La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo (TS) ha acordado este lunes acumular todas las acciones emprendidas contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la comisión de un presunto delito de revelación de secretos en el marco del caso donde se investiga a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, al tiempo que ha pedido informe a la Fiscalía.
La Sala Segunda acumula a la causa –que arrancó por una querella de Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso, y por una denuncia del Colegio de Abogados de Madrid– una querella de la Fundación Foro y Libertad, una denuncia y otra querella de Manos Limpias, así como la exposición razonada que elevó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
En la misma diligencia de ordenación, el TS pide a la Fiscalía que informe sobre «la competencia y el contenido de las querellas y denuncias formuladas, así como de la exposición razonada elevada por el TSJ de Madrid».
Con todo, la causa queda a la espera del informe que emita el Ministerio Público sobre si deben admitirse a trámite o no estas acciones contra el fiscal general. Una vez recibido dicho informe, será el turno del propio tribunal.
La Sala que estudiará la admisión a trámite o no de estas acciones estará formada por los magistrados Manuel Marchena, como presidente de la misma; Susana Polo, como ponente; y Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.
Alberto González Amador, la pareja de Díaz Ayuso, llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el presunto caso de fraude fiscal en el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.
Una decisión del Supremo que llega tras el TSJM
Fue el pasado 15 de julio cuando el TSJM elevó al Supremo la causa en relación a la querella de González Amador para que decida si imputa a García Ortiz por la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por funcionarios.
«Nos encontramos ante la tesitura de que la cabal prosecución de las presentes diligencias, haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de los hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz», indicaba el magistrado Francisco José Goyena en su exposición razonada.
En la resolución, el magistrado del TSJM recalcaba que la difusión de la nota «no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal» como era desmentir un bulo, pues «aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la Prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros».
