Ley mordaza

El SUP reclama que se tenga en cuenta a los sindicatos de la Policía Nacional en la elaboración de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Un plan de prevención de suicidios en la Guardia Civil; igualdad en medios, derechos y retribuciones con las policías autonómicas; y que se dé marcha atrás a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, entre ellas.

Las críticas se han centrado durante la marcha en la gestión del ministro del Interior pidiendo recurrentemente su dimisión.

Denuncian que "las reformas que plantea el Gobierno son un ataque al concepto de agentes de la autoridad que protege a guardias civiles y policías".

El TC ha establecido que la prohibición de grabar o hacer fotos a agentes de la autoridad es anticonstitucional. Otra cosa es su difusión.

Durante el estado de alarma se han impuesto más de un millón de propuestas de sanción en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.

Nueve de los acusados afrontan una pena de dos años de prisión por un delito de desórdenes públicos y otros cuatro por atentado a la autoridad

Los sindicatos mayoritarios de la Policía están en frontal desacuerdo con la instrucción de Interior que dice que "la mera toma de imágenes o el tratamiento de los datos de los agentes no constituye infracción si no representa un riesgo o peligro para ellos, su familia, las instalaciones o las operaciones policiales".

Hasta 7 sindicatos advierten en Confilegal que "despachando el asunto con una sanción económica irrisoria estamos dándole vidilla a estos agresores".