El acuerdo, según fuentes jurídicas consultadas, supone el regreso al Pacto por la Justicia de 2001, suscrito por PSOE y PP y la liquidación del sistema presidencialista establecido en 2013 por el entonces ministro de Justicia por el PP, Alberto Ruiz Gallardón. Foto: Confilegal.
La proposición de Ley de PSOE y PP liquida el sistema presidencialista establecido en el CGPJ en 2013
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26/6/2024 18:46
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Actualizado: 26/6/2024 23:54
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Los portavoces del Grupo Popular, Miguel Tellado, y del Grupo Socialista, Patxi López, en el Congreso de los Diputados han registrado hoy, a las 16.38 de la tarde, una proposición de Ley Conjunta para reformar el proceso de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que se da un plazo de 6 meses a los nuevos vocales para que elaboren una nueva propuesta después de analizar los diferentes modelos europeos de elección.
Dicha propuesta tendrá que ser aprobada por 3/5 de los vocales (12 de 20) tras lo cual deberá ser enviada al Gobierno, al Congreso y al Senado.
En la proposición de Ley Conjunta se plantea reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal por el procedimiento de urgencia.
Su objetivo es «reforzar la independencia e integridad de nuestro sistema judicial en su configuración actual» a través de estas dos normas que desarrollan el título VI de la Constitución, referido al poder judicial.
Y es la consecuencia del acuerdo al que llegaron el PSOE y el PP para pactar la renovación de los 20 vocales del CGPJ así como una nueva ley para modificar la elección de los 12 vocales jueces que desde 1985 se lleva a cabo por ambas cámaras.
Las dos principales formaciones políticas de nuestro parlamento se han comprometido a no enmendar la proposición de ley y rechazar los cambios que sean propuestos por otros partidos políticos. Además, por ser a través del procedimiento de urgencia, se acorta a la mitad la tramitación de los plazos, lo que conlleva registrar enmiendas a la totalidad y parciales.
Dicha iniciativa comenzará su trámite una vez que la Mesa del Congreso la haya calificado, se prevé que el próximo martes. Podría ser tomada en consideración en un pleno extraordinario el próximo 4 de julio.
Francina Armengol, presidenta del Congreso, ha habilitado hasta 4 sesiones plenarias de carácter extraordinario en el mes de julio y en su mayoría estarán centradas en la tramitación de esta ley.
REGRESO AL PACTO DE ESTADO DE 2001
El acuerdo, según fuentes jurídicas consultadas, supone el regreso al Pacto de Estado por la Justicia de 2001, suscrito por PSOE y PP y la liquidación del sistema presidencialista establecido en 2013 por el entonces ministro de Justicia por el PP, Alberto Ruiz Gallardón, que modificó la LOPJ; una redacción que fue presidida por el ya expresidente del CGPJ y del Supremo, Carlos Lesmes.
Lo acordado devuelve al CGPJ a su estado anterior a aquel momento y la recuperación de la naturaleza colegiada del órgano de gobierno de los jueces.
En la reforma de 2022, el Parlamento devolvió también la dedicación a tiempo completo de los 20 vocales que aquella reforma de Ruiz Gallardón suprimió creando dos tipos de vocales, los «full time» y los «part time». Fue algo que jamás funcionó.
PARA ACCEDER AL SUPREMO SE ELEVA EL REQUISITO DE 15 A 20 AÑOS DE ANTIGÜEDAD
La proposición de Ley presentada establece que, a partir de su entrada en vigor, el requisito de los 15 años de antigüedad para ser magistrado del Tribunal Supremo se eleve hasta los 20 años.
NO HABRÁ SERVICIOS ESPECIALES CUANDO SE OPTE POR LA POLÍTICA
En la actualidad, cada juez o fiscal que sea elegido para un cargo político se acoge a los servicios especiales, una situación que opera como una excedencia pero que a la persona le permite volver a su puesto anterior u optar a otro superior, como si no se hubiera marchado.
Con esto acaba la propuesta del PSOE-PP. «La ley dispone que se deberá declarar en la situación de excedencia voluntaria en los siguientes casos: (a) cuando un juez o magistrado se presente como candidato para acceder a cargos públicos representativos en el Parlamento Europeo, el Congreso de los Diputados, el Senado, Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas o de una Alcaldía; (b) cuando un juez o magistrado sea efectivamente elegido para alguno de los cargos públicos referidos en el punto anterior; y (c) cuando un juez o magistrado sea nombrado para cargo político de confianza con rango superior a director general», dice la proposición de ley.
En los supuestos b y c los jueces y magistrados «no podrán reingresar al servicio activo hasta 2 años después del cese en el cargo que motivó la excedencia voluntaria».
En esos casos, los afectados quedarán adscritos -según el caso- al presidente del Tribunal Supremo o al presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de su último destino, percibiendo la misma cantidad que recibieron en su último destino.
INCOMPATIBILIDADES PARA SER VOCALES DEL CGPJ
La propuesta establece restricciones para ser designado como vocal del Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas destacados. Las personas que hayan ocupado altos cargos políticos o representativos, como ministros, secretarios de estado, consejeros autonómicos, alcaldes o miembros de cuerpos legislativos nacionales o autonómicos en los últimos cinco años, no serán elegibles.
La normativa también requiere que los candidatos a vocales del Consejo General del Poder Judicial se presenten ante la Comisión de nombramientos de la Cámara correspondiente y entreguen un documento detallando sus méritos y objetivos antes de ser elegidos.
Las cámaras establecen la elección de un suplente por cada vocal titular.
REGRESO A LA ORGANIZACIÓN DE ANTES DE 2013
La proposición de Ley contempla, de facto, la devolución de la organización interna del CGPJ a antes de la última reforma, en 2013.
Primero, prevé la creación de una Comisión de Calificación, integrada por 5 vocales, que informará sobre todos los nombramientos que sean competencia del Pleno, con el fin de garantizar una valoración objetiva de las candidaturas presentadas. Dicha Comisión había sido suprimida y sus funciones asumidas por la Comisión Permanente.
Segundo, la ley prevé la posibilidad de que el Pleno pueda crear otras comisiones si así lo decide por mayoría de 3/5,
LOS PRESIDENTES DEBEN SER POR MAYORÍA DE 3/5
De la redacción de la proposición de Ley se deduce también el afán de promover el consenso entre los vocales. Así, se establece que los magistrados del Tribunal Supremo, los 17 presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y los 50 presidentes de Audiencias Provinciales sean elegidos por una mayoría de 3/5.
Teniendo en cuenta que 10 de los vocales han sido escogidos por el PSOE y 10 por el PP esto obliga a un esfuerzo de negociación.
Un esfuerzo que también se aplica al magistrado del Supremo competente para conocer las actividades del CNI así como a su sustituto.
INCOMPATIBILIDADES PARA SER FISCAL GENERAL DEL ESTADO
La normativa especifica que el Fiscal General del Estado debe abstenerse de intervenir en litigios cuando se presenten causas de abstención similares a las de jueces y magistrados, según la LOPJ. Las solicitudes relacionadas serán resueltas por la Junta de Fiscales de Sala, presidida por el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo.
Además, establece un nuevo régimen de incompatibilidades para el nombramiento del Fiscal General del Estado, impidiendo que candidatos que hayan ocupado altos cargos políticos o legislativos en los últimos cinco años sean propuestos para el cargo. Una referencia clara para impedir que se pueda repetir un caso Dolores Delgado, que pasó a ser fiscal general del Estado tras ser ministra de Justicia.
1000 JUECES Y FISCALES MÁS HASTA 2029
Ambos partidos son muy conscientes de que para 2030 al menos un tercio de los jueces y otro tercio de fiscales pasarán a la jubilación. Con el fin de hacer frente a esa situación plantean ajustar la estructura del personal judicial y fiscal añadiendo 200 plazas anuales, logrando un incremento de 1.000 jueces y fiscales en cinco años.
«Este aumento responde a un crecimiento en la litigiosidad reciente, el aumento de justicia interina y las futuras jubilaciones, según se documenta en la Memoria de 2022 del Consejo General del Poder Judicial», se puede leer.
De lo que se deduce que las propuestas de aminorar o suprimir la oposición, surgidas en las últimas semanas, desde alguna formación política no tendrán pista de despegue.
«A estos efectos, se mantiene el sistema actual de acceso a la carrera judicial y el vigente sistema de formación, acorde con los principios de objetividad, igualdad de oportunidades, exigencia prioritaria de la solidez de conocimientos y la búsqueda de la excelencia, garantía de un diseño que apuesta decididamente por una Justicia eficaz, que garantiza el respeto a los derechos fundamentales y un servicio público de calidad», subraya el texto.
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