«El 17 de mayo de 2024, el Tribunal de Apelación de Madrid ha notificado su decisión de confirmar la sentencia del Tribunal Penal de Madrid del 22 de diciembre de 2023, que declaró a Gonzalo Stampa culpable de desacato al tribunal», afirma Azalina Othman Said, ministra en el Departamento del Primer Ministro, responsable de Derecho y Reforma Institucional en el Gobierno de Malasia, que es acusación particular en esta causa.
El desacato es la versión anglosajona del delito de desobediencia grave a la autoridad del Código Penal español.
El comunicado tiene fecha de hoy.
Gonzalo Stampa, quien actuó de árbitro en la demanda por 14.920 millones de dólares interpuesta por los herederos del Sultanato de Sulu contra el Estado de Malasia y que falló a favor de los primeros, fue condenado el pasado mes de diciembre a 6 meses de prisión por el magistrado Eduardo Muñoz de Baena Simón, del Juzgado de lo Penal 31 de Madrid.
El árbitro no cumplió con la orden de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de abandonar dicho arbitraje.
La Audiencia Provincial de Madrid, ante la que apeló la representación legal de Stampa, todavía no ha hecho pública la sentencia en España.
«En su fallo», relata la ministra Said, «el Tribunal de Apelación de Madrid confirma que el señor Stampa desobedeció consciente y deliberadamente las claras resoluciones y órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, derivadas de la anulación de su nombramiento como árbitro. El Tribunal de Apelación de Madrid ha desestimado la apelación del señor Stampa contra la sentencia del 22 de diciembre de 2023 emitida por el Tribunal Penal de Madrid, y confirma la sentencia de 6 meses de prisión y la prohibición de ejercer como árbitro durante un año para el señor Stampa», añade.
El tribunal de apelación, de acuerdo con la ministra malaya, «ha confirmado que el señor Stampa tenía la obligación de cumplir con los fallos y órdenes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, independientemente de su opinión sobre ellos o de cualquier desarrollo en el supuesto arbitraje que continuó presidiendo ilegalmente, incluso después de la anulación con efectos retroactivos de su nombramiento y del laudo parcial sobre jurisdicción que había emitido».
Y añade: «Malasia acoge con satisfacción este fallo histórico como una victoria trascendental para el estado de derecho que ayudará a preservar la santidad del arbitraje internacional como una forma alternativa de resolución de disputas. Confirma, una vez más, que el fraude de Sulu fue posible gracias al comportamiento delictivo de un árbitro deshonesto. Por lo tanto, Malasia también confía en que esta victoria servirá como un mayor disuasivo para las acciones ominosas llevadas a cabo por los perpetradores del fraude de Sulu».
La ministra de Malasia termina con un párrafo dando jabón a su jefe, el primer ministro YAB Dato’ Seri Anwar Ibrahim, y a su colega del Ministerio de Asuntos Exteriores y a su personal, a la Fiscalía General, a la División de Asuntos Legales, a la llamada Secretaría Especial de la Sala de Guerra de Sulu, a sus colegas del gabinete y a los malayos en general.
LA CONDENA PLANTEA PROBLEMAS SIGNIFICATIVOS PARA EL ARBITRAJE ESPAÑOL
De acuerdo con Josep Gálvez, abogado, «barrister», y experto en el campo del arbitraje, «La condena del árbitro Gonzalo Stampa por la Audiencia Provincial plantea una serie de problemas significativos para el arbitraje en España, especialmente para Madrid, si quiere postularse como una sede de arbitrajes internacionales. Y es que a los problemas que venía arrastrando por las anulaciones de laudos, ahora se suma este caso, dejando en evidencia las vulnerabilidades del sistema arbitral español frente a determinadas estrategias y tácticas para hacer volar el proceso arbitral por los aires».
Según Gálvez, «La ratificación de la condena de Stampa por desobediencia supone una preocupante judicialización del proceso arbitral e incluso la posible criminalización del ejercicio arbitral, lo cual puede desalentar a futuros árbitros y afectar negativamente la percepción de España como una jurisdicción confiable para la resolución de disputas internacionales».
Y concluye: «Sin duda, el impacto de este caso en la reputación de Madrid como una sede de arbitrajes internacionales es considerable ya que no sólo ponen en peligro la eficacia del arbitraje, sino que también dañan la confianza de las partes en el sistema arbitral español, además de la posibilidad de que un árbitro sea perseguido penalmente crea un entorno de incertidumbre e incluso de miedo a represalias por tomar decisiones que es, en definitiva, para lo que se les paga».
