El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, interviene durante el acto de Reconocimiento del Día de la Empresa 2024, en el Palau de la Música. Foto: EP
Los inspectores de Hacienda contrarios a la independencia fiscal de Cataluña
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01/7/2024 06:34
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Actualizado: 30/6/2024 23:13
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Los inspectores de Hacienda presentaron hace unas semanas un informe en el que denunciaban la «inconstitucionalidad» del ‘cupo catalán’, insistían en que supondría la Agencia Tributaria en Cataluña y alertaban de que esto repercutiría en el fraude fiscal.
La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha ido alertando en las últimas fechas de las consecuencias de que Cataluña recaude el cien por cien de los impuestos, así como de la fragmentación de la Agencia Tributaria.
En este sentido, ha enumerado los diversos problemas que ello conllevaría: afectaría a la lucha contra el fraude fiscal, a la represión del narcotráfico y podría perjudicar a la ‘caja única’ de las pensiones y a la gestión de las retenciones, entre otras cosas.
Desde que se conoció la reivindicación independentista de una «soberanía fiscal» para Cataluña como la que ya tienen País Vasco y Navarra, los inspectores de Hacienda han realizado diversas declaraciones, informes e incluso han establecido unas líneas básicas en contra de esta propuesta planteada por el Gobierno catalán.
Desde el Gobierno central no comparten la reivindicación de un ‘cupo catalán‘, aunque en los últimos tiempos se han abierto a un trato singular en materia de financiación en Cataluña, a través de una fórmula imaginativa aún por definir.
¿UNA AGENCIA TRIBUTARIA CATALANA?
Esta semana en el Congreso, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abrió la puerta al desarollo del Estatuto de Cataluña, algo que ya han apuntado diversas fuentes del PSOE, que creen que el camino para convencer a ERC puede pasar por este asunto.
El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya apuntó en esta dirección a finales del año pasado, cuando se desplazó a Barcelona para reunirse con el entonces presidente autonómico, Pere Aragonès.
Después de aquella reunión, la primera entre ambos después de que Sánchez fue investido presidente del Gobierno, el jefe del Ejecutivo ofreció al independentismo un acuerdo para reforzar la financiación autonómica, el autogobierno y el uso del catalán.
Al ser interrogado sobre si estaría dispuesto a desarrollar la Agencia Tributaria catalana, no cerró la puerta y dijo que «es algo que está en el Estatuto de Autonomía» y está «por desarrollar». «Cuestión distinta es como se materializa», apuntó a continuación.
CUIDADO CON LA FRAGMENTACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA
Sobre este aspecto también se ha pronunciado en reiteradas ocasiones la Asociación de Inspectores de Hacienda, sosteniendo que la división de la Agencia Tributaria atentaría contra la «conculcación de los principios tributarios, fundamentalmente la generalidad, la capacidad económica, la igualdad, la justicia y la eficiencia tributaria».
En su documento de líneas maestras, los inspectores de Hacienda advierten las consecuencias del fragmentación de la Agencia Tribuaria en la gestión y recaudación de los impuestos, en la lucha contra el fraude fiscal y en su función de órgano vertebrador de determinadas ayudas sociales del Estado.
En este sentido, los inspectores señalan que la Agencia Tributaria también ejerce otras funciones, como las relativas a la gestión de otras prestaciones, ajenas al ámbito tributario, como las deducciones en el IRPF, las ayudas para madres trabajadoras o las destinadas a las familias numerosas, u otras como la bonificación en el gasóleo o la gestión del mínimo vital.
«El desafío de la creación de una Administración Tributaria fraccionada conlleva el traspaso de determinadas líneas rojas que ponen en un brete a la eficiencia en la gestión del sistema tributario, pudiendo generar desigualdades en su aplicación fruto de una ineficiente gestión», advierten.
TAMBIÉN AL SISTEMA DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA
De este modo, resultaría afectado el sistema de información tributaria, «que ha de ser único para todo el territorio a fin de garantizar su aplicación, ya que la lucha contra el fraude fiscal se fundamenta en disponer de un sistema de información tributaria unificado lo más amplio posible».
Por otra parte, los inspectores de Hacienda señalan que la necesidad de un sistema de caja única «también se vería afectada». «La gestión y el control de las retenciones y pagos fraccionados se deberían llevar a cabo por la Agencia Tributaria, con independencia del porcentaje de cesión de la recaudación que se ceda a cada comunidad», añaden.
Y esto, según precisan, conllevaría un «gran riesgo» en la gestión de las retenciones, que «deben de realizarse de forma integrada por la Agencia Tributaria, así como para el sistema de control de las actividades económicas, que debe ser de carácter integrado».
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