El expresidente catalán Carles Puigdemont cumple su amenaza y acude a Barcelona para acudir al pleno de investidura de Salvador Illa, previsto a las 10:00.
Antes de ese acto, Puigdemont, que no ha sido aún detenido, se ha dirigido a su público.
Sus primeras palabras han sido: «Ya estamos aquí, ya estoy aquí. No vamos a renunciar, no tenemos derecho a renunciar al derecho de autodeterminación».
Lo cierto es que sobre Puigdemont pesa una orden de detención y la previsión es que sea detenido y puesto a disposición del juez instructor del procés, el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, que tiene activa una orden de arresto contra él.
Sería en esa comparecencia de Puigdemont en el Tribunal Supremo, donde, tras casi siete años de fuga, se le comunicaría su procesamiento por los delitos de malversación de fondos públicos y desobediencia al Tribunal Constitucional en el marco del proceso soberanista catalán.
Justo aquí sería el momento de recibir declaración al encausado y de celebrar la audiencia a las partes (la denominada ‘vistilla’) para determinar si procede adoptar contra él alguna medida cautelar.
Posibles escenarios
El escenario de la prisión preventiva de Puigdemont no es, en absoluto, descartable. Como tampoco lo es que Puigdemont solicite un “habeas corpus”, una última carta para tratar de esquivar el ingreso en prisión provisional a la espera de juicio por el 1-O y el procés.
El habeas corpus es un derecho previsto para aquellos casos en los que los detenidos consideren que no hay motivos para estar retenido. Esto obligaría al Juzgado correspondiente -el de guardia que toque- resolver de manera inmediata sobre la libertad de Puigdemont si se aprecia que la detención no tiene el sustento necesario.
Y es algo que tanto Puigdemont como su entorno llevan días preparando, al alegar que su detención al pisar España es «ilegal» y «arbitraria».
