El exconsejero delegado del BBVA, Ángel Cano Fernández, ha visto desestimado su recurso de reforma interpuesto ante el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional contra el auto del anterior titular, Manuel García Castellón, que ponía fin a la instrucción y daba pase a la fase intermedia del Procedimiento Abreviado para que Cano y otros implicados puedan ser acusados y juzgados por los hechos relacionados con la contratación del comisario de Policía, José Manuel Villarejo.
En su recurso, una contestación al auto citado de 20 de junio de 2024, Cano Fernández alegaba que los hechos atribuidos a su persona no eran delictivos y, en cualquier caso, deberían considerarse prescritos.
Cano también argumentaba que no tenía conocimiento de las actividades ilegales de Villarejo y su empresa CENYT, contratada por el banco para llevar a cabo tareas de espionaje.
La respuesta de la magistrada
La magistrada María Tardón, que es la titular del Juzgado Central de Instrucción 3 pero que, ante la vacante del Central de Instrucción 6 ha asumido su dirección, ha rechazado los argumentos del exdirectivo, subrayando que los indicios obtenidos durante la investigación son suficientemente sólidos para continuar con el procedimiento.
En particular, el auto de la magistrada menciona que existen pruebas que vinculan a Ángel Cano con la autorización de pagos a Villarejo, lo que demostraría que estaba al tanto de las actividades de espionaje encargadas a CENYT.
Uno de los puntos clave es la conexión entre Cano y el entonces director de seguridad del BBVA, Julio Corrochano Peña, quien reportaba directamente a Cano y habría gestionado la contratación de Villarejo para espiar a empresarios y competidores durante la operación de opa hostil de Sacyr sobre el banco en 2004.
Según el auto, los audios y documentos aportados muestran que Cano tuvo conocimiento de estas operaciones y que las facturas de CENYT pasaron directamente por sus manos.
Respecto al argumento de la prescripción, la magistrada ha sido clara al afirmar que el delito principal investigado, revelación de secretos, tiene un plazo de prescripción de 15 años, por lo que los hechos no habrían prescrito.
Además, concluye que la responsabilidad penal de Cano por su supuesta participación en los hechos debe ser dirimida en juicio oral.
Con esta resolución, la Audiencia Nacional ratifica la decisión de avanzar en el proceso penal contra Ángel Cano Fernández, quien, junto con otros altos cargos del BBVA, como Julio Corrochano y el expresidente Francisco González, enfrentan acusaciones por la contratación de Villarejo para llevar a cabo espionaje empresarial y otros delitos relacionados.
El caso BBVA-Villarejo, parte de la Pieza Separada 96/2017 del Caso Tándem, sigue siendo una de las investigaciones más complejas y de mayor alcance en el sistema judicial español, y promete nuevos desarrollos a medida que se acerca la fase de juicio.
