«Aquí yace media España; murió de la otra media» — Mariano José de Larra, El día de difuntos de 1836.
Hay una sala en el Museo del Prado donde no se oye hablar a nadie.
Es la de las Pinturas negras, y quien haya entrado alguna vez sabe que el silencio no es reverencia: es incomodidad.
Allí, entre el aquelarre y los viejos comiendo sopa, cuelga una pintura de poco más de un metro de alto, trasladada después a lienzo, en la que dos hombres se apalean con garrotes en mitad de un paraje vacío.
No hay público, no hay padrinos, no hay causa visible. Solo dos figuras hundidas en la tierra hasta las rodillas, condenadas a golpearse sin poder huir y sin poder vencer.
El inventario de los bienes de Goya lo llamó Dos forasteros; hoy todos lo conocemos como el Duelo a garrotazos, y dos siglos después de pintado sigue siendo el espejo más incómodo que tiene este país.
Goya no lo pintó para nadie.
Lo pintó hacia 1820-1823 sobre el revoco de la pared de su propia casa, la Quinta del Sordo, una finca junto al Manzanares que había comprado en 1819.
Tenía más de 70 años, estaba sordo desde hacía décadas y había visto lo que un país puede hacerse a sí mismo: la guerra contra el francés, el hambre de Madrid, la restauración absolutista, las delaciones, los exilios.
No había encargo, ni cliente, ni esperanza de exposición.
Pintó aquello en las paredes de su casa como quien escribe un diario que no piensa enseñar. Por eso las Pinturas negras dicen la verdad: porque no fueron pintadas para agradar a nadie.
Cuando un artista pinta para el poder, halaga; cuando pinta para el mercado, seduce; cuando pinta para sí mismo, confiesa.
Y lo que Goya confesó en aquella pared es que conocía a su país.
Sabía que el duelo español no es un duelo de honor, con reglas, testigos y amanecer: es un apaleamiento sin término, en el que los contendientes están tan ocupados en golpearse que no advierten que el terreno los va tragando.
Escribo estas líneas en julio de 2026 y no encuentro en toda la historia del arte una imagen más exacta de lo que estamos viviendo.
El cuadro de estos días
Repasemos el paisaje, no como catálogo de agravios sino como diagnóstico.
El 22 de junio, el Tribunal Supremo condenó a José Luis Ábalos, exministro y exsecretario de Organización del partido del Gobierno, a 24 años de prisión por liderar una organización criminal, con cohecho, malversación y tráfico de influencias en el corazón mismo del Estado; 19 años para su asesor.
Su sucesor en la secretaría de Organización, Santos Cerdán, sigue investigado por el supuesto cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública, en una rama de la misma trama aún en instrucción.
En noviembre, el fiscal general del Estado fue condenado por el Supremo por revelación de datos reservados y dimitió: nunca había ocurrido algo así, en nuestra historia democrática, con el máximo responsable del Ministerio Público en ejercicio.
El 16 de julio, la Audiencia Provincial de Madrid confirmó la continuación del procedimiento ante el Tribunal del Jurado contra la esposa del presidente del Gobierno por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación.
Y en la Audiencia Nacional, el instructor del caso de las llamadas cloacas ha reclamado los programas de cumplimiento normativo del partido gobernante, paso procesal previo a valorar su eventual imputación como persona jurídica.
Cada una de esas piezas, aislada, sería un escándalo mayúsculo en cualquier democracia homologable.
Juntas componen algo distinto: un cuadro.
«Una oposición que sustituye la alternativa por la demolición, que presenta cada investigación como condena anticipada y que confía su programa al desgaste judicial del adversario también empuña el garrote».
Y lo que hace ese cuadro verdaderamente goyesco no es la acumulación, sino la respuesta. Porque frente a semejante inventario, la contabilidad de las dimisiones políticas voluntariamente asumidas por el Gobierno arroja un resultado exacto: cero.
Un resultado que desentonaría en cualquier democracia habituada a distinguir la responsabilidad penal de la política.
La única salida reseñable, la de la directora general de la Agencia Tributaria, fue presentada como un relevo voluntario solicitado meses atrás, con el Ministerio de Hacienda insistiendo en que no había dimisión ni crisis alguna, mientras la oposición la vinculaba a las comisiones de investigación pendientes.
Quizá sea cierta la versión oficial. Pero que la única marcha de estas semanas haya tenido que explicarse como no-dimisión dice más del clima general que cualquier editorial.
Conviene dejar sentado desde ahora lo que esto no es.
No es antisocialismo: quien esto escribe es un liberal que ha discrepado del socialismo toda su vida por las vías civilizadas del argumento, y que ha criticado en estas mismas páginas, con idéntica dureza, a la Casa Blanca de Trump y a medio espectro político más. No se discute aquí la presunción de inocencia, sino la existencia autónoma de la responsabilidad política.
Lo que se invoca es otra cosa, más antigua y más simple: higiene democrática. Las democracias no se miden por la ausencia de escándalos, que ninguna ha logrado, sino por la velocidad y la calidad de su respuesta ante ellos.
Nada de esto convierte al otro contendiente en espectador inocente.
Una oposición que sustituye la alternativa por la demolición, que presenta cada investigación como condena anticipada y que confía su programa al desgaste judicial del adversario también empuña el garrote.
Pero la existencia de un segundo exceso no neutraliza el primero ni exonera a quien ocupa el Gobierno: quien administra el Estado soporta una responsabilidad institucional cualitativamente mayor.
Cuando el garrote entra en el cuartel
Hay, sin embargo, un episodio de estos días que merece capítulo aparte, porque señala un salto cualitativo: el garrotazo ha entrado en el cuartel.
Esta semana se han publicado las grabaciones de una conversación mantenida en la primavera de 2025 entre el teniente general jefe del Mando de Operaciones de la Guardia Civil —el número dos de la cadena operativa del instituto— y el entonces general jefe de la Zona de Madrid, Fernando Mora.
El trasfondo: la orden, transmitida desde la cúpula, de no asistir a los actos institucionales del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid.
El general Mora respondió invocando que el honor es la divisa de la Guardia Civil, que la institución estaba siendo instrumentalizada en una batalla política y que su obligación era preservar la neutralidad del cuerpo.
La réplica de su superior no fue un argumento: fue una sucesión de exabruptos, insultos y amenazas que no reproduciré aquí, no por pudor sino por respeto al uniforme que ambos vestían.
«Un Estado puede sobrevivir a la corrupción de sus políticos; le cuesta mucho más sobrevivir a la politización de sus instituciones neutrales».
El lector puede encontrarlos en la prensa; le bastará saber que ninguno de aquellos improperios se refería al servicio, a la seguridad ciudadana ni al interés general.
Un Estado puede sobrevivir a la corrupción de sus políticos; le cuesta mucho más sobrevivir a la politización de sus instituciones neutrales.
La Guardia Civil, como la Agencia Tributaria, como la Fiscalía, pertenece a esa categoría de órganos cuya utilidad entera descansa sobre una sola premisa: que sirven al Estado y no al Gobierno de turno.
Cuando esa premisa se resquebraja —cuando un general debe invocar su honor para resistir una orden que percibe como partidista, y recibe a cambio amenazas de un superior—, el daño no se mide en titulares: se mide en la confianza que los ciudadanos depositan en el uniforme.
Y esa confianza tarda generaciones en construirse y una legislatura en dilapidarse.
El general Mora pasó este año a la reserva tras 45 años de servicio; en su despedida pidió a los guardias jóvenes que no se dejaran manipular.
Que un mando tenga que decir eso en voz alta, en un acto oficial, es en sí mismo el diagnóstico. La ausencia de responsabilidades políticas ya no sirve aquí solo para proteger a personas: empieza a normalizar que las instituciones sean arrastradas al combate.
Higiene democrática, no presunción de inocencia
Sostuve hace unas semanas, en estas mismas páginas, que la diferencia entre las democracias sanas y las erosionadas no está en la existencia del escándalo sino en la respuesta institucional, y que la responsabilidad política es un estándar autónomo, más exigente y más rápido que el penal.
No voy a repetir aquel argumento; voy a constatar su fracaso.
Aquella columna, como tantas otras de tantos otros, tenía un destinatario implícito: la clase política, a la que se suponía capaz de reaccionar si se le mostraba el espejo.
El espejo se le ha mostrado por activa y por pasiva —los tribunales, la prensa, las comisiones de investigación, las encuestas— y la respuesta ha sido perfeccionar el arte de no darse por aludida.
La responsabilidad penal exige prueba, contradicción y sentencia firme; y así debe ser, porque en el proceso penal está en juego la libertad.
La responsabilidad política exige otra cosa: que quien ha designado, sostenido o amparado a los protagonistas del inventario anterior extraiga consecuencias, aunque él mismo no haya delinquido. Dimitir no es confesar.
En las democracias que funcionan, dimitir es exactamente lo contrario: es la manera de proclamar que la institución vale más que su titular.
Por eso allí dimiten también los inocentes, y por eso aquí no dimite nadie: porque hemos invertido el significado del gesto hasta convertir la permanencia en presunción de inocencia y la salida en admisión de culpa. Es una inversión letal.
Un sistema donde nadie se va nunca es un sistema incapaz de reparar la confianza pública.
El grito equivocado
Y aquí conviene mirar de frente el argumento contrario, que es serio y merece respeto.
Primero: la presunción de inocencia es real, y varios de los procedimientos citados pueden terminar en absolución; instruir no es condenar, y este país conoce bien instrucciones ruidosas que acabaron en nada.
Segundo: el Gobierno conserva su legitimidad parlamentaria mientras la Cámara no se la retire, y en democracia los gobiernos se cambian en las urnas, no en los editoriales. Tercero, y más importante: el hartazgo indiscriminado es un combustible peligroso.
Diciembre de 2001, Argentina: el «¡que se vayan todos!» coreado en las plazas se llevó por delante un gobierno y produjo cinco presidentes en dos semanas, pero no regeneró la política argentina; la dejó exhausta y disponible para cualquier oferta demagógica.
El grito que vacía la plaza nunca elige quién vuelve a llenarla.
Precisamente por eso la respuesta no puede ser la antipolítica. Tiene que ser la sociedad civil organizada, que es su contrario exacto. La antipolítica grita; la sociedad civil articula.
Pienso en los colegios profesionales, en las reales academias, en las asociaciones judiciales y fiscales de todo signo, en las universidades, en las organizaciones empresariales y sindicales, en las fundaciones cívicas: el tejido intermedio que en otras democracias ejerce de sistema inmunitario y que en España ha sido históricamente débil, en parte porque nuestra tradición política lo ha mirado siempre con recelo, cuando no lo ha colonizado directamente.
Los inspectores de Hacienda alzando la voz, estas mismas semanas, contra lo que consideran una amenaza a la integridad de la Agencia son un ejemplo reciente de ese anticuerpo funcionando.
Hacen falta muchos más, y coordinados, y con nombres al frente. Y con tareas precisas: pronunciamientos conjuntos, compromisos públicos sobre neutralidad institucional y una exigencia sostenida de rendición de cuentas que no dependa del color del Gobierno.
Defendí la semana pasada que España es una historia de éxito que no sabe contarse, y que aquello sobre lo que más discutimos los españoles es lo más valioso que tenemos.
Mantengo cada palabra, y añado hoy la advertencia complementaria: las historias de éxito no están aseguradas contra su propio final.
La Transición fue posible porque unas élites políticas estuvieron a la altura de una ciudadanía madura.
Medio siglo después, la ecuación se ha invertido: es la ciudadanía madura la que tendrá que estar a la altura de unas élites que no lo están.
Eso exige liderazgos sociales con rostro y con firma, dispuestos a decir basta sin romper el tablero: a exigir responsabilidades sin limitarse a pedir cabezas, a reclamar elecciones sin conformarse con un plebiscito vacío, a coadyuvar a construir consensos sólidos y no nuevas guerrillas interminables, a promover la regeneración sin confundirla con la venganza.
Los enterrados fuimos nosotros
Vuelvo al Prado, porque el cuadro guarda una última lección, y es la mejor.
Durante siglo y medio, todos —críticos, historiadores, articulistas— hemos leído el Duelo a garrotazos como la imagen del fatalismo español: dos hombres enterrados hasta las rodillas, condenados por el propio pintor a no poder escapar de su pelea.
Pues bien: los estudios radiográficos de la obra y las fotografías tomadas antes de arrancar la pintura del muro revelaron que Goya no los enterró.
En el original, los dos contendientes estaban de pie sobre un prado de hierba. Fue durante el traslado del revoco al lienzo, entre pérdidas de materia y repintes, cuando las piernas quedaron ocultas y nació la apariencia de una condena que después atribuimos al pintor.
La metáfora es tan perfecta que parece inventada, y no lo es. Goya pintó a dos hombres que se apaleaban pudiendo dejar de hacerlo: estaban sobre hierba, tenían piernas, podían marcharse.
El entierro se lo añadimos después, y llevamos siglo y medio contemplándolo como si fuera destino. Con el país ocurre exactamente lo mismo.
No hay maldición histórica que condene a España a la riña perpetua, ni determinismo que obligue a contemplarla con los brazos cruzados. El barro no lo pintó Goya: lo pusimos nosotros. Y lo que se puso, puede quitarse.
Larra enterró media España con la otra media y se quitó la vida a los 27 años, convencido de que no había salida. Goya, más viejo y más sabio, dejó a sus dos hombres sobre la hierba, en pie, con la pelea aún abierta y la retirada aún posible.
Entre el epitafio de Larra y el prado de Goya se juega ahora mismo nuestra suerte. Los dos del cuadro no van a soltar el garrote por sí solos: llevan dos siglos demostrándolo.
Tendrá que entrar en el cuadro el personaje que Goya no pintó —el país entero que mira—, no para repartir más golpes, sino para quitárselos de las manos.
