Los letrados Emilia Zaballos y Francisco Manuel Jiménez, del despacho Zaballos Abogados, presentarán mañana ante la Audiencia Nacional una denuncia colectiva por una presunta estafa piramidal contra Madeira Invest Club, ejecutada por el entorno de Cryptospain. En total, son aproximadamente 10 millones de euros y representan al grupo mayoritario.
La denuncia colectiva se interesa como causa secreta al objeto de que se averigüen todos los bienes vinculados con el entramado, testaferros, personas intermediarias y demás datos que sean necesarios para recuperar la inversión de los afectados.
Esta plataforma de inversión que operaba en España y que ofrecía servicios relacionados con las criptomonedas quedó inoperativa el pasado miércoles. Las páginas web quedaron bloqueadas y dejaron de contestar a los mensajes. Se prometían rentabilidades del 53% sin pagar impuestos.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) calificó en mayo de 2023 a Madeira Invest Club como un “chiringuito financiero”.
Esta sociedad “no está autorizada para realizar las actividades reservadas a las instituciones de inversión colectiva previstas en el apartado 1 del artículo 1 de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva”, publicó la CNMV.
Los abogados no paran de recibir solicitudes
Durante este fin de semana, han recibido más de 300 solicitudes de personas afectadas. Pero la cifra no para de subir.
«Y muchas más que van a entrar. Estamos ordenando toda la documentación de los afectados, ya superamos con crecer los criterios de millones de euros establecidos por la Audiencia Nacional (son 7) para admitir su competencia, también por el número de personas», han detallado desde el despacho.
Según comentan, esta presunta estafa ha sido cometida, en su mayoría, por personas de nacionalidad española.
Entre ellos, Álvaro Romillo, el que supuestamente se hacía llamar Luis y aparecía como asesor de inversiones, CryptoSpain, así como su padre y un asesor jurídico» «que habría ayudado a montar todo el entramado societario que se extiende entre España, Portugal y algún país más».
Poniendo datos sobre la mesa, desde Zaballos Abogados han explicado que sólo en España los afectados ya superan las 2.700 personas, de modo que estiman que la cifra alcanza los 600 millones de euros.
Según han detallado los abogados, los afectados ingresaban en un supuesto club financiero de inversores, algo que no era barato porque tenían que desembolsar 2.000 euros al año. «Este era el gancho para ofrecerle todo tipo de publicidad agresiva y marketing falso con el objeto de atraparlos en inversiones de una media de 100.000 euros«, detallan los letrados.
Los pagos por estas inversiones se hacían en transferencia bancaria, en criptomoneda e incluso depositando dinero en una caja fuerte que estaba en Madrid de la empresa Sentinelqb. Algunos de ellos consiguieron retirar el dinero, pero otros «quedaron atrapados en unas inversiones que no existían».
Embarcaciones y bienes de lujo
«El dinero de los últimos que iban entrando servía para aparentar una rentabilidad a los primeros que entraron en el sistema. La rentabilidad es que se prometían estaban en torno al 30%. Había mucha arbitrariedad a la hora de prometer las rentabilidades y de hacer los contratos porque a cada grupo se le ofrecían condiciones muy distintas».
Por otro lado, desde el despacho han explicado que los «cabecillas» sí que se han beneficiado de ello porque «se han hecho con un buen patrimonio» al tener embarcaciones a su nombre, bienes de lujo y otros activos de mucho valor. «Se rumorea que incluso la familia Romillo podría haberse marchado de España en un yate valorado en más de 23 millones de euros«.
Asimismo, hay que recordar que esta plataforma fue patrocinada por Alvise Pérez, líder del partido político “Se acabó la fiesta” el pasado 6 de abril en un acto en Madrid en plena precampaña para las elecciones europeas.
