Jucil, Jupol y Jusapol convocan una manifestación para el 27 de noviembre en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana

La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la mayoritaria en el Consejo de la Benemérita, y el sindicato Justicia Policial (Jupol), mayoritario en el Consejo de la Policía, han convocado para el próximo 27 de noviembre una manifestación en Madrid contra la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, denominada por sus detractores ‘Ley Mordaza’.

La convocan al amparo de la plataforma ciudadana Jusapol, de la que nacieron ambas.

Denuncian que «las reformas de la citada ley que plantea el Gobierno son un ataque al concepto de agentes de la autoridad que protege a guardias civiles y policías». «Más que ‘Ley Mordaza’ habría que llamarla Ley de rendición y sumisión del Estado de Derecho», manifiesta a Confilegal Agustín Leal, secretario de comunicación de Jucil.

La manifestación llevará por lema «No a la inseguridad ciudadana». En los próximos días informarán de la hora a la que arrancará y su recorrido.

Sus promotores han invitado a sumarse a ella a todos los sindicatos de la Policía Nacional, de policías locales y autonómicas y a las asociaciones de la Guardia Civil. La Confederación Española de Policía (CEP) y la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) han informado que se sumarán.

Jucil denuncia que los cambios que prevé el Gobierno en la Ley de Seguridad Ciudadana «provocarán un aumento de la violencia» hacia los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante su actividad profesional.

Afirma los cambios que han trascendido, entre ellos «los referidos a que se autorice a grabar a los agentes en su actuación profesional, así como que se vea cuestionada la presunción de veracidad de los mismos, son una aberración jurídica que conllevará consecuencias irreparables».

«El Ejecutivo plantea que la mera toma de imágenes en lugares de tránsito y manifestaciones, o su mera difusión, no constituirá infracción; y que el atestado policial perderá presunción de veracidad si los hechos en él consignados no resultan coherentes, lógicos y razonables, salvo prueba en contrario», precisa Leal.

Frente a esto último subraya que «no se ha de poner duda la declaración de veracidad de los agentes, y que lo contrario, además de debilitar el Estado de Derecho, causará un grave perjuicio y un atasco en la administración de Justicia».

Otros de los principales cambios que plantea el Gobierno, según explica el secretario de comunicación de Jucil, son que «las personas que se nieguen a identificarse podrán ser retenidas hasta dos horas, antes era hasta 6; que después de ser indentificada, la persona debe ser devuelta al lugar donde se inició la intervención; que las manifestaciones de carácter espontáneo no tendrán que ser comunicadas previamente; que en los cacheos, en el marco de una actuación policial no se dejará a la vista la totalidad del cuerpo; y que para la cuantía de multas se tendrá en cuenta la capacidad económica individual de cada persona».

A ellos se suman, añade, «que la tenencia de sustancias estupefacientes pasará a ser infracción leve, antes era infracción grave; respecto al material antidisturbios, que se utilizará siempre el medio menos lesivo evitando que causen lesiones irreparables; y que en el DNI se incorporarán las diversas lenguas cooficiales propias del lugar de residencia».

Respecto al límite de dos horas para la retención y que la persona tenga que ser devuelta al lugar, Jucil indica que «causará un grave perjuicio a la seguridad ciudadana, ya que mermará el número de efectivos policiales, ya de por sí escaso, y la atención a emergencias de todo tipo».

En cuanto a que las manifestaciones espontáneas no deban ser comunicadas, afirma que «provocará graves disturbios y limitará el tiempo de reacción de los agentes, lo que podrá ser utilizado por grupos antisistema para causar el caos en las vías públicas».

Sobre que en los cacheos no se pueda dejar a la vista «parte del cuerpo», dice que «provocará en un momento dado que manifestantes violentos puedan portar algún tipo de arma y no ser detectada a tiempo por las Fuerzas de Seguridad».

En relación a que se rebaje la pena por tenencia de estupefacientes, Jucil advierte que «conllevará a que aumente el tráfico y consumo de drogas». Respecto al material antidisturbios, señala que «a día de hoy la Guardia Civil y la Policía Nacional ya utilizan el menos lesivo», y que la restricción del uso de pelotas antidisturbios «llevará a un aumento de las agresiones a agentes por parte de individuos violentos que no solo les agreden con adoquines y piedras, sino que en ocasiones también con cócteles molotov, como ya hemos visto en los últimos disturbios en Barcelona, donde llegaron incluso a intentar quemar vivos a agentes del orden».

Respecto a una posible autorización para grabar a los agentes en su actuación profesional, manifiesta que «cuando los guardias civiles y policías sean reconocidos en su esfera personal por esas grabaciones, o se ponga en duda su presunción de veracidad, originará, además de una indefensión en su esfera personal, un bloqueo administrativo de consecuencias muy graves que tardarán en subsanarse». 

Según Jucil, «con la mermada legislación y medios que ya de por sí facilita la administración a los agentes de la autoridad, les será muy difícil llevar a cabo sus labores de seguridad ciudadana y proteger la libertad de los españoles». «El pueblo español ha de pensar el futuro que quiere, en su mano está hacer que los políticos actúen con la responsabilidad que conlleva su cargo», concluye Agustín Leal.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, conoció ayer de primera mano lo que Jupol piensa de esta reforma, durante la reunión que mantuvo con este sindicato dentro de una ronda de contactos con los sindicatos y asociaciones representantes de los agentes, que comenzó con Jupol. El anuncio de la movilización lo hicieron a la salida de la reunión.

El secretario general de Jupol, Aarón Rivero, transmitió a Marlaska su «oposición frontal y absoluta» a la derogación de algunos artículos de esta Ley, aprobada en 2015 con la mayoría absoluta del PP.

Para Jupol, la derogación anunciada por PSOE y Unidas Podemos supone «un ataque frontal a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y la eliminación por completo del principio de autoridad que debe regir en los cuerpos policiales de cualquier estado democrático».

El secretario general de Jupol ha denunciado ante el ministro que «esta derogación únicamente se corresponde con criterios políticos, que en ningún caso se ha tenido en cuenta la opinión de los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad», y ha advertido que si se lleva a cabo la derogación, los agentes «quedarán de nuevo a los pies de los caballos, indefensos ante los violentos y los delincuentes, que son los únicos a los que beneficia el anuncio del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos”.

«Esta derogación busca limitarnos ante los violentos, reducir nuestra operatividad para apaciguar la violencia en las calles y pone el foco delictivo en los policías y guardias civiles, en vez de en los delincuentes y los violentos”, critica Jupol. «Supone un ataque sin precedentes al principio de autoridad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en favor de los manifestantes violentos y los delincuentes», sentencia.

Según manifiesta, las reformas de la Ley de Seguridad Ciudadana que plante el Ejecutivo dejan a los agentes «sin principio de autoridad, pero también sin medios para poder frenar la violencia, para evitar el saqueo de la propiedad privada y el destrozo sistemático de las calles en las que se producen manifestaciones violentas».

«Nos deja también sin derecho a la intimidad permitiendo que nuestros enemigos puedan difundir nuestra imagen, poniendo en grave riesgo nuestra integridad física y la de nuestras familias», denuncia también Jupol, y destaca que esta situación encima se produce en el momento que más atentados contra la autoridad se cometen en España. Una cifra que se incrementa día a día, y que, según informa, actualmente registra una media de más de 20 agresiones a policías diarias en nuestro país».

Una situación en la que, a juicio de Rivero, el Ministerio del Interior, lejos de ponerse del lado de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil parece que prefiere mostrar su apoyo a los que atacan a los agentes, a los que les pegan palizas por cumplir con su trabajo, insultan a sus hijos en sus colegios, les lanzan piedras y adoquines o les embisten con vehículos.

Desde Jupol también se ha afeado la criminalización de la Policía que, a su parecer, «se está haciendo en los últimos tiempos desde varios sectores del Gobierno de España, siendo el último ejemplo el anuncio de la creación de la Oficina Nacional de Garantías de los Derechos Humanos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

Para Rivero, la propuesta de creación de esta oficina “es un insulto a la labor encomiable que llevan a cabo día a día todos los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, siendo, además, las instituciones más valoradas por la ciudadanía”.

El secretario general de JUPOL ha señalado al ministro que «en España ya existen los mecanismos necesarios para depurar cualquier tipo de responsabilidad ante una hipotética mala praxis policial» y ha calificado de «muy grave que desde el Gobierno se intente debilitar la imagen de la Policía Nacional y del resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

«Una situación que confronta con el trabajo de otros gobiernos europeos como por ejemplo el francés que está arropando y protegiendo el trabajo policial, mientras en España se pone el foco criminal sobre el trabajo policial», ha indicado Rivero.

LAS REIVINDICACIONES DE JUPOL Y JUCIL

Por otro lado, Jupol y Jucil han trasladado al Marlaska un dossier en el que se detallan las principales líneas de trabajo y reivindicaciones de ambas organizaciones, como «la consecución de la equiparación real y absoluta de las nóminas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil con las policías autonómicas y la necesidad de subsanar las cinco brechas salariales aún existentes entre los diferentes cuerpos policiales: sueldo mensual, pagas extraordinarias, retribución por asistencia a juicios, horas extraordinarias y segunda actividad y jubilación anticipada».

Unas brechas salariales que, según afirman, podrían ser subsanadas si el Gobierno de España procede a la reactivación de la Iniciativa Legislativa Popular propuesta por Jusapol y que fue «vetada en el Congreso de los Diputados, en marzo de 2020, con los votos de PSOE y de Unidas Podemos».

Jupol también ha transmitido a Marlaka otras preocupaciones surgidas en el seno de la Policía Nacional, como «la necesidad» de proceder a la declaración de Zona de Especial Singularidad de Cataluña y del Campo de Gibraltar, la puesta en marcha de nuevas especialidades en grupos de la Policía Nacional (GAC, Extranjería, Judicial, etc.), la provisión de vestuario adecuado, la creación de una nueva jornada laboral «más efectiva y justa» a través del conocido como turno 6 x 6 o la implantación de un seguimiento médico-psicológico de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

Jucil, por su parte, también denuncia que los integrantes de la plantilla de esta institución «continúan sometidos al Código Penal Militar en su servicio policial y en su vida diaria, una normativa que vista desde el siglo XXI», según esta asociación, «resulta arcaica, abusiva, discriminatoria y arbitraria», y pide que no se aplique en labores policiales y personales de los agentes.

Jucil denuncia, asimismo, «el abandono que sufren los guardias civiles por parte de la administración, con horas extraordinarias excesivas, jornadas prolongadas sin el correspondiente periodo de descanso entre cada una de ellas, y con calendarios cambiantes que hacen difícil la conciliación de la vida personal y laboral».

Además, destaca el elevado índice suicidio de guardias civiles, «una lacra frente a la que exige que la administración ponga freno con urgencia y de forma eficaz».

También critica «la escasa formación ofrecida; el estado de ruina de algunas instalaciones, sobre todo las situadas en ‘la España vaciada’;  y la arbitrariedad que aún preside los cambios de destino, comisiones de servicios o condecoraciones». Frente a ello, luchará «por meter a la Guardia Civil de lleno en el siglo XVI».