La asociación profesional Justicia Guardia Civil (Jucil) ha solicitado a la Audiencia Nacional que investigue la filtración de un fichero de casi 500 páginas que contiene datos personales de agentes de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de miembros de las Fuerzas Armadas.
Jucil ha presentado una denuncia ante la Audiencia Nacional con el objetivo de determinar «quién obtuvo los datos, de dónde proceden, quién participó en la elaboración del documento, quién lo difundió y cuál era la finalidad perseguida con esta recopilación masiva de información», según ha informado este lunes en una nota de prensa.
La asociación pretende que se depuren las posibles responsabilidades penales derivadas de estos hechos y ha solicitado, además, la adopción de «medidas cautelares urgentes» para impedir que el documento continúe circulando.
En concreto, reclama que se proceda a su retirada o bloqueo allí donde resulte posible y que, al mismo tiempo, se preserve «toda la prueba digital necesaria» para poder identificar a los responsables.
Riesgo para los agentes de Guardia Civil y sus familias
Jucil ha explicado que el fichero contiene información que permite «identificar, localizar o contactar» con agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y miembros de las Fuerzas Armadas.
Por ello, ha pedido que se valore específicamente el riesgo que la difusión de estos datos puede representar tanto para los agentes afectados como para sus familias.
La asociación ha advertido de que «un archivo de estas características puede facilitar labores de localización, vigilancia, ingeniería social, intimidación o selección de objetivos».
En este sentido, Jucil ha defendido que la protección de los agentes de la Guardia Civil «no puede quedarse únicamente en declaraciones públicas».
Un posible acceso ilícito a bases de datos
La asociación también reclama que se investigue específicamente el origen de determinados datos incluidos en el archivo y que se determine si pudo producirse «algún acceso ilícito a sistemas, dispositivos, cuentas o bases de datos».
Asimismo, considera necesario esclarecer toda la cadena de actuaciones que habría permitido elaborar y difundir el fichero, desde la obtención de la información hasta su publicación y distribución a través de distintos canales.
El secretario general de Jucil, Ángel Lezcano, ha reclamado la intervención de unidades policiales especializadas, así como que se investiguen los canales y perfiles utilizados para difundir el documento.
También ha solicitado que se preserve la información disponible en Telegram y que se determine la identidad de todas las personas que pudieran haber participado en la obtención, elaboración o distribución del fichero.
«Cuando existe un posible riesgo, hay que utilizar todos los instrumentos legales disponibles y exigir una respuesta de las instituciones», ha señalado Lezcano.
«La seguridad y la intimidad de nuestros compañeros guardias civiles y de sus familias no pueden convertirse en moneda de cambio ni quedar expuestas impunemente en Internet», ha concluido.
