En la encrucijada de la sostenibilidad empresarial, la transparencia y la gobernanza fiscal están emergiendo como componentes críticos para fortalecer la integridad y la responsabilidad corporativa en el contexto de los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
En un mundo donde la responsabilidad corporativa está siendo más escrutada que nunca, las empresas están bajo una presión creciente para alinear sus estrategias fiscales con sus compromisos ESG.
Por eso, una gobernanza fiscal eficaz y transparente es indispensable en la era ESG.
No solo asegura el cumplimiento y la optimización fiscal, sino que también se alinea con los valores de sostenibilidad que los consumidores y los inversores demandan cada vez más, según Grant Thornton.
Expertos de la firma destacan que «los factores medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG) se han convertido en un componente vital de los negocios», con un creciente escrutinio sobre las empresas para que alcancen objetivos relacionados con la sostenibilidad.
Y señalan que las empresas que adopten una política fiscal coherente y responsable estarán mejor posicionadas para enfrentar los desafíos futuros y aprovechar las oportunidades que surgen de un compromiso genuino con los principios ESG.
Gobernanza fiscal y confianza pública
La fiscalidad, un motor históricamente clave para los cambios empresariales, ha visto cómo se intensifica su rol con el aumento de los créditos medioambientales y los incentivos fiscales.
En este escenario, la transparencia en la política fiscal se revela como una potente herramienta para que las empresas demuestren su compromiso con la sostenibilidad y fortalezcan la confianza entre el público y los inversores.
Himashini Weeraratne, directora de Fiscalidad de Servicios Financieros y del Grupo de Fiscalidad de ESG de Grant Thornton Australia, subraya la importancia de la gobernanza del riesgo fiscal en la consolidación de esta confianza.
“En Australia, la gobernanza del riesgo fiscal es un aspecto importante de lo que hacemos.
En los últimos tiempos, la ATO (Oficina Australiana de Impuestos) ha asumido un papel decisivo a la hora de contribuir a la transparencia y al buen gobierno de las empresas, lo que entra dentro de la ética de los criterios ESG”.
La evolución de la gobernanza fiscal
La gobernanza fiscal no es un concepto nuevo, pero es un área que sigue evolucionando significativamente.
Los cambios en la legislación fiscal se centran cada vez más en la importancia de los datos, los procesos, los controles y la propia gobernanza.
El proyecto BEPS de la OCDE, que se enfoca en las nuevas normas para contrarrestar la evasión del impuesto de sociedades por parte de las empresas multinacionales, es un claro ejemplo de esta evolución.
Impacto de la mala gobernanza fiscal
Una gestión fiscal deficiente puede tener consecuencias graves, desde un mayor escrutinio por parte de las autoridades fiscales hasta impactos significativos en la reputación de la empresa.
Esto, a su vez, puede repercutir negativamente en la puntuación global de ESG de una organización.
Sam Dean destaca la importancia de una gobernanza adecuada y las consecuencias de no hacerlo: “Incluso estamos viendo cómo las administraciones tributarias recurren a la denuncia pública por diversos problemas de cumplimiento, así que, ¿cuánto tiempo pasará antes de que la mala gobernanza fiscal se convierta en uno de esos problemas?
Eso tendría un enorme impacto en la reputación, no solo de cara a los grupos de interés, sino también frente a los clientes, que cada vez son más exigentes con lo que compran y a quién se lo compran”.
Fiscalidad en la estrategia ESG
Además de los desafíos, existen oportunidades significativas en el marco de la fiscalidad para impulsar la estrategia ESG de una empresa.
Los incentivos fiscales, como créditos, deducciones y exenciones, son herramientas poderosas para fomentar la inversión en soluciones sostenibles.
Igualmente, estas pueden incluir también amortizaciones fiscales aceleradas, bonificaciones fiscales adicionales, tipos impositivos ventajosos, “Vacaciones fiscales” para grandes proyectos o créditos de investigación y desarrollo (I+D), entre otras.
Pierre Docx, asesor fiscal internacional de Grant Thornton Netherlands, describe cómo se están utilizando estos incentivos: “Los Países Bajos han introducido algunas ventajas fiscales en relación con la inversión en activos respetuosos con el medio ambiente o inversiones que supongan un ahorro energético y el uso de fuentes de energía sostenibles».
Y subraya que «La deducción por inversión puede ascender al 45,5 % de los costes de inversión”.
En otros países europeos existen, por ejemplo, el incentivo fiscal Patent Box de Italia (el régimen Super EcoBonus italiano) ofrece la posibilidad de deducir el 110 % de los costes incurridos en relación con los activos subvencionables.
Además, con el Pacto Verde Europeo y los diversos incentivos asociados al mismo, los incentivos aplicados desempeñan un papel importante a la hora de impulsar las inversiones en soluciones sostenibles desde el punto de vista medioambiental.
En última instancia, una estrategia fiscal bien gestionada es una declaración poderosa de la ética y la responsabilidad corporativa de una empresa, elevando su perfil no solo como un ente económico, sino también como un actor vital en la promoción de un futuro sostenible.
