con una retribución justa, no a trabajadores en prácticas.

COMBATIR EL DEFICIENTE FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Otro de los problemas más graves que afecta a la Abogacía reside en el deficiente funcionamiento de la Administración de Justicia y en el perverso efecto que ello tiene sobre nuestro propio trabajo. Creo que el Consejo debe tener una actitud de denuncia constante, incluso pública, de esta situación.

Así que otra de mis propuestas consiste en proponer a todos los Colegios de Abogados que elaboren cada uno de ellos un informe que detalle en sus respectivos territorios qué deficiencias concretas existen en los órganos judiciales que allí se encuentran y, una vez recapitulado todo el detalle de dichas deficiencias, elevarlas al Ministerio de Justicia así como a las Consejerías de las Comunidades Autónomas donde hayan sido transferido las competencias.

En definitiva se trata de una denuncia pública, con la máxima repercusión en los medios de comunicación, donde figure concretadas todas y cada una de las deficiencias de tramitación de todos y cada uno de los órganos jurisdiccionales del país.

El Consejo tiene que servir como cauce directo para hacer llegar a los poderes públicos competentes las carencias de la Administración de Justicia y de esta forma ayudar a la mejora del servicio en beneficio de todos.

Los otros dos graves problemas que nos afectan consisten en la paupérrima retribución del Turno de Oficio y la deficiente cobertura de las jubilaciones por parte la Mutualidad General de la Abogacía. No puedo ofrecer soluciones mágicas porque no existen pero sí tengo una propuesta que paso a exponer a continuación.

Teniendo en cuenta el funcionamiento actual de nuestro sistema político, el mayor o menor interés de los poderes públicos para resolver un problema no deriva de la mayor o menor gravedad del mismo sino de su repercusión mediática, del coste electoral y de la presión de la opinión pública para el asunto sea abordado.

Por ello, para que se nos escuche, para que se nos tenga en cuenta, antes de pedir nada, antes de exponer nuestras justas reivindicaciones, debemos hacer un ofrecimiento, debemos mostrar a los poderes públicos y a la sociedad entera dónde reside la auténtica valía de nuestra profesión y hacerles ver qué gran servicio le podemos prestar.

En los últimos tiempos nuestro país está cayendo en una degradación institucional sin precedentes, la lucha por el poder de los distintos partidos políticos ha evolucionado hacia una guerra sin cuartel donde cada uno de los bandos defiende sus intereses con una agresividad inédita.

Todos los pesos y contrapesos del poder político están alterados porque el ánimo expansivo del poder sectario de cada partido ha adquirido tal fuerza que, con tal de dominar el sistema, no existe empacho alguno en destruirlo si fuera preciso.

EL CGAE NO DEBE INTERVENIR EN POLÍTICA

En el marco de este enfrentamiento encontramos que no ha sido posible ni siquiera un acuerdo para la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y no estando de acuerdo los dos grandes partidos en cómo hacer dicha renovación, sí han pactado solicitar que intervenga como mediadora la Comisión Europea, en lo que supone un vergonzoso reconocimiento de nuestra incapacidad como país para alcanzar un acuerdo tan básico como éste.

Dicho lo anterior, el Consejo General de la Abogacía no debe intervenir en política, no es su cometido. Ahora bien, lo que sí puede hacer el Consejo, y ésta es mi propuesta, es actuar como mediador para buscar un entendimiento entre los grupos políticos que tienen que renovar el órgano de gobierno de los jueces. Nadie lo va a hacer mejor que nosotros y además así evitamos la vergüenza de salir al extranjero para arreglar nuestros problemas.

Es más, si se forma una comisión mediadora formada por algunos de los mejores abogados de nuestro país, las posibilidades de que llegar a un acuerdo serían muy altas.

La intención de esta propuesta es doble. Por una parte, sirve para prestigiar a nuestra profesión, para demostrar al conjunto de la sociedad el inmenso servicio que podemos prestarle. Por otra parte, sirve para lograr una posición más fuerte que nos permita reivindicar con éxito la solución de los graves problemas nos afectan.

Mi candidatura, desde la humildad, desde el conocimiento de que carezco de apoyos entre los decanos y decanas que tienen que votar el próximo día 28 de junio, pretende defender la esencia de la profesión, dignificarla y mostrar su utilidad a la ciudadanía para así ganar en prestigio y también en capacidad de influencia como colectivo.