Los demandantes no tenían la legitimación necesaria para desafiar estas acciones en los tribunales federales, según el fallo del TS.
El Supremo autoriza a funcionarios de la Administración Biden a intervenir para eliminar «desinformación» en redes sociales
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27/6/2024 06:30
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Actualizado: 27/6/2024 00:02
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En un fallo significativo que resalta la tensión entre la libertad de expresión y la moderación en las redes sociales, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha anulado una orden judicial que limitaba a los funcionarios de la administración de Joe Biden en su comunicación con las plataformas de redes sociales.
La decisión, adoptada este miércoles, por 6 votos contra 3, concluyó que los estados de Missouri y Luisiana, junto con otros demandantes, no tenían la legitimación necesaria para desafiar estas acciones en los tribunales federales.
La controversia comenzó cuando varios estados, liderados por figuras republicanas, y particulares argumentaron que la administración Biden había presionado inconstitucionalmente a empresas como Facebook, YouTube y X (anteriormente Twitter) para eliminar contenido etiquetado como «desinformación».
Este contenido incluía temas polarizadores como las elecciones y el manejo del COVID-19.
No viola la Primera Enmienda
El caso, conocido como Murthy v. Missouri, No. 23-411, podría haber servido para fijar las normas para la libertad de expresión en internet, dado que debía decidir hasta dónde puede llegar el Gobierno federal para combatir publicaciones polémicas en redes sociales sobre temas como la covid-19 y las elecciones.
Sin embargo, el fallo del Supremo, dictado por la jueza Amy Coney Barrett, se limita a revocar una decisión previa del Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito que había sostenido que dicha conducta probablemente violaba la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión.
Barrett argumenta que los demandantes no pudieron demostrar un vínculo directo entre la conducta de los funcionarios federales y un daño específico que sufrieran, por lo cual carecían de la capacidad jurídica para llevar el caso.
Los hechos se remontan a 2022, cuando fueron demandado funcionarios y organismos de todo el gobierno federal, incluidos los de la Casa Blanca, el FBI, la oficina del cirujano general, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras.
En contraposición, otros jueces, encabezados por el juez Samuel Alito, subrayaron la seriedad de la presión ejercida por altos funcionarios sobre las plataformas para censurar ciertas perspectivas, calificándolo de una «grave amenaza a la Primera Enmienda».
Ahora, el fallo del Tribunal Supremo desestima la posibilidad de limitar la interacción de la administración con las plataformas de redes sociales, permitiendo que continúe el debate sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y la lucha contra la desinformación en línea.
En Estados Unidos no existen normas que regulen específicamente los límites de la libertad de expresión en las redes sociales. Ante la ausencia de esta legislación, el Tribunal Supremo está adquiriendo un papel cada vez más importante.
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