La portavoz del PP en el Senado, Alicia García (2d), a su llegada una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 18 de junio de 2024, en Madrid (España).
El PP lleva al Senado su plan para que los ministros no puedan acceder a puestos en la Fiscalía, el TC o el CGPJ
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23/6/2024 17:24
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Actualizado: 23/6/2024 17:24
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El PP ha registrado en el Senado una iniciativa en la que propone el nombramiento de un fiscal general del Estado «independiente» y la «incompatibilidad absoluta» para que los miembros del Gobierno puedan acceder posteriormente a puestos en el Tribunal Constitucional (TC), el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o la propia Fiscalía, entre otros puntos.
Los de Alberto Núñez Feijóo han compilado diferentes reivindicaciones sobre la despolitización de la justicia o la lucha contra la corrupción en esta iniciativa, que se aprobará dada su mayoría absoluta en el Senado.
Según el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, buscan forzar al Gobierno a «nombrar un Fiscal General del Estado independiente que cumpla con los requisitos legales para su elección, y que garantice la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia requerida para el ejercicio del cargo y clarificar la relación entre el fiscal general y el gobierno para mejorar su necesaria independencia y transparencia».
De la misma manera quieren que los ministros no puedan acceder posteriormente a puestos en el Constitucional, el CGPJ o la Fiscalía General del Estado, «independientemente de la reputación que tuvieran como juristas».
LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES
Otro de los puntos de la moción –iniciativa no legislativa–, reclama al Gobierno «proteger la independencia de los jueces frente a interferencia y presiones políticas», así como la aprobación urgente del Reglamento de la Ley de Transparencia.
Los ‘populares’ también quieren regular los ‘lobbies’, «de tal forma que se propicie su transparencia social, y se establezca obligatoriamente la creación de Registros de grupos de interés en las distintas instituciones públicas y parlamentarias».
Asimismo, piden al Gobierno elaborar un Plan Nacional contra la corrupción y el fraude, así como apoyar la «creación de una Red Europea Anticorrupción que aúne a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, Autoridades Públicas, profesionales y sociedad civil».
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