Paul Cohen es “barrister” en Londres y abogado en Nueva York. Pertenece a la “chambers” londinense de “barristers” 4‑5 Gray’s Inn Square.
Representa a los siete descendientes del sultán de Sulu, un caso que financia el fondo de financiación de litigios Therium.
Cohen es el autor de la demanda de arbitraje presentada contra España ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), del Banco Mundial en Nueva York, en nombre de sus clientes.
El abogado solicita, para ellos, 18.000 millones de dólares. Lo que ha hecho que la Abogacía del Estado española se haya tenido que poner las pilas para responder a dicha demanda de arbitraje.
La cantidad representa el valor del laudo dictado por el árbitro español, Gonzalo Stampa –y anulado– más los intereses acumulados.
La cifra final de dicho laudo sumó 14.925.853.986 de dólares. 14.925 millones de dólares por la condena, 3.502.394 de dólares en costas y 2.351.942 dólares por el arbitraje.
La demanda de arbitraje interpuesta por Cohen, caso de seguir su curso, supondrá que el CIADI entre a valorar el caso desde la raíz y la validez de nombramiento de Stampa y de todo este procedimiento arbitral. Sea como fuere, España no va a quedar bien.
La entrevista tuvo lugar ayer a través de Zoom. Cohen en Nueva York y el autor de esta entrevista, en Madrid.
Usted culpa al Ministerio de Asuntos Exteriores español de haber engañado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. ¿En qué se basa?
El Ministerio de Exteriores engañó al tribunal español sobre la notificación del laudo al estado soberano de Malasia.
Inicialmente, en 2018, cuando mis clientes solicitaron al Tribunal Superior de Justicia de Madrid la designación de un árbitro, el TSJM pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores su opinión sobre si Malasia gozaba de inmunidad soberana.
[La inmunidad soberana es un principio del derecho internacional que establece que un Estado o sus representantes no pueden ser sometidos a la jurisdicción de los tribunales de otro Estado sin su consentimiento]
El Ministerio respondió que Malasia no tenía inmunidad soberana debido a la existencia de una cláusula de arbitraje en el acuerdo de 1878, firmado entre el sultán de Sulu y la Compañía Británica del Norte de Borneo, en el que se pactó la renta por el territorio que después ha pasado a ser parte de Malasia.
Con base en esa opinión, el tribunal instruyó al Ministerio para que notificara a Malasia a través de su embajada en Madrid, lo cual fue documentado formalmente y aceptado por el tribunal como un procedimiento válido.
¿Respondió el estado de Malasia?
No, no lo hizo, por lo que el TSJM designó al árbitro Gonzalo Stampa en marzo de 2019. Este proceso transcurrió sin objeciones por parte de Malasia.
¿Qué pasó a continuación?
En 2021, cuando Stampa estaba a punto de emitir su laudo final, el tribunal solicitó nuevamente una opinión al Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el procedimiento de notificación.
Sorprendentemente, el Ministerio cambió su postura y, en menos de 24 horas, emitió una nueva opinión que contradijo lo que había sostenido anteriormente.
Aseguró que la comunicación con el gobierno malayo debía haberse efectuado a través de la embajada española en Kuala Lumpur, no mediante la embajada de Malasia en Madrid, como se había hecho inicialmente.
Esto terminó influyendo en el resultado. Este tipo de rapidez, hay que subrayarlo, no es común y, por supuesto, sugiere que hubo una presión externa.
¿Qué tipo de presión y por qué motivo?
Una fuente anónima nos informó que había una licitación en Malasia para un avión militar, y que uno de los postores era Airbus. Este avión se fabrica en Sevilla, en la antigua planta de Casa. Airbus había sido recientemente investigada por las autoridades británicas y estadounidenses por corrupción en varios países, incluido Malasia.
Por supuesto, hay otros intereses españoles en Malasia, especialmente todo lo relacionado con Repsol y el petróleo.
Esto me lleva a pensar que, si Malasia necesitaba algún tipo de favor o colaboración por parte de España o Airbus, lo más probable es que fuera en el contexto de esta licitación militar.
Y es aquí donde las cosas se vuelven interesantes: cuando necesitas un favor en una situación tan delicada, no puedes simplemente hacer negocios como siempre. Hay que recurrir a métodos menos convencionales, y eso es exactamente lo que parece haber sucedido.
«El gobierno malayo utilizó la descalificación judicial de Stampa y la confusión sobre el procedimiento de notificación como base para afirmar que no tuvieron una oportunidad justa de presentar su defensa. Malasia se apoyó en ese argumento para evitar el cumplimiento del laudo».
Entiendo su argumentación, pero me cuesta creer que los jueces españoles se hayan visto influenciados por el Ministerio de Asuntos Exteriores…
Como le he explicado, en 2018, nuestros abogados en España presentaron una solicitud para notificar a Malasia a través del Ministerio la existencia de este laudo.
En 2019, el Ministerio emitió una opinión legal afirmando que ese país no tenía inmunidad soberana debido a la existencia de una cláusula arbitral. Esto coincidió con el cambio de gobierno en España, cuando el PSOE sustituyó al Partido Popular.
El tribunal siguió esa recomendación y pidió al Ministerio que notificara a Malasia, lo cual se hizo a través de su embajada en Madrid.
Sin embargo, dos años después, el propio Ministerio cambió de opinión y dijo que esa notificación no había sido válida. Esto permitió a Malasia argumentar que no había sido notificada de manera correcta, lo que supuestamente le habría impedido defenderse adecuadamente. Le permitió alegar indefensión.
Este tipo de alegaciones de indefensión son comunes en casos internacionales de arbitraje cuando se cuestiona el proceso de notificación o la legitimidad del árbitro. Y aunque el fondo del caso no tiene nada que ver con la indefensión en sí, el relato que construyó Malasia se basó en esa supuesta falta de garantías procesales.
El gobierno malayo utilizó la descalificación judicial de Stampa y la confusión sobre el procedimiento de notificación como base para afirmar que no tuvieron una oportunidad justa de presentar su defensa. Malasia se apoyó en ese argumento para evitar el cumplimiento del laudo.
Uno de los principales expertos en derecho internacional de España, el profesor Miguel Gómez Jene, concluye en su tratado Arbitraje Comercial Internacional que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no se ajusta de forma lógica a los tratados y la legislación aplicables.
Por lo tanto, según usted, el árbitro español, Gonzalo Stampa, que fue condenado en primera y en segunda instancia por desobediencia en jurisdicción penal, jugó un papel secundario en todo esto…
Exacto. Stampa no tuvo ninguna responsabilidad en cómo se hizo la comunicación a Malasia. El árbitro español hizo todo lo que tenía que hacer, de forma muy profesional.
¿Y por qué Stampa decidió marcharse a París?
Stampa tomó la decisión de trasladar el arbitraje a París debido a las crecientes complicaciones en España. La situación se volvió insostenible cuando comenzó a recibir advertencias legales de abogados en España y Malasia, en las que le amenazaban con acciones judiciales si continuaba con el proceso arbitral.
Para ponerlo en contexto, después de que el Ministerio de Asuntos Exteriores español cambiara su postura y alegara que había servido incorrectamente a Malasia, Stampa fue acusado de manera formal.
Esto creó un ambiente muy hostil hacia él, tanto en los tribunales como en la prensa española. Incluso, recibió advertencias directas desde Francia, donde los abogados malayos le informaron que, si seguía adelante con el arbitraje, podría enfrentarse a consecuencias legales, incluyendo la posibilidad de ser procesado.
En ese momento, Stampa ya estaba bajo una enorme presión. A pesar de todo, él consideraba que tenía una obligación procesal como árbitro de completar el arbitraje de manera imparcial.
Era la única manera de garantizar que el proceso pudiera concluir sin que las complicaciones en España lo detuvieran.
Ustedes, además de este frente que han abierto en Nueva York, tienen otro frente en Madrid. La querella contra el letrado de la Administración de Justicia de este caso, que hizo las comunicaciones a Stampa…
El letrado de la Administración de Justicia fue más allá al emitir una orden directa de que cesara toda actividad, excediéndose de sus competencias. El juez penal que condenó a Stampa a seis meses de cárcel afirmó que la orden desobedecida no fue del TSJM, sino del letrado judicial, lo que subraya la relevancia de su papel en este caso. De ahí la importancia de aclarar esto.
¿Cuál es el papel de Therium en este caso, el fondo que financia el litigio?
Therium no tiene ninguna influencia directa en la estrategia legal. Su rol es meramente el de un financiador pasivo. Este tipo de fondos son bastante cuidadosos en mantener su distancia de la estrategia legal, porque en muchos países, particularmente en jurisdicciones anglosajonas, hay leyes que limitan el papel de los financiadores de litigios para evitar que influyan en los resultados judiciales.
En este caso, Therium se limita a financiar a los abogados, quienes son los que toman todas las decisiones estratégicas.
Si los demandantes ganan o alcanzan un acuerdo, Therium recibe una parte de esa compensación como retorno de su inversión. Si pierden, Therium asume la pérdida.
¿Qué buscan sus clientes con esta demanda contra España en el CIADI?
El objetivo principal es hacer cumplir el laudo arbitral que obtuvimos en París. La condena en España a Stampa no afecta directamente la legitimidad del laudo de París, favorable a los herederos del sultán de Sulu, pero sí complica su ejecución en otras jurisdicciones.
España es un miembro importante de la UE, por lo que, si intentamos ejecutar el laudo en otro país, lo primero que dirán es: «Espere, ¿no fue procesado y condenado el árbitro en España?».
Ese es el argumento que Malasia está usando para evitar que el laudo se ejecute. Por ejemplo, en los Países Bajos, uno de los principales motivos por los que se negaron a ejecutar el laudo fue precisamente porque consideraron que el árbitro había sido descalificado en España.
Esto crea una narrativa que favorece a Malasia, y ellos han sabido aprovecharla.
Todo esto es un auténtico lío. ¿Qué pasaría si España se negara a cumplir con un laudo del CIADI, una vez que este organismo admitiera el arbitraje? ¿Qué consecuencias tendría?
Esa es una buena pregunta. No estoy seguro de cuál sería el resultado exacto, pero sin duda sería una situación muy fea.
España, por lo general, ha sido un buen ciudadano global y ha cumplido con sus obligaciones internacionales. De hecho, una de las razones por las que recomendé inicialmente que presentáramos el caso en España fue precisamente porque confiaba en el sistema judicial español y su reputación en el arbitraje internacional.
España tiene una de las comunidades de arbitraje más respetadas del mundo, y no pensé que algo así pudiera suceder.
Sin embargo, el problema que estamos viendo es que España, al igual que en los casos de energía renovable, se está pegando un tiro en el pie.
Está dañando su reputación al negarse a cumplir con algunos laudos arbitrales, y eso podría tener consecuencias a largo plazo.
Si el CIADI emite un laudo contra España y el país se niega a cumplirlo, eso podría afectar gravemente su posición en la comunidad internacional de arbitraje.
¿Qué mensaje quieren ustedes enviar al gobierno español con esta demanda multimillonaria?
El mensaje es claro: España debe respetar el estado de derecho y no permitir que su sistema judicial se vea influenciado por interferencias políticas.
Lo que ocurrió en 2021, con la intervención del Ministerio de Asuntos Exteriores fue un error grave, y los fiscales españoles han agravado ese error al perseguir judicialmente a Stampa.
La demanda en el CIADI tiene como objetivo resaltar las consecuencias de esa interferencia.
¿Cree que el partido está ya está decidido, o todavía quedan minutos por jugar?
No, esto está lejos de terminar. De hecho, no lo veo como un partido de fútbol, sino más bien como un torneo.
Ya hemos jugado varias rondas. Nosotros ganamos el primer laudo en París, luego Malasia ganó el segundo al lograr que se descalificara a Stampa.
Ahora estamos en una nueva fase contra España. España es un rival fuerte, pero creo que aún hay margen para que podamos ganar.
No quisiera que este caso se decida en los penalties, por así decirlo, pero estamos preparados para hacer lo que sea necesario para asegurar que se haga justicia.
Más allá del dinero –que es importante–, de lo que aquí se trata es de principios.
Mis clientes, los herederos de Sulu, fueron privados de sus derechos y de su territorio hace más de un siglo.
Una disputa que tiene sus raíces en la época colonial, y aunque no podemos revertir la historia, sí podemos buscar una compensación justa.
