El coronel José Daniel Baena, cuyo nombre figuraba en la «libreta azul» de la ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez, vincula sus reuniones con el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, a la fuga de información sensible sobre su labor investigadora y reclama la condición de perjudicado directo en el ‘caso cloacas’.
El coronel de la Guardia Civil José Daniel Baena Sánchez, de la mano de su abogado, José María Fuster-Fabra Torrellas, ha dado un paso al frente en una de las causas más sensibles que se instruyen en la Audiencia Nacional.
Ayer viernes su defensa presentó un escrito de personación como acusación particular en el procedimiento que dirige el Juzgado Central de Instrucción número 5 contra Leire Díez, al considerar que el coronel es «perjudicado directo» de los hechos investigados.
Reuniones de Leire Díez y Gonzalo Boye
El eje de la personación es la relación entre Leire Díez y Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont.
Según el escrito, antes del verano de 2024 se celebraron reuniones protagonizadas por Díez con el letrado, «orientadas a la obtención de información relativa a investigaciones judiciales en curso, entre ellas la causa Voloh».
En esos encuentros, con presencia de personas del entorno de Junts, se habrían manejado referencias a los profesionales implicados, lo que supuso —según la defensa— «una circulación de información sensible relativa a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».
Ese contacto adquiere especial relevancia a la luz de la documentación intervenida a la propia Díez: en la denominada «libreta azul» analizada por la Unidad Central Operativa (UCO) figuraba la anotación «Baena Daniel Jefe Comandancia«, y su nombre aparecía «entre los objetivos identificados en relación con actuaciones de carácter judicial y policial».
Es, sostiene el letrado, la prueba de una «afectación directa e individualizada» que justifica su condición de perjudicado.
El origen: la causa Voloh
El relato de hechos arranca en la trayectoria investigadora de Baena. Siendo teniente coronel, dirigió pesquisas judiciales sobre el proceso independentista catalán y sus «eventuales conexiones internacionales», entre ellas la causa Voloh, que exploró los vínculos entre el entorno de Puigdemont y Rusia.
El marco encaja con la investigación que dirige el magistrado Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional sobre una presunta trama —liderada por el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y coordinada por Díez— para «menoscabar» causas judiciales que afectaban al partido, al Gobierno y al entorno de Pedro Sánchez.
Un doble perjuicio profesional
El escrito articula el daño en dos tiempos. Primero, en mayo de 2021, siendo teniente coronel, Baena fue apartado de su puesto como responsable de Policía Judicial en Cataluña tras ser objeto de «presiones y campañas de descrédito».
La defensa recuerda que el instructor de la causa Voloh, el magistrado Joaquín Aguirre, llegó a denunciar que las investigaciones habían sido «entorpecidas» y objeto de «sabotaje».
El segundo golpe llegó en 2024. Tras ascender a coronel, Baena ejercía de facto como jefe interino de la Comandancia de Barcelona. Sin embargo, el 1 de julio de 2024 el entonces general jefe de Estado Mayor le comunicó por teléfono que la vacante «no le sería adjudicada» por «razones de carácter político», pese a no existir otros candidatos.
Cuando el 8 de octubre se publicó la resolución de vacantes de libre designación, la plaza de Coronel Jefe de la Comandancia de Barcelona no llegó a convocarse, lo que —argumenta la defensa— provocó su «exclusión efectiva» y le obligó a optar a un destino de rango funcionalmente inferior.
Esa concatenación configura, a juicio del letrado, «un perjuicio profesional directo, efectivo, individualizado y evaluable».
El archivo de la causa Voloh evitó que Puigdemont pudiera ser imputado por alta traición
La causa Voloh investigó durante casi diez años si el entorno de Carles Puigdemont —empezando por su jefe de gabinete, Josep Lluís Alay— tenía contactos con Rusia para financiar el exilio y el procés.
La investigación policial la llevaba el teniente coronel Daniel Baena, al frente de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Cataluña, bajo las órdenes del magistrado Joaquín Aguirre.
Baena fue apartado de ese puesto en 2021, algo que el PP llegó a llevar al Parlamento Europeo como sospechoso. Aguirre siguió adelante sin él, pero la Audiencia de Barcelona le fue tumbando las prórrogas de la instrucción por falta de pruebas, y cuando intentó esquivarlo abriendo una pieza nueva, el tribunal la anuló por «fraude de ley». El caso se archivó el 15 de enero de 2025.
El resultado: sobreseimiento, once investigados exculpados, y todas las piezas —incluidas las de la Audiencia Nacional y el Supremo— archivadas. Consecuencia final: Puigdemont nunca fue acusado de alta traición por sus supuestos vínculos con Rusia.
Qué solicita el coronel
La defensa pide al tribunal que reconozca a Baena la condición de perjudicado, lo tenga por personado como acusación particular y le dé traslado de las actuaciones, además de reclamar diligencias para «esclarecer la participación de la señora Leire Díez en los hechos descritos».
La personación se produce en plena efervescencia judicial del caso. El magistrado Pedraz mantiene viva la instrucción tras rechazar la nulidad solicitada por la defensa de Díez, e imputó a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y al director adjunto operativo, Manuel Llamas, que declararon el pasado 16 de julio por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.
