Los herederos del Sultán de Sulu reclaman a España 18.000 millones de dólares por impedir la ejecución del laudo arbitral de Stampa
El CIADI es una institución que forma parte del Grupo del Banco Mundial. Tiene su sede en Nueva York. La cantidad que reclaman es similar a la que el arbitro español Gonzalo Stampa les concedió en su laudo arbitral. Foto: CIADI.

Los herederos del Sultán de Sulu reclaman a España 18.000 millones de dólares por impedir la ejecución del laudo arbitral de Stampa

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10/9/2024 11:16
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Actualizado: 11/9/2024 18:29
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España se encuentra de nuevo en el centro de la disputa en el caso del Sultán de Sulu con una nueva reclamación multimillonaria de 18.000 millones de dólares presentada por los supuestos herederos de dicho sultán ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que tiene su base en Nueva York.

En esta nueva demanda acusan a España de bloquear sus esfuerzos para hacer ejecutar el laudo arbitral de 14.900 millones de dólares contra Malasia que dictó el árbitro español Gonzalo Stampa.

Dicho laudo fue dictado a raíz de un conflicto territorial relacionado con una porción de tierra en la costa norte de Borneo.

La cantidad reclamada a España se asemeja a la concedida por Stampa en su laudo arbitral: 14.920 millones de dólares de condena más 3.502.394 dólares en costas, lo que suman 14.923.502.394 millones de dólares.

El árbitro estableció en dicho laudo 2.351.592 dolares por su arbitraje.

La cifra final serían 14.925.853.986 millones de dólares.

El abogado de los demandantes, Paul Cohen, es miembro de la “chambers” inglesa, 4-5 Gray’s Inn Square. Junto a Elizabeth Mason, del mismo bufete, asesora a los demandantes a escala mundial en su litigio con Malasia, con el apoyo del Therium, el fondo británico de financiación de litigios.

Interpuso la solicitud de arbitraje contra España en agosto ante el CIADI. Lo que tendrá que responder nuestro país.

Esta institución forma parte del Grupo del Banco Mundial. Su función es la de arbitrar una solución a las disputas entre gobiernos por una parte y nacionales (inversores, empresas, incluyendo empresas multinacionales) de otros Estados.

ESPAÑA INTERFIRIÓ EN EL PROCESO ARBITRAL, SEGÚN LOS DEMANDANTES

Los demandantes sostienen que España interfirió en el proceso arbitral al anular el nombramiento de Gonzalo Stampa como árbitro, debido a problemas con la notificación del proceso a Malasia.

A pesar de esta anulación, Stampa continuó ejerciendo como árbitro en la disputa y emitió un laudo en París a favor de los herederos, lo que llevó a su posterior condena por desobediencia.

En la solicitud de arbitraje ante el CIADI se acusa a España de frustrar con su intervención los esfuerzos de los supuestos herederos para ejecutar el laudo, criminalizando las acciones de Stampa como árbitro. Según esta reclamación, de no haber sido por esta interferencia interesada de España, los herederos habrían podido ejecutar su laudo.

Como informábamos hace escasamente un par de días en Confilegal, el caso ha adquirido mayor relevancia tras la decisión del Tribunal Supremo de los Países Bajos del pasado viernes de rechazar la ejecución del laudo arbitral de Gonzalo Stampa.

En una breve orden, dicho tribunal confirmó que el laudo no puede ser ejecutado debido a la anulación del nombramiento de Stampa por parte de los tribunales españoles.

Este fallo representa una victoria para el gobierno malasio en el cada vez más complejo y mediático litigio, que tiene sus raíces en un acuerdo territorial de 1878 sobre una región rica en recursos naturales, incluidos petróleo y gas, en lo que hoy es Sabah, Malasia.

El caso también se ha complicado para Gonzalo Stampa, quien hace algunos meses perdió su apelación contra la condena impuesta por los tribunales españoles.

La Audiencia Provincial de Madrid confirmó la condena de Stampa de un seis meses de cárcel por desobediencia, en un proceso penal impulsado tanto por la Fiscalía española como por el gobierno malasio, además de impedirle actuar como árbitro durante un año.

Por el contrario, los demandantes filipinos sostienen que la anulación del nombramiento de Stampa en 2021 fue resultado de la presión política ejercida por Malasia sobre España y que el Ministerio de Asuntos Exteriores español cedió ante los intereses económicos de mantener relaciones comerciales con el país asiático.

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