El ‘Plan de acción por la Democracia’ aprobado este martes por el Consejo de Ministros plantea crear un registro de medios de comunicación para conocer sus propietarios y la publicidad que reciben, promete aumentar la transparencia institucional y apuesta por perseguir la desinformación con reformas legales.
Igualmente, propone una «reforma integral del Código Penal» para tratar «los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y también que se produzcan contra sentimientos religiosos», según ha señalado en la rueda de prensa del Consejo el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.
Según ha indicado, el objetivo es adecuar el Código Penal español «al Derecho de la UE» y ajustarlo en lo relativo a estos delitos «a lo que es la última jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos».
El proyecto, que incluye 31 medidas y que se plantea ejecutar en los tres años que quedan de legislatura, recoge medidas prometidas desde hace años a los socios parlamentarios, como la reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado u ofensas a los sentimientos religiosos, o la actualización de la ley de secretos oficiales.
El objetivo, ha manifestado el ministro Félix Bolaños, es ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del «ecosistema informativo»; y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.
Entres las propuestas novedosas, se plantea diversas reformas legales para establecer la obligación de celebrar anualmente el debate del estado de la nación, celebrar también debates electorales o publicar todos los microdatos de las encuestas electorales.
Transparencia en los medios
En el área de los medios de comunicación, el Gobierno quiere que se deba publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas y reformar la Ley de Publicidad Institucional para introducir «criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación», garantizar sistemas imparciales de medición de audiencias y apoyar a los medios en lenguas cooficiales.
Apuesta por limitar la financiación que las administraciones públicas pueden dedicar a los medios de comunicación, «para que no haya medios impulsados por o dependientes de administraciones públicas», y revisará además el marco regulatorio para «garantizar el pluralismo evitando la concentración de los medios de comunicación».
Entre las reformas previstas en ese área propone también reformar la ley de secreto profesional de los periodistas y también el artículo de la llamada ley mordaza que sanciona el uso de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Contra la desinformación
El plan incluye aprobar una Estrategia Nacional de lucha contra las campañas de desinformación y reformar la Ley Orgánica de Derecho al Honor de 1982 y la Ley Orgánica de Derecho a la Rectificación de 1984, para mejorar el sistema que permite rectificar noticias «falsas o abiertamente tendenciosas», con indemnizaciones y plazos adecuados.
Con la reforma de ambas leyes se buscará «garantizar que los tribunales puedan dar una respuesta ágil y efectiva a cualquier difamación que se publique en un medio o pseudomedio de comunicación«, ha puntualizado Bolaños. También reformará la ley de Secretos Oficiales.
En este apartado se incluye la reforma de los delitos del Código Penal que pueden afectar a la libertad de expresión, en concreto los que se refieren a las instituciones del Estado, los sentimientos religiosos o el escarnio público.
Junto al programa de 100 millones de euros para promover la digitalización de los medios, se dotará a la Comisión Nacional de Mercados y Competencia para que cuente con competencias en materia de servicios digitales y medios de comunicación.
