Lo que surgió como una forma de economía colaborativa "se ha convertido en causa de la subida del precio de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, la expulsión de la población local del centro de las ciudades, generalmente personas ancianas, y la masificación y sobreexplotación turística, afirma JJpD.
JJpD reclama una normativa para regular los apartamentos turísticos y defender el derecho a la vivienda
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22/6/2024 12:50
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Actualizado: 22/6/2024 19:46
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La asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) reclama una intervención urgente y efectiva por parte de los poderes públicos para evitar que el negocio de los apartamentos turísticos continúe generando expulsión vecinal, problemas de convivencia y una transformación negativa en la sociología de las ciudades.
El objetivo es el de combatir «la especulación que el negocio de la vivienda conlleva desde hace años y facilitando el derecho a una vivienda digna, sostenible y accesible».
Por ello, demanda, para proteger el derecho a la vivienda y garantizar el bienestar de todos los ciudadanos, que se establezca un marco normativo integral, de ámbito nacional, que puedan aplicar los ayuntamientos de forma semejante, afirma JJpD en un comunicado.
«La aparición de plataformas de alquiler turístico ofrece alternativas más económicas y condiciones más flexibles y ventajosas que los hoteles para viajar y hacer turismo, a la par que ayuda a las personas propietarias a rentabilizar sus propiedades».
Sin embargo, la proliferación de los ‘apartamentos turísticos’ gestionados por diversas plataformas ha supuesto que el destino de viviendas para fines turísticos en España haya experimentado un gran incremento, y que represente un porcentaje del 1,33% del total de viviendas en territorio español», recuerda esta asociación progresista de jueces.
CAUSA DE LA SUBIDA DEL PRECIO DE LA VIVIENDA
Lo que surgió como una forma de economía colaborativa «se ha convertido en causa de la subida del precio de la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, la expulsión de la población local del centro de las ciudades, generalmente personas ancianas, y la masificación y sobreexplotación turística. El derecho a la vivienda se ha visto afectado por una práctica que perjudica una necesidad básica de las familias».
Las comunidades de vecinos han experimentado un incremento en los gastos debido al uso indebido de los elementos comunes, así como un aumento en el ruido y la suciedad.
Según JJpD, «las comunidades ven incrementados los gastos que se generan por la frecuente e indebida utilización de los elementos comunes de la comunidad, el incremento del ruido y la suciedad».
La asociación señala que «el derecho a la vivienda se ha visto afectado por una práctica que perjudica una necesidad básica de las familias».
JJpD destaca que las modificaciones introducidas por el Real Decreto-Ley 7/2019, destinadas a abordar la problemática del alquiler turístico a través de la Ley de Propiedad Horizontal y la Ley de Arrendamientos Urbanos, han sido insuficientes.
Las «herramientas jurídicas civiles que en estos cinco años trascurridos, han resultado insuficientes para abordar un problema que excede de lo que son las Comunidades de Propietarios y del marco del derecho civil», subraya.
UN NUEVO MARCO NORMATIVO
Para defender el derecho a una vivienda digna, sostenible y accesible, JJpD considera que la nueva normativa que se desarrolle debe ser aplicada de manera uniforme por los ayuntamientos y debe establecer criterios claros para la concesión de licencias y permisos, junto con mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de las normativas; asegurar que una proporción significativa de viviendas se destine a alquileres residenciales a largo plazo, evitando la conversión masiva de viviendas en alojamientos turísticos; e involucrar a las comunidades locales en la toma de decisiones para que sus necesidades y preocupaciones sean consideradas.
BARCELONA PIONERA
El llamamiento de JJpD para regular este negocio tiene lugar un día después de que el alcalde del Ayuntamiento de Barcelona, el socialista de Jaume Collboni, haya plantado eliminar los pisos turísticos de la ciudad para noviembre de 2028 con el fin de destinarlos a uso residencial aplicando el decreto ley aprobado por la Generalitat, que regula las viviendas turísticas.
«El gobierno ha decidido ir a fondo», ha afirmado Collboni, que ha recordado que la ciudad cuenta actualmente con 10.101 pisos turísticos, que quiere suprimir aprovechando el decreto de la Generalitat, que emplaza a los municipios a redactar en un plazo de 5 años desde diciembre de 2023 un plan urbanístico que fije cuantos pisos turísticos acepta tener.
El objetivo es que «a partir de 2029 desaparezca la figura de piso turístico» tal y como se concibe actualmente y se cese completamente la actividad de uso turístico en pisos residenciales, una propuesta que primero deberá ser aprobada por el pleno del Consistorio.
«Eso nos va a permitir poner 10.000 viviendas en el mercado de alquiler o a la venta o, sencillamente, que tengan el uso residencial que seguramente nunca tendrían que haber perdido. Es como fabricar 10.000 nuevas viviendas en la ciudad en solo 5 años», explicó Laia Bonet, teniente de alcalde.
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