La asociación Justicia para la Guardia Civil (Jucil), la mayoritaria en el Consejo de la Benemérita, denuncia que «los cambios que prevé el Gobierno en la Ley de Seguridad Ciudadana, llamada por algunos ‘Ley Mordaza’, provocarán un «aumento de la violencia» hacia los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante su actividad profesional.
Jucil afirma los cambios que han trascendido, entre ellos «los referidos a que se autorice a grabar a los agentes en su actuación profesional, así como que se vea cuestionada la presunción de veracidad de los mismos, es una aberración jurídica que conllevará consecuencias irreparables».
Esta asociación denuncia que «no se hayan tenido en cuenta la opinión de los agentes de la autoridad que desde la calle, desde la experiencia diaria acumulada durante años, pueden ofrecer para que esta Ley no se convierta tras esta reforma parlamentaria que se anuncia en una nueva merma del ‘principio de autoridad’, ya muy reprimido como consecuencia de algunas acciones políticas de la actual Administración, en concreto del Ministerio del Interior».
“El ejercicio del mando debe de ir unido a la responsabilidad”, destaca esta asociación profesional con mayor respaldo entre los guardias civiles en las últimas elecciones al Consejo de la Guardia Civil.
El secretario de comunicación de Jucil, Agustín Leal, señala que las modificaciones que plantea el Gobierno «responden más a criterios políticos que a jurídicos», y advierte que «lo único que se conseguirá con ellas es desproteger, más todavía si cabe, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el Estado en su labor profesional».
Leal recuerda que “últimamente está habiendo un aumento de las agresiones a guardia civiles y policías, en forma de delitos de atentado con lesiones», que ascienden a una media de 30 diarias, y afirma que «el Gobierno, con esta propuesta de modificación, lo único que conseguirá será limitar las actuaciones policiales, lo que provocará un aumento de la violencia en las mismas hacia los agentes».
“Con esta modificación, se vuelve a dar otra vuelta de tuerca para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se sientan más vulnerables», critica el secretario de comunicación de Jucil.
Respecto a una posible autorización para grabar a los agentes en su actuación profesional, manifiesta que «cuando los guardias civiles y policías sean reconocidos en su esfera personal por esas grabaciones, o se ponga en duda su presunción de veracidad, originará, además de una indefensión en su esfera personal, un bloqueo administrativo de consecuencias muy graves que con el tiempo habrá que modificar”.
“Si se menoscaban las funciones de los guardias civiles y policías, difícilmente podremos garantizar la seguridad de los ciudadanos, proteger su libertad y dar el auxilio y el apoyo que necesitan los jueces y los tribunales de Justicia en defensa de la Ley”, destaca Jucil.
Esta asociación señala que la libertad se asegura «en cuatro principios básicos que se conquistan de forma paulatina: La seguridad física, protegida por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado da paso a la seguridad jurídica, que abre el camino a la seguridad económica y a la prosperidad y con ella se garantiza el acceso a la formación y a la cultura para todos”.
Jucil señala que “hemos de pensar qué futuro queremos». “En nuestra mano está hacer que el poder político actúe con la responsabilidad que conlleva su cargo. Mientras tanto, los guardias civiles y los policías nacionales serviremos y protegeremos a los ciudadanos, aún con los pocos medios de los que disponemos en muchas ocasiones y con la mermada legislación que nos facilita el poder político” manifiesta.
Esta asociación también subraya que “la seguridad de los ciudadanos ha de ser la máxima que podamos permitirnos como sociedad, y no ha de servir para intercambiar ni sostener cuotas de poder político», lo cual «sería de una irresponsabilidad sin paragón ni límite por parte de nuestros dirigentes”, advierte.
Jucil ha pedido reuniones con la mayoría de los grupos parlamentarios para trasladarles de primera mano qué opinan los agentes sobre los cambios que prevé el Gobierno.
Jucil se creó en el 2018 «con el objetivo de defender los intereses y derechos de los agentes de la Benemérita y los del propio Instituto armado ante las instituciones y las administraciones públicas».
Nacida de Jusapol, el colectivo de policías y guardias civiles de toda España que demanda la equiparación salarial con las policías autonómicas, Jucil cuenta en la actualidad con más de 12.000 afiliados.
En las últimas elecciones al Consejo de la Guardia Civil, celebradas los pasados 26 y 27 de octubre, se convirtió en la asociación mayoritaria en este órgano, con 6 delegados de un total de 16 integrantes de este ente consultivo, y la única con representación en dos de las tres escalas existentes.
