Una delegación del Consejo General de Colegios de Graduados Sociales de España (CGCGSE), capitaneada por su presidente, Joaquín Merchán, ha pedido al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, formar del servicio público de justicia gratuita para asistir a los ciudadanos que, en primera y segunda instancia, necesiten de graduados sociales en la resolución de sus conflictos laborales con sus empresas.
Con ese fin, han solicitado ser incluidos en la futura Ley de Justicia Pública Gratuita que, en estos momentos, está elaborándose en el Congreso de los Diputados.
“Creemos que es de justicia que se incluya a los graduados y graduadas sociales en la futura Ley de Justicia Pública Gratuita, por eso hemos trasladado al ministro Bolaños esta reivindicación histórica de nuestro colectivo. Tenemos que poder devolver a los ciudadanos desde nuestros despachos esa justicia social que llevamos como lema en nuestro escudo”, señaló Merchán al término de la reunión que se celebró el pasado viernes en el Ministerio de Justicia.
Los graduados sociales, como miembros de una de las tres profesiones jurídicas reconocidas por la Administración, podrían también prestar este servicio público en asuntos del orden social relacionados con el ámbito laboral como reclamaciones por despido, prestaciones de la Seguridad Social, pensiones, etc.
Sin embargo, su acceso al turno de oficio o justicia gratuita sigue sin regularse a pesar de que, además, estos profesionales obtienen el único grado universitario que les convierte en expertos en derecho y relaciones laborales así como en recursos humanos.
Desde 2009, la práctica totalidad de los colegios provinciales, en cumplimiento de sus estatutos, ofrece un servicio de orientación jurídica gratuita a la ciudadanía que es muy demandado allí donde se presta y que es una demostración práctica del lema de esta profesión: ‘Justicia Social’.
«Los graduados sociales han solicitado formar parte del servicio de justicia gratuita y que les dejen actuar en casación ante el Supremo»
TAMBIÉN ACTUAR EN CASACIÓN ANTE EL TRIBUNAL SUPREMO
En la sesión de trabajo también participaron el secretario de Estado, Manuel Olmedo, la secretaria general para la Innovación y Calidad del Servicio Público, Sofía Puente y la directora general del Servicio Público de Justicia, María Angels García.
Por parte del CGCGSE asistieron su vicepresidente primero, Juan Fernández Henares, y la vocal de su Comisión Permanente, Ester Urraca Fernández, quienes pidieron, asimismo, avanzar en otra de las demandas que plantea esta profesión jurídica: la posibilidad de presentar recursos de casación ante el Tribunal Supremo.
“Es también una cuestión de coherencia dentro del propio sistema judicial, dado que los graduados sociales ya intervenimos a otros niveles como en el caso del recurso de suplicación”, puntualizó Joaquín Merchán.
Tras la reunión, Bolaños explicó que había tenido la oportunidad de reunirsecon el Consejo General de Colegios Profesionales de Graduados Sociales para escuchar sus reivindicaciones y cómo ven ellos la profesión jurídica que representan.
«Por supuesto, para aceptar las aportaciones que hacen para mejorar el servicio público de la justicia en nuestro país. Ha sido una reunión cordial y les agradezco las aportaciones y ideas que nos han trasladado que, por supuesto, estudiaremos», concluyó.
